Las contrataciones directas a través de las cuales el gobierno provincial está pagando miles de millones a empresas encargadas del servicio tercerizado de limpieza, seguridad y comida en hospitales, CAPS y organismos estatales, esconde una trama oscura que vincula a empresarios favorecidos y al ministerio de trabajo provincial, el encargado de realizar los controles mínimos para que no haya incumplimientos laborales que deriven, inclusive, en la muerte de trabajadores como las ocurridas en 2008, en el caso de la empresa SIP Armas.

Como es de público conocimiento, Ricardo Caballero (19) y Andrea Pérez (27) eran empleados de SIP Armas cuando, como parte de sus labores, manipularon químicos letales sin ningún tipo de elementos de protección y sin la capacitación necesaria, y perdieron la vida. Caballero falleció el 17 de mayo del 2008 y Pérez también murió, pocos días más tarde. En el caso del joven, se comprobó que estaba contratado en negro por la empresa dedicada a servicios de limpieza y seguridad, que pertenece a Oscar Báez. El muchacho trabajaba en limpieza en el Hospital Madariaga y cobraba un sueldo de 350 pesos, aunque le hacían firmar recibos de sueldo por 900 pesos.

En el marco del extenso proceso judicial que culminó en febrero del 2018, con la confirmación de la condena contra SIP Armas y contra el Estado provincial, como corresponsable por las muertes de Caballero y Pérez, se concretaron las indemnizaciones a las familias querellantes, pero las mismas, sólo las pagó el gobierno renovador, por entonces a cargo de quien actualmente es gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua.

Es que SIP Armas y los imputados en la causa, –las dos socias gerentas de dicha Felicita Aquino y su hija, Mariela Báez, más el empleado jerárquico, Juan Carlos López– no contaban con activos ejecutables para pagar las indemnizaciones. Según confió a AgenciaHoy, la abogada que representó a la familia del muchacho, Roxana Rivas, SIP Armas estaba vaciada y todos los activos de la familia Báez, entre ellos, 15 propiedades, estaban inscriptos en un fideicomiso familiar, intocable para la Justicia.

Mariela Báez y Felicita Aquino, son la hija y esposa respectivamente, de Oscar Báez, el verdadero propietario de SIP Armas, quien ahora es dueño de otra empresa que factura cientos o miles de millones de pesos al Estado provincial, también por la prestación de servicios tercerizados de limpieza y seguridad. Según fuentes inobjetables de este medio, Báez es el dueño de la empresa SEGEN SRL, una de las misteriosas firmas –posiblemente también vaciada de activos para eludir indemnizaciones– que está amasando fortunas con los servicios tercerizados.

Que SEGEN SRL –la empresa de Oscar Báez– está facturando cientos de millones de pesos, está fuera de duda. Por ejemplo, según informó elboletín oficial 16189, publicado este martes 3 de septiembre, el decreto N°1166 firmado por el gobernador Passalacqua el 12 de junio pasado, reconoció “el gasto desde el 1° de Abril de 2.024 y hasta la fecha del presente Decreto” y aprobó y autorizó “a la Dirección del Servicio Administrativo de Salud Pública, Prevención de Adicciones y Control de Drogas a efectuar una CONTRATACIÓN DIRECTA a partir de la fecha del presente Decreto y hasta el 30 de Junio de 2.024, con la firma ‘SEGEN S.R.L.’, para la provisión del Servicio de Limpieza Integral” de efectores de salud, por un monto total de $ 93.080.224,02.

Esa suma pagada a SEGEN SRL, es por la limpieza realizada en el Hospital Carrillo y el Hospital Baliña de Posadas, decenas de CAPS y otros hospitales en la provincia, por el trimestre que va de abril a junio del presente año. Se utilizó una opaca contratación directa, violando el espíritu de la Ley de Contabilidad General, que establece que para gastos corrientes y esenciales –como la limpieza en hospitales– deben realizarse licitaciones públicas. Con el agravante siguiente: Oscar Báez, el dueño de SEGEN SRL, tiene el antecedente de operar con una empresa –a través de familiares– que fue condenada por las muertes de empleados precarizados y de no pagar las indemnizaciones por la maniobra de vaciar de activos a SIP Armas, colocándolos en un fideicomiso inejecutable.

Esta turbia historia en torno a Báez, y en forma más general, a las empresas favorecidas con vidriosas contrataciones directas, las cuales no son controladas por el ministerio de Trabajo de Misiones –a cargo de Silvana Giménez–, la reveló la abogada Roxana Rivas.

Rivas representó a la familia de Ricardo Caballero hasta lograr la condena contra SIP Armas y contó a AgenciaHoy: “Fue un juicio bastante largo, para decirlo. Nosotros representamos a los papás del chico y, se obtuvo, sentencia favorable, la cual se confirmó todas las instancias. Acá lo que tiene de interesante esta acción, es que la sentencia reconoce la responsabilidad solidaria del Estado Provincial. De hecho, impone a la provincia en este caso, una doble responsabilidad: primero en su calidad de contratante, porque es la que contrata el servicio de SIP Armas y, por tanto, desde ese lugar tenía obligaciones propias de los contratantes, que es verificar que la empresa a la que estaba contratando un servicio, cumpliera con todas las formalidades y las legalidades que ese tipo de contratos requiere. Eso lo incumplió porque, claramente, si lo hubiera verificado, se daría cuenta que había entrado a trabajar dentro del hospital un joven que estaba absolutamente en negro”, detalló la abogada.

“Y el otro punto en el que se sostiene la responsabilidad es que, este, también incumple su poder, su obligación de policía del trabajo, que es como una obligación, más general que tiene el Estado Provincial, que es controlar la aplicación de las leyes de manera de manera más general. Entonces, no es no es lo mismo que sea un empresario que se contrata, el que no vigile que se cumplan las normas laborales, a que sea la propia provincia o el estado provincial, el que lo haga”, argumentó la abogada, sobre las responsabilidades del ministerio de trabajo de Misiones.

A SIP Armas y al estado provincial “se los condena solidariamente, lo que implica que, ambos están obligados en la misma proporción, este, a pagar la indemnización. Pero también eso para el actor, en este caso, significa que este tiene la opción de cobrar el total a uno u a otro y después eventualmente, este, los obligados se compensan entre sí, pero uno va por el que tiene solvencia”, explicó Rivas sobre el proceso de ejecución del fallo de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral, integrada por los camaristas Luis Alberto Diblasi y Omar Muyale, al momento de la sentencia (19 de febrero del 2018)

“Cuando nosotros ejecutamos esa sentencia, que fue la parte más larga, si se quiere, lo que nos encontramos es que SIP Armas, era una empresa que estaba absolutamente vaciada, sin ningún tipo de patrimonio. Y que sus socios, que también fueron condenados solidariamente (es decir, Felicita Aquino y Mariela Báez) tenían todos sus bienes metidos en un fideicomiso, que era el famoso fideicomiso de ‘La Familia’. Entonces, todos los bienes de ellos eran como inalcanzables para ejecutar y ahí termina siendo el Estado Provincial el que responde por todos y paga el juicio en su totalidad”, reveló Rivas, insistiendo en que SIP Armas, ni siquiera pagó los honorarios de los abogados querellantes. “Salieron absolutamente ilesos del juicio”, recalcó la abogada.

Consultada sobre el proceso de vaciamiento de SIP Armas, si se dio mientras transcurrían las instancias judiciales, Rivas explicó no sería el caso, porque “ellos ya tenían una estructura bastante bien armada, claramente para no responder (a indemnizaciones) Así que el fideicomiso era anterior. No recuerdo bien, pero había más de treinta inmuebles inscritos bajo esa figura (‘Fideicomiso La Familia’), pertenecientes a la familia de Báez”, reveló la abogada, quien recalcó el vínculo personal de las que figuraban como dueñas de la empresa, es decir, la hija y la esposa del mencionado Oscar Báez, “entonces él es inalcanzable absolutamente.”

La abogada confió, asimismo, que los imputados en la causa SIP Armas, también fueron condenados penalmente.

Consultada respecto de la continuidad de los negocios de Báez con el Estado provincial, a través de otra empresa que se encarga de servicios tercerizados de limpieza, es decir SEGEN SRL, Rivas, quien es abogada laboralista y asesora a sindicatos en Misiones, comentó: “Tenemos varias cuestiones que además hay que observar. La CTA Autónoma tiene un sindicato de vigiladores, que es un gremio de base (el Sindicato Único de Trabajadores de la Seguridad). Y estamos a tomar vista de algunas situaciones y lo que podemos ver es que la mayoría de sus trabajadores cobran por debajo del convenio, que es el convenio de vigiladores. Hoy la categoría de vigilador estaría cobrando alrededor de 900 mil pesos, y ellos cobran 370 mil pesos”, señaló la abogada, sobre otra irregularidad en la que estaría incurriendo SEGEN SRL, que, al igual que SIP Armas, pagan sueldos inferiores a lo que establecen los convenios.

“Esa ya es una plata que se suma (a la ganancia de la empresa) porque a la hora de hacer un contrato con el Estado, la empresa tiene que garantizar, insisto, el cumplimiento de la ley y los convenios colectivo de trabajo que rigen. No es que vos, por ser el Estado, vas a tomar digamos la empresa que más te conviene si es que esa conveniencia es a costa de que estén esclavizando a los trabajadores. Ahí vuelve a operar la responsabilidad que tiene el Estado de velar por la aplicación de toda la normativa que está vigente, los convenios entre ellos”, puntualizó la abogada, sobre un posible incumplimiento de deberes de funcionario público por parte de la ministra Silvana Giménez.

En esta línea, Rivas puso de relieve la falta de control efectivo del Estado sobre las empresas tercerizadas de Misiones. “Hay una ausencia total de control del Estado porque contrata a estas personas, pero ¿cómo verifica que se les pague? No sé cuánto se le estará pagando. Porque ustedes (la prensa, la ciudadanía) tienen acceso a la contratación directa, pero en los otros servicios que dan en hospitales, que dan en establecimiento, no sé dónde estarán figurando y qué costos tendrán”, planteó la abogada.

De acuerdo con Rivas, en las contrataciones de servicios tercerizados que hace el Estado, “lo lógico sería que si yo (la empresa contratada) te digo ‘pongo cuatro vigiladores para cumplir tantos horarios’, vos (el Estado contratante) calculás en base al valor que tiene ese vigilador por convenio (de trabajo). Por decir, de cuatro debería ser un costo de 6 millones de pesos por mes. Y (el empleador) estaría pagándoles entre todos, 900 mil pesos a los cuatro (empleados de seguridad)

“Allí una diferencia que claramente algún lado va”, señaló Rivas, suspicaz sobre estos manejos de las empresas tercerizadas y en particular de SEGEN SRL, sobre la cual “ahora tenemos algunas demandas de reinstalación que tenemos que ir viendo, quiénes son los socios de esta empresa”.

Al respecto de SEGEN SRL, Rivas comentó: “Tenemos que pedir un informe al Registro (de Sociedades) y lo más probable es que aparezca algún tercero (testaferro) Así que lamentablemente es como que se facilita todo el sistema, pero ahí está la pata del Estado, que se hace el que no ve nada, pero que en el fondo se sabe muchas veces que si estas empresas funcionan así es porque hay algún tipo de acuerdo con el Estado, o con los funcionarios para que funcione”, detalló.

Respecto de la responsabilidad solidaria del Estado en la causa contra SIP Armas, Rivas explicó: “Cuando hablamos del poder de policía del Estado, estamos hablando que este poder que en el campo laboral, lo ejerce, el Ministerio de Trabajo. Pero no es parte de este juicio. Pero si el ministerio de trabajo mandaras inspectores no pasaría ninguna inspección en estos lugares. La comisión también es parte de lo que configura la responsabilidad”, amplió la abogada.

En cuanto a si cabe la figura de incumplimiento de deberes de funcionario público, en las derivaciones del juicio contra SIP Armas, Rivas reveló: “En su momento cuando, quisimos avanzar un poco en la cuestión penal, se hizo la denuncia, inclusive en el fuero civil se pretendió extender la solidaridad a todos los funcionarios. Pero se va descartando por las propias reglas que tiene el sistema”, enfatizó.

“Nosotros hicimos hincapié en el incumplimiento de los deberes de funcionario público de muchos, porque si no, también es como un costo que, en definitiva, lo sigue pagando siempre el Estado y, en ese sentido, el Estado somos todos. Pero la persona física que tuvo a cargo la responsabilidad del control, parece que sale indemne”, remató la abogada.

Cabe remarcar que por este ministerio de trabajo de Misiones, que debe controlar a las empresas tercerizadas, pasaron como ministros la exdiputada Claudia Gauto (era la responsable de controlar a SIP Armas en 2008); el exdiputado Juan Carlos Agulla; el recientemente nombrado camarista Jorge Valenzuela –fue subsecretario de Trabajo hasta septiembre del 2023– y ahora, el organismo está a cargo de Silvina Giménez, que es la hija de Jorge “Polilla” Giménez, el “eterno” secretario general del sindicato UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación).