En el Boletín Oficial de Misiones, N° 16174 figura el decreto 1082/24, autorizado por el gobierno provincial, reconociendo el pago de la friolera suma de $ 223.038.204 por una contratación directa e beneficio de la cuestionada empresa Segen SRL. 

Según el documento público, el pasado 3 de Junio de 2.024, el gobierno de la provincia, en el artículo 1° del decreto 1082/24 reconoce “el gasto desde el 1° de Mayo de 2.024 y hasta la fecha del presente Decreto y APRUÉBASE y AUTORÍZASE a la Dirección del Servicio Administrativo de Salud Pública, Prevención de Adicciones y Control de Drogas a efectuar desde la fecha del presente Decreto y hasta el 30 de Junio de 2.024 una CONTRATACIÓN DIRECTA con la firma ‘SEGEN S.R.L.’, para la prestación del Servicio de Seguridad y Vigilancia”.

El servicio de seguridad tercerizado por el que la provincia hizo una contratación directa con Segen SRL, detalla los montos y efectores que demandaron los servicios de seguridad.

El segundo artículo del decreto autoriza “a la Dirección del Servicio Administrativo de Salud Pública, Prevención de Adicciones y Control de Drogas a la liquidación y pago mensual a favor de la firma mencionada en el artículo 1°, previa recepción de lo contratado, con cargo a la partida que se detalla a continuación de la Jurisdicción 06 del Ministerio de Salud Pública, “del presupuesto vigente 06-01-0-3-10-1-01-012-01220 Servicios no Personales”.

Como sucedió con el decreto 1026/24 que apareció en el Boletín Oficial 16.171, la provincia optó por una contratación directa en beneficio de Segen SRL, violando lo que sostiene la ley de contabilidad, que define que a partir de los $3.102.000, las contrataciones deben realizarse por licitación pública o privada.

En este caso, el exdiputado nacional y contador público Luis Pastori remarcó que es el mismo mecanismo, pero al tratarse de un monto muy superior (más de $223 millones), corresponde convocarse a una licitación pública. 

Y como viene ocurriendo con las vidriosas contrataciones directas a empresas que tendrían algún vínculo con el poder político local, no se explican las razones de semejante medida que impide cualquier tipo de control e inclusive, atenta contra la competencia de empresas que redundaría en mejores precios.

Según indican desde el Sindicato Único de Trabajadores de la Seguridad (Sutras) en los CAPS, la empresa Segen SRL está pagando sueldos en torno a los $300 mil a sus empleados de seguridad. Pero percibieron $3,7 millones mensuales por el servicio de seguridad del CAPS N° 508 de Itaembé Guazú (Posadas) y otros $3,7 millones mensuales por el CAPS El Porvenir, por sólo mencionar dos de las decenas de CAPS mencionados en el decreto 1082/24.

Asimismo, vale recordar que Segen SRL, que ya tuvo conflictos salariales y laborales en Misiones, pertenecería al mismo dueño de la desaparecida empresa SIP Armas, condenada por la justicia de la provincia por la muerte de dos empleados de limpieza, en la resonante causa llamada “SIP Armas” en la que se comprobó la responsabilidad de la firma en la muerte de los trabajadores Ricardo Caballero (19) y Andrea Pérez (27), que se produjo en 2008 pero tuvo su definición judicial en 2017.