Este jueves, a escasas horas de la sesión convocada para votar cinco iniciativas que el gobierno del presidente ultraderechista Javier Milei rechaza, diez gobernadores del radicalismo y el PRO ordenaron a sus senadores que no voten los proyectos para aumentar las jubilaciones, restituir la moratoria previsional y declarar la emergencia en discapacidad. Se trata de los tres proyectos que ya cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados y podrían convertirse en ley, si se consiguen los números para el quorum y para la aprobación.

Luego de ser acusados por Milei de intentar “destruir” al gobierno nacional, los mandatarios del desaparecido Juntos por el Cambio retrocedieron y le quitaron apoyo a los proyectos que ya habían respaldado en la Cámara de Diputados.

Según informó el portal LPO, esa decisión la tomaron en una reunión por zoom en la que participaron Jorge Macri (CABA), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Carlos Sadir (Jujuy) y Leandro Zdero (Chaco).

Allí se acordó que los senadores que les responden sólo votarán los proyectos que acordaron todos los gobernadores para que Nación reparta los aportes del tesoro nacional (ATN) y lo que recauda por el impuesto a los combustibles líquidos (ICL). Según los gobernadores, esas medidas, no tienen costo fiscal.

En cambio, los senadores del PRO, la UCR y afines no apoyarán el proyecto de suba del 7 por ciento para los jubilados, el incremento de 50 mil pesos para el bono que ya cobran los que perciben la mínima, la restitución de la moratoria y la declaración de la emergencia en Discapacidad.

Según publicó La Política Online, los gobernadores “dialoguistas” dicen que esos proyectos tienen un costo fiscal de entre 2 y 2,5 puntos del PBI, por lo que no quieren ser acusados de “degenerados fiscales”. Curiosa lectura que considera que hay irresponsabilidad fiscal al momento de recomponer los haberes del 90% de los jubilados nacionales y mejorar la situación de las personas con discapacidad, pero, al mismo tiempo, sostiene que no hay costo fiscal del reparto que beneficia directamente a las arcas provinciales.

Con este panorama, el peronismo la tendrá difícil para aprobar los proyectos de Diputados porque la vicepresidente Victoria Villarruel no reconoce los dictámenes aprobados la semana pasada y buscará trabar la sesión con una discusión reglamentaria. Si bien los bloques peronistas y algunos senadores radicales como Martín Lousteau juntarían los votos para aprobar los proyectos, no está claro que puedan sortear la discusión reglamentaria y los textos podrían volver a las comisiones.

Así, en el peronismo no están demasiado entusiasmados con darle los dos tercios a los gobernadores para votar el reparto de ATN e impuesto a los combustibles, sobre todo por la sospecha de una negociación con la Rosada, para bajar los otros tres proyectos, que ya tienen media sanción.

La emergencia en discapacidad tendría un costo fiscal de entre el 0,22% y 0,42% del PBI

El costo fiscal de los proyectos que los gobernadores aliados al gobierno no quieren apoyar

Vale remarcar que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) elaboró un informe sobre el costo fiscal del proyecto de emergencia en discapacidad, estableciendo que rondaría entre el 0,22% y el 0,42% del PBI (Producto Bruto Interno)

En tanto, según otro informe de la OPC sobre el costo fiscal de la iniciativa que establece una “prórroga por dos años del régimen de regularización previsional previsto en la ley 27.805, tiene un costo estimado del 0,084% del PBI para el primer año y del 0,081% para el segundo, totalizando un costo fiscal acumulado de 0,165% del PBI.”

En tanto, “según información disponible y considerando que muchos beneficiarios potenciales de la PUAM (Pensión Universal del Adulto Mayor) elegirían el beneficio contributivo se calculó que existirían 441.226 nuevos beneficiarios que ingresarían aproximadamente la mitad el primer año y el resto al segundo año”, sostiene el informe de la OPC.

“Si el valor del bono que refuerza los haberes mínimos subiera de $70.000 por mes a $105.000 a partir de junio, el costo fiscal sería de $1.164.172 millones (0,14% del PIB), con un costo anualizado de $1.992.853 millones (0,23% del PIB). En caso que el beneficio subiera a $115.000 el impacto llegaría a $1.500.961 millones (0,17% del PIB), con un costo anualizado de $2.567.477 millones (0,30% del PIB).

Esto significa que el costo fiscal de los tres proyectos en el primer año, sería del 0,804% de acuerdo con la OPC. Es decir, tres veces menos que lo que los gobernadores aliados a Milei sostienen que sería el costo fiscal de esos proyectos que ya cuentan con media sanción.