Política

Uno por uno, todos los organismos que cerró el Gobierno por decreto

Este martes el Ejecutivo emitió una serie de decretos en los que se establecen transformaciones en organismos claves de Salud, agrotecnología y en materia económica.

Martes, 8 de julio de 2025 - 16:39 hs.
Uno por uno, todos los organismos que cerró el Gobierno por decreto

El Gobierno Nacional oficializó este martes una catarata de desregulaciones, que incluyen disoluciones y transformación de diversas entidades públicas, tal como se había anticipado en distintos anuncios previos.

Las medidas se formalizaron en el Boletín Oficial mediante los decretos 458/2025, 459/2025, 460/2025, 461/2025, y 462/2025. Las normativas se implementaron en el marco de la Ley N° 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la cual habilitó facultades delegadas al Ejecutivo hasta este martes 8 de julio.

Las medidas se corresponden con las políticas impulsadas por la administración de Javier Milei para la "reducción del sobredimensionamiento de la estructura estatal" y "mejora del funcionamiento del Estado Nacional", tal como se reflejó en la Ley Bases.

En la misma línea, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, publicará el miércoles los últimos decretos delegados pendientes para después concentrarse en los proyectos por venir tras el recambio legislativo de octubre.

Así, este martes se aprobaron una serie de disoluciones y reestructuraciones de organismos públicos que incluye a entidades como Vialidad Nacional, el INTA, el INTI, distintos fondos fiduciarios, y más. Uno por uno, todos los cambios.

Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET)

Se dispone la disolución del INMET, un organismo desconcentrado dependiente de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Doctor Carlos G. Malbrán".

El Ministerio de Salud informó que el INMET no llevó a cabo "acciones concretas en prevención, control ni tratamiento de enfermedades tropicales y subtropicales", limitándose a tareas de capacitación e investigación básica con poca influencia en políticas públicas o impacto clínico/sanitario.

Además, aseguraron que el instituto no formó parte activa de las redes de laboratorios de ANLIS, y que otras entidades como el Instituto Nacional de Parasitología "Dr. Mario Fatala Chaben" y el Instituto Nacional de Enfermedades virales Humanas "Dr. Julio Maiztegui" ya desarrollan funciones superpuestas en estas áreas.

En cuanto a los compromisos y obligaciones del INMET serán asumidos por la ANLIS, que continuará realizando sus funciones y objetivos.

Reestructuración en Salud

Se disuelve el Instituto Nacional de Prevención, Diagnóstico, Tratamiento e Investigación de Enfermedades Cardiovasculares, que, aunque creado por ley (Ley N° 27.177), nunca tuvo asignación presupuestaria ni personal contratado. Es decir, según argumenta el Ejecutivo, nunca fue puesto en funcionamiento. Sus funciones ya eran cumplimentadas por la Subsecretaría de Planificación y Programación Sanitaria del Ministerio de Salud.

Además, el Instituto Nacional del Cáncer se transforma en una unidad organizativa a incorporarse a la estructura del Ministerio de Salud. Sus registros continuarán operativos bajo el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). La cartera asumirá también la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 27.674 (Régimen de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer).  

Se dispone también (Decreto 459/2025) la fusión de cinco entidades de salud descentralizadas: el Hospital Nacional "Doctor Baldomero Sommer", el Hospital Nacional "Profesor Alejandro Posadas", el Hospital Nacional y Comunidad "Dr. Ramón Carrillo", el Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sur "Doctor Juan Otimino Tesone" y el Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones "Licenciada Laura Bonaparte" en una nueva entidad denominada Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES).

Esta fusión busca "optimizar el uso de recursos, reducir costos administrativos y mejorar la gestión sanitaria, centralizando la ejecución presupuestaria, administración de recursos humanos y gestión administrativa".

Se aclara también que la creación de la ANES no implica la supresión de los hospitales, que conservarán su identidad y especialización bajo una "administración común más eficiente".

Salud Pública y Delegaciones Sanitarias (Decreto 460/2025):

Se deja sin efecto la facultad del Poder Ejecutivo Nacional de constituir "Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad" (SAMIC), prevista en la Ley N° 17.102.

Según se argumenta, la experiencia demostró "problemas de eficacia y sostenibilidad financiera", con acumulación de deudas por parte de provincias que el Estado Nacional debía afrontar.

Por otra parte, se disuelven las Delegaciones Sanitarias Federales del Ministerio de Salud. Aseguran que estas delegaciones dejaron de cumplir su finalidad, no funcionando actualmente en ninguna jurisdicción provincial ni en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Transporte y Seguridad Vial

Mediante el Decreto 461/2025, se disuelve a la Dirección Nacional de Vialidad, conforme a lo anunciado el lunes por el vocero presidencial Manuel Adorni.

"Sus actividades y estructura compleja no se ajustan a las necesidades actuales, mostrando falta de agilidad y altos costos operativos". Las funciones esenciales serán reasignadas a unidades organizativas del Ministerio de Economía, lo que se espera reduzca el gasto público.

Comisión Nacional de Tránsito y la Seguridad Vial:

Se disuelve para reducir la estructura organizativa de la Administración Pública Nacional, asignando sus funciones esenciales a la Subsecretaría de Transporte Automotor del Ministerio de Economía.

Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV):

Se disuelve y sus competencias se transfieren a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, con la excepción del control de rutas nacionales, que estará a cargo exclusivamente de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA). Esta medida busca "eficiencia administrativa y racionalización del gasto público".

Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT):

Se reorganiza y pasa a denominarse "Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte". Mantendrá su carácter de ente regulador y autárquico, asumiendo nuevas competencias de fiscalización y control de concesiones viales que antes tenía la DNV. También se le asigna la facultad de intervenir en accidentes ferroviarios.

Junta de Seguridad en el Transporte:

Se reorganiza y pasa a denominarse "Agencia de Investigaciones de Accidentes e Incidentes de Aviación". Sus funciones se circunscribirán a la investigación de accidentes e incidentes aeronáuticos de aviación civil, transfiriendo la competencia de accidentes ferroviarios a la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.

Economía, Industria, Agricultura y Propiedad Industrial

Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME):

Se disuelve este organismo descentralizado. Se argumenta una sobredimensión jerárquica y funcional desproporcionada a su personal (7 agentes) y una falta de implementación efectiva de sus criterios de fomento. Sus competencias esenciales se reasignan al Ministerio de Economía (Secretarías de Industria y Comercio, y de Agricultura, Ganadería y Pesca) y a la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI):

 Se disuelve debido a la "utilización discrecional de recursos públicos", una distribución de personal "no basada en necesidades y falta de control sobre la ejecución de fondos".

Se derogaron varias unidades creadas por la Ley N° 27.118 (como el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas y el Banco de Tierras), pero se mantiene la vigencia del Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Instituto Nacional de Semillas (INASE) y Comisión Nacional de Semillas:

Se disuelven ambos organismos. Se observaron, según precisan, "deficiencias sustantivas en el cumplimiento de funciones del INASE" y una fragmentación funcional en la política agrícola nacional.

Sus competencias esenciales se transfieren a la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, que se convierte en la autoridad de aplicación de la Ley N° 20.247. Se crea un Comité Asesor de Semillas de carácter honorario en dicha Secretaría.

Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV):

En este caso se transforma en una unidad organizativa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía. El INV mantendrá su denominación para preservar su reconocimiento internacional, pero sus funciones se concentrarán en la fiscalización de la genuinidad de los productos vitivinícolas en el tramo final de la cadena, eliminando controles redundantes.

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI):

Se transforma en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. Se argumenta un crecimiento de personal "sin correspondencia con los servicios, actividades que no responden a necesidades prioritarias del sector, y una estructura sobredimensionada".

Los ingresos por tasas y patentes del INTI constituirán recursos del Tesoro Nacional.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA):

Se transforma de organismo autárquico a organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía. "Se observó un notorio sobredimensionamiento de su estructura (932 cargos jerárquicos) y deficiencias en el control interno y procesos administrativos", indica el Ejecutivo.

La transformación busca una modernización institucional y una mayor coordinación. Su conducción estará a cargo de un presidente con rango de Secretario y un Consejo Técnico ad honorem.

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI):

 Se transforma de organismo descentralizado a organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.

Se busca mantener sus funciones sustantivas (registro, administración y vigilancia de derechos de propiedad industrial) garantizando su independencia técnica, mientras se eliminan competencias innecesarias o incompatibles con un organismo desconcentrado. Además, se crea la Administración Nacional de Patentes dentro del INPI.

Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR):

Se disuelve. Una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) señaló la baja aplicación de recursos para préstamos provinciales y pérdidas significativas por exposición a la inflación de los fondos disponibles.

Además, operaba con una "estructura de personal permanente y temporario, incumpliendo la Ley N° 11.672". El Ministerio de Economía será el continuador de los contratos y convenios del FFFIR.

Fideicomiso Financiero y de Administración para el "Fondo Nacional de Manejo del Fuego":

También se disuelve. La auditoría de SIGEN, según sostienen, reveló irregularidades como contratación de personal sin cumplimiento de entregables, demoras en contrataciones, falta de respaldo documental, y dificultades para determinar montos ingresados.

La contribución obligatoria del 3% de las primas de seguros para este fondo ahora será recaudada por el Ministerio de Seguridad Nacional, dado que el Sistema Federal de Manejo del Fuego continúa vigente.

Fideicomiso "Fondo Nacional de Desarrollo Productivo" (FONDEP):

Se disuelve. La auditoría de SIGEN observó, según reportan, que los estados contables al 31 de diciembre de 2023 no estaban disponibles y se detectaron debilidades en el sistema de monitoreo y en el otorgamiento/gestión de créditos.

Fuente: Cronista