Luego del frustrado encuentro con el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, en el que el funcionario ultraderechista ratificó que no dará marcha atrás con la eliminación de las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), los productores decidieron impulsar un proyecto de ley para que se declare la Emergencia Yerbatera en Misiones. La medida protegería a los productores y a los tareferos, que en el contexto de la desregulación del mercado, cobran la mitad o menos de lo que deberían cobrar para que la actividad sea económicamente sustentable.
Es un cambio en la estrategia: ya no pedir nada al gobierno ultraderechista de Javier Milei y concentrar los esfuerzos por normativas y políticas públicas en la provincia de Misiones. Cabe aclarar que la idea de crear un instituto provincial de la yerba fue descartada por funcionarios del área, como el ministro del Agro, Facundo López Sartori, quien recalcó que Misiones no puede legislar sobre lo que ocurre con la actividad yerbatera en Corrientes.
En una reunión realizada en Aristóbulo del Valle, donde participaron representantes de distintos sectores de la producción primaria, los asistentes definieron avanzar en un pedido formal al Gobierno provincial para que impulse una ley que permita desplegar herramientas excepcionales de protección frente a la crisis que atraviesa el sector.
Como informó Agencia Hoy, el costo de producir un kilo de hoja verde alcanzó en junio, los $473 según la grilla 9 A, una grilla de costos estandarizada del INYM, que las autoridades libertarias del organismo no quieren que se actualice o se difunda. Ese valor es más del doble de lo que los molinos pagan a los productores en algunas zonas: $170 por kilo puesto en secadero.
Según publicó el portal Economis, el proyecto para declarar la Emergencia Yerbatera marca un giro en la estrategia de los productores. Hasta ahora, la mayor parte de las acciones estuvo orientada a reclamar al Gobierno nacional la restitución de las facultades regulatorias del INYM o la derogación de los aspectos centrales del DNU 70/2023.
Sin embargo, tras la reunión con Sturzenegger comenzó a consolidarse la idea de que la Provincia debe utilizar las competencias que conserva dentro del sistema federal, para intervenir en defensa de su principal economía regional.
El proyecto no pretende reemplazar al INYM ni reconstruir el régimen anterior de regulación de precios. La propuesta apunta a que Misiones ejerza sus propias facultades constitucionales para evitar que la crisis termine provocando un daño irreversible sobre los 13 mil o 14 mil de pequeños productores, que son los que tienen que malvender su producción a los molinos, para subsistir.
Los fundamentos jurídicos que acompañarán la iniciativa sostienen que el DNU 70/2023 modificó profundamente los mecanismos nacionales de protección de la producción primaria, pero no eliminó los derechos constitucionales vinculados al trabajo, la propiedad, el desarrollo regional, el cooperativismo, el ambiente y la preservación de las economías regionales.
En consecuencia, argumentan que la Provincia conserva competencias para actuar de manera transitoria mientras persista el actual escenario institucional.
Es prácticamente un hecho que el gobierno nacional, los grandes molinos que se ven beneficiados con la fenomenal transferencia de ganancias del sector productivo a las industrias y los dirigentes libertarios de Misiones, van a cuestionar y ejercer presión para que no se sancione una norma que proteja a los pequeños productores.
