El proyecto para declarar la emergencia en discapacidad en todo el país, que podría sancionarse este jueves si es que se consigue el quorum en la sesión convocada por la oposición en el Senado, tiene un costo fiscal que oscila entre el 0,22% y el 0,42% del Producto Bruto Interno (PBI) Así lo informó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) a través de un informe sobre el impacto fiscal de la iniciativa que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados

De acuerdo con la OPC, la emergencia en discapacidad “busca asegurar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de jerarquía constitucional, a través de una serie de medidas de alcance normativo, institucional y presupuestario y en el marco de una emergencia dispuesta hasta fin del 2027.”

“Entre otras condiciones con impacto económico inmediato, el proyecto propone una modificación de las condiciones para acceder al beneficio y sostenerlo y el incremento de aranceles a prestadores. Podría aumentar el número de beneficiarios por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios. Esto implicaría un refuerzo fiscal de entre $ 1.889.371 – 3.627.495 millones de pesos. Este gasto es equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI”, precisó la OPC.

En tanto, la “compensación de emergencia a prestadores”, tendría un costo de $278.323 millones; y por su parte, la “asignación para talleres de producción”, costaría $7.160 millones.

“No es posible realizar otras estimaciones de medidas con impacto fiscal debido a la falta de información suficiente para realizar un cálculo fundado y preciso”, aclararon desde la OPC en el informe.

Este jueves, desde las 14, el Senado buscará sesionar para tratar 5 proyectos de ley que rechaza el Ejecutivo. Tres iniciativas ya cuentan con media sanción en Diputados, por lo que podrían convertirse en ley. Estas son el aumento a las jubilaciones, nueva moratoria previsional y emergencia en discapacidad.

De acuerdo con el portal Chequeado, también se tratarán 2 proyectos de ley presentados por los gobernadores relacionados con los fondos que la Nación le transfiere a las provincias. Más precisamente, las iniciativas que ya tienen un dictamen de comisión firmado por una mayoría importante, proponen repartir automáticamente los fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos y de los Aportes del Tesoro Nacional, que el Ejecutivo nacional está reteniendo ilegalmente.

Cabe recordar que el ICL está destinado a la refacción, mantenimiento e inversión en la red vial nacional.

En la víspera de la sesión, el presidente ultraderechista Javier Milei denunció que todos los gobernadores buscan “destruir” al gobierno. Y argumentó con números carentes de una base de cálculos precisa, sobre el costo fiscal de las medidas que apuntan a recomponer las arcas de las provincias, que son las que están haciendo el ajuste que Milei impone para lograr el supuesto superávit fiscal.