Este martes, después del áspero debate por la emergencia en el Hospital Garrahan, el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Educación pasó a la firma, el despacho de los proyectos de financiamiento universitario. Ese dictamen reunió 49 firmas provenientes de los espacios que impulsaron los textos que también, acompañaron el emplazamiento en el recinto la semana pasada.

El dato de la cantidad de firmas de logró el dictamen de mayoría, es de alto voltaje político para la Casa Rosada: lo rubricaron 34 integrantes de Unión por la Patria; 4 de Encuentro Federal; 6 de Democracia para Siempre; 2 de la Coalición Cívica; y 3 de Innovación Federal que conduce la salteña Pamela Calletti y e integran los misioneros Carlos Fernández y Yamila Ruíz.

Hasta el año pasado y buena parte de este 2025, los diputados de la Renovación venían acompañando al Gobierno Nacional en temas sensibles para el presidente liberticida Javier Milei, como el caso $Libra. Pero con el reclamo desoído por Nación sobre los fondos del Impuesto a los Combustibles Líquidos y de los Aportes del Tesoro Nacional, los gobernadores avanzan con su propia agenda y el misionero Hugo Passalacqua se sumó al bloque que exige que se repartan los recursos que pertenecen a las provincias y que la Rosada se queda para maquillar un superávit fiscal.

En el plenario de comisiones de ayer, el Frente de Izquierda presentó un dictamen de minoría avalado por las rúbricas de Christian Castillo y Vilma Ripoll. Mientras que La Libertad Avanza, el Pro, Liga del Interior, el monobloque tucumano Creo, la bancada sanjuanina de Producción y Trabajo, el MID y el radicalismo no acompañaron los despachos.

El plenario estuvo dirigido por Alejandro Finocchiaro en su rol de presidente de la Comisión de Educación. Por su parte, José Luis Espert, responsable de Presupuesto y Hacienda, estuvo unos minutos al inicio, pero se retiró prematuramente, en medio de las críticas de diversos sectores por impedir que se reúna y trabaje la comisión a su cargo. El “lilito” Maximiliano Ferraro se lo enrostró en el plenario: “ni siquiera se queda a las reuniones que emplaza el pleno de la Cámara de Diputados”.

En la previa de la reunión, rectores universitarios, organizaciones estudiantiles, docentes y trabajadores no docentes acercaron documentos firmados por la comunidad exigiendo el avance del proyecto de ley.

A finales de junio, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advirtió que en términos reales (descontada la inflación), el presupuesto para 2025 del Programa de Desarrollo de la Educación Superiores es un 9% inferior al del año pasado y acumula una caída del 32% desde 2023. “Este recorte compromete el funcionamiento de las universidades y limita su capacidad para garantizar el acceso a una educación superior gratuita y de calidad”, afirmaron desde la ACIJ.

Además, la inversión por estudiante es la más baja desde 2005: $2,1 millones en 2025 cuando en promedio entre 2010 y 2023 se gastaba $4 millones. Ajustada por inflación, esta cifra es 53% menor que la registrada hace una década. “Las universidades públicas cumplen un rol estratégico en la producción de conocimiento, la formación de profesionales y la reducción de desigualdades. La caída sostenida de su presupuesto compromete estas funciones y refleja un cambio en las prioridades del Estado, con consecuencias para el desarrollo educativo y científico”, añaden dieron desde ACIJ.

Como sea ninguno de estos datos parecen modificar las posturas de los diputados ultraderechistas de Misiones, es decir, el radical “con peluca” Martín Arjol (del bloque de La Liga del Interior), el bullrichista Emmanuel Bianchetti (PRO) y la puertista liberticida Florencia Klipauka (LLA). De hecho, las firmas contrarias al proyecto anticipan que, al momento de votarse el proyecto en el recinto, estos tres diputados alineados a Milei, van a votar en contra. Y, en consecuencia, aportarán su voto para blindar un posterior y casi seguro veto presidencial.

Ya lo hicieron en octubre del 2024, cuando los 87 “héroes” de Milei, blindaron el veto contra la ley de financiamiento universitario. Paradojalmente, Arjol es docente de la Universidad Nacional de Misiones: figura como JTP en una cátedra de la Facultad de Ciencias Económicas. Su acompañamiento a este veto de Milei, desembocó en que  estudiantes de la Agrupación Sumar, exigieran al Consejo Directivo de la FCE, la expulsión del docente y diputado liberticida.