La empresa Segen SRL, que pertenecería al empresario Oscar Báez, cobró más de $509 millones a través de dos decretos firmados el pasado 3 de abril y dados a conocer en el Boletín Oficial N° 16.367 de este martes, en otra controvertida contratación directa por la prestación de servicios tercerizados del Ministerio de Salud Pública. Se trata de servicios de seguridad y vigilancia y de limpieza integral, que fueron provistos por esta empresa entre enero y marzo del año en curso.

Pese a la sideral suma, que prácticamente es récord para una sola empresa en un día, no se realizaron licitaciones públicas como lo dispone la Ley de Contabilidad General y el gobierno optó por las excepciones a la norma para justificar la contratación directa en favor de la firma del empresario Báez. Cabe recordar que este magnate era el propietario, por medio de familiares, de la empresa SIP Armas, que fue condenada en 2018 por la muerte de los empleados precarizados, Ricardo Caballero (19) y Andrea Pérez (27), fallecidos en 2008 por manipular químicos tóxicos, sin elementos de seguridad. 

Desde agosto del 2024 hasta abril de este año, Segen SRL acumula, como mínimo, más de $966.000.000 entre contrataciones directas y reconocimiento de legítimo abono, es decir, por servicios tercerizados que no pasaron por licitaciones públicas.

Contrataciones directas en Misiones: el MSP pagó $117 millones a empresa tercerizada, que estaría vinculada a la muerte de empleados de limpieza

En el boletín oficial de este martes, aparecen dos decretos de reconocimiento de pago por contrataciones directas en favor de Segen SRL, ambos firmados por el gobernador Hugo Passalacqua, el 3 de abril pasado. Y en ambos casos, se invoca el “cumplimiento” de los 44° y 85° apartado 3, Inciso d) y su último párrafo, de la Ley VII - N° 11 (antes Ley N° 2.303), más conocida como Ley de Contabilidad General de Misiones.

El decreto N° 563/25 consta de dos artículos, el 1° de los cuales reconoce “el gasto desde el 1° de Enero de 2.025 y hasta la fecha del presente Decreto y” arpueba y autoriza “a la Dirección del Servicio Administrativo de Salud Pública, Prevención de Adicciones y Control de Drogas a efectuar desde la fecha del presente Decreto y hasta el 31 de Marzo de 2.025 una CONTRATACIÓN DIRECTA con la firma ‘SEGEN S.R.L.’, para la prestación del Servicio de Seguridad y Vigilancia, destinado a los efectores y por los montos que se detallan (…)” en el anexo del decreto.

La empresa del exdueño de SIP Armas, desembarca en el ministerio de Educación con un contrato millonario

En el detalle de los pagos a Segen SRL, que aparecen en esta nota, se destacan los pagos trimestrales que hizo el MSP por los servicios de seguridad en el Hospital Público Apóstoles de Autogestión ($ 60.785.939,82); Hospital Dr. Ramón Gardes ($ 25.466.803,29); Hospital de Puerto Esperanza ($ 19.100.102,46); Ministerio de Salud Pública Edificio Central ($16.972.983,66); y los CAPS N° 508 Itaembé Guazú; CAPS N° 5 Yacyretá; CAPS Ñu Porá; CAPS Independencia; CAPS Sur Argentino; CAPS N° 33 San Isidro, más los Hospitales de Puerto Libertad y Almirante Brown ($12.733.401,63 por cada efector)

El Artículo 2° de este decreto 563/25 es puramente de forma y autoriza “a la Dirección del Servicio Administrativo de Salud Pública, Prevención de Adicciones y Control de Drogas a la liquidación y pago mensual a favor de la firma mencionada en el artículo 1°, previa recepción de lo contratado, con cargo a la partida” del Ministerio de Salud Pública, por un total de $379.164.946,86.

Fuertes repercusiones sobre la contratación directa por $223 millones para Segen SRL

De manera casi idéntica, el Decreto N° 565, firmado también el 3 de abril, reconoce “el gasto desde el 1° de Enero de 2.025 y hasta la fecha del presente Decreto y” aprueba y autoriza “a la Dirección del Servicio Administrativo de Salud Pública, Prevención de Adicciones y Control de Drogas a efectuar una CONTRATACIÓN DIRECTA a partir de la fecha del presente Decreto y hasta el 31 de Marzo de 2.025, con la firma ‘SEGEN S.R.L’, para la provisión del Servicio de Limpieza Integral, destinado a los siguientes efectores y por los montos detallados a continuación (…)”.

Como en el instrumento anterior, pero por servicios tercerizados de limpieza, de la lista de pagos que aparece en el anexo, se destacan los pagos por el Hospital de Aristóbulo del Valle ($ 30.726.352,41); el Hospital “Dr. Pedro Baliña” - Consultorios Externos ($ 10.084.546,47); y el Hospital Pediátrico “Ramón Carrillo” ($ 9.217.905,84) En total, la contratación directa es por $ 130.768.407,21.

El gobierno provincial pagó $223 millones por una contratación directa a la empresa Segen SRL

Al igual que en otras contrataciones directas para servicios tercerizados en Salud Pública, se argumenta que las operaciones corresponden a las excepciones de la Ley de Contabilidad General de Misiones, que ordena que todas las compras del Estado deben pasar por procesos de licitación, en montos por encima de los $250 mil.

 Por ejemplo, el inciso “d”, del artículo 85° de la Ley VII – N° 11, sostiene que se podrá realizar contrataciones directas “cuando circunstancias imprevisibles o razones de urgencia debidamente fundadas, no permitan esperar la gestión de una licitación; (…)”

Y el artículo 44° de la ley de Contabilidad, afirma que el “funcionario o agente de cualquier dependencia del Estado, en sus distintos poderes, que realizara compra o gastos en contravención con lo dispuesto en el Artículo anterior, o de las disposiciones de esta Ley, leyes especiales, decretos o reglamentaciones que fijan el trámite pertinente, responde personalmente del total autorizado o gastado en esas condiciones, siempre que el gasto no haya resultado en beneficio de la Provincia”.

Contrataciones directas opacas: La provincia le pagó $93 millones a SEGEN SRL, la tercerizada que pertenece al mismo dueño de la condenada SIP Armas

Por otra parte, no es menor que la empresa Segen SRL, vinculada a Báez, continúe facturando millones de pesos con servicios tercerizados por el Estado provincial. Como viene informando este medio, SIP Armas, la desaparecida empresa en la que figuraban Felicitas Aquino y Mariela Báez como propietarias, fue condenada por las muertes de Caballero y Pérez en mayo del 2008.

En el marco del extenso proceso judicial que culminó en febrero del 2018, con la confirmación de la condena contra SIP Armas y contra el Estado provincial, como corresponsable por las muertes de los trabajadores precarizados, se concretaron las indemnizaciones a las familias querellantes, pero las mismas, sólo las pagó el gobierno provincial.

Es que SIP Armas y los imputados en la causa, –Aquino y Báez más el empleado jerárquico, Juan Carlos López– no contaban con activos ejecutables para pagar las indemnizaciones. Según confió a AgenciaHoy, Roxana Rivas, la abogada que representó a la familia de Caballero, SIP Armas estaba vaciada y todos los activos de la familia Báez, entre ellos, 15 propiedades, estaban inscriptos en un fideicomiso familiar, intocable para la Justicia.

El empresario condenado por la muerte de un trabajador eludió pagar la indemnización y sigue facturando cientos de millones con el Estado provincial