Provinciales
El CGE acumula 11 años sin resolver el reclamo contra una exdirectora acusada de corrupción, que ahora es candidata a concejal
Se trata de Sonia Weisheim, que se postula para el cargo de edil en un sublema de la Renovación. En 2013, era directora del BOP 23 de Iguazú, cuando la acusaron de malversación de fondos para mejoras edilicias. El trámite N° 34843/13, iniciado en noviembre de ese año por el reclamo de padres y docentes, está cajoneado en la Jefatura de Despacho del Consejo.

La candidata a concejal de Posadas por un sublema de la Renovación, Sonia Weisheim, se vio beneficiada por una sospechosa tardanza en el trámite que le iniciaron en el Consejo General de Educación (CGE) por supuesta malversación de fondos destinados a mejoras edilicias del Bachillerato de Orientación Polivalente N° 23 “Demetrio Koropeski” de Puerto Iguazú, en 2013, cuando era directora del establecimiento.
En el sistema del
CGE, se observan los curiosos movimientos del Trámite N° 34843/13 (“Informes –Situación de Conflicto”), iniciado el 18 de noviembre del 2013, por padres y
alumnos del BOP 23. Ese trámite tiene 85 entradas y permanece “en espera” de “verificar
documentación” en la Jefatura de Despecho del CGE, desde el 2 de noviembre del
2023. Esto quiere decir que el reclamo de los docentes y alumnos por la corrupción
con fondos públicos contra Weisheim, lleva casi 12 años cajoneado.
Un breve análisis
del derrotero de ese reclamo en el CGE, en base a información oficial difundida
por el propio organismo, muestra sugestivos movimientos: para empezar, tuvo un
avance rápido en Mesa de Entradas, Dirección de Asuntos Legales, Sumarios y
Despacho General del CGE, hasta volver a Sumarios, el 20 de noviembre del 2013.
En esa dependencia,
el expediente tardó más de 18 meses en el proceso de “verificación de documentación”,
saliendo el 4 de junio del 2015. De regreso a la Dirección de Asuntos Legales,
la por entonces responsable Lidia Mónica Núñez anuló el envío y lo reenvió a
Sumarios (16 de junio 2015) El expediente siguió por Asuntos Legales, y llegó a
la Junta de Clasificación y Disciplina de Secundaria y Superior, el 22 de junio
del 2015, que verificó la documentación y dictaminó la “sanción de
apercibimiento” contra Weisheim el 30 de julio del 2015.
Así, la carpeta prosiguió su proceso y el 20 de octubre del 2025, el Despacho General confirmó la firma de la resolución N° 5089/15, con cédula y notificación al interesado. Sin embargo, el expediente quedó empantanado en este Despacho General del CGE, hasta el 9 de octubre del 2023, cuando el expediente fue reactivado por Alejandro Oscar Sánchez.
Desde entonces, la demanda contra Weisheim en el CGE, volvió a circular por Asuntos Legales, Control de Gestión Administrativa de Dirección Legales, Dirección de Gestión Administrativa Dirección Legales hasta llegar a la Jefatura de Despacho del CGE. El expediente en cuestión llegó a la Jefatura de Despacho el 2 de noviembre del 2023, donde sigue “en espera”, sin funcionario asignado para la “verificación de documentación”. Ya pasaron más de 18 meses con el expediente cajoneado en esta Jefatura del CGE.
¿De qué la
acusaron a Weisheim? Según archivos del diario El Territorio, el 14 de
noviembre del 2013 los alumnos, padres y algunos profesores del BOP 23 de
Iguazú, protestaron frente al edificio escolar, solicitando la renuncia de la entonces
directora Sonia Weisheim, a causa de las “irregularidades en el manejo de los
fondos destinados a mejoras edilicias” y la “persecución y amenazas por parte
de la directora y una preceptora”.
Un mes antes, el 21 de octubre del 2013, la expresidenta de la cooperadora del BOP 23, denunció ante la Fiscalía N° 3 de Iguazú, el retiro de 9 mil ladrillos de la escuela, que fueron entregados –según la denuncia– por orden de Wesheim, como parte de pago a un obrero que realizó arreglos edilicios en la escuela.
Por entonces, los
alumnos que denunciaron con fotos e imágenes, lo ocurrido con los ladrillos, denunciaron
que sufrieron de persecución por parte de Weisheim y quien era su marido, el ex
fiscal Alejandro Monzón -que es profesor-, y una preceptora del BOP 23. “Los
alumnos fueron amenazados por dar a conocer los videos. Tanto el profesor
Monzón, como su señora, la directora Sonia (Weisheim), amenazaron a los
alumnos de 5º año, por ejemplo, con no entregarles el certificado de
terminación de curso si continuaban con esta medida”, dijo una alumna, por entonces,
según El Territorio.
Los alumnos
llegaron a tomar la institución en reclamo por el esclarecimiento de los hechos
y la renuncia de Weisheim, y acusaron a la entonces directora, de tratarlos de “prostitutas
y drogadictos”. Otra de las irregularidades que tanto los padres como los
alumnos no aceptan, es que el marido de la directora, el ex fiscal Monzón,
formaba parte del plantel educativo del BOP 23, donde dictaba la cátedra de “Ética”.
Cabe aclarar que Monzón estuvo investigado por “adulteración de documento
público”, motivo por el cual había sido suspendido en sus funciones al frente
de la Fiscalía 3 Iguazú, y terminó
renunciando.
Agencia Hoy pudo
acceder a parte de la Resolución N° 5089/15, firmada por el exministro de
Educación Luis Jacobo y la exsecretaria general del CGE, Norma Cuquejo, que
dispuso sancionar a Weisheim con 30 días de suspensión, y facultar a la
Dirección de Educación Secundaria, a reubicarla en otro establecimiento escolar
o dependencia del CGE, “con asignación de tareas y/o funciones”.
Esa resolución
confirma parte de los denunciado por la comunicad educativa del BOP 23,
vertidos en el expediente N° 5557–888–P–13. En los considerandos, la resolución
mencionada sostiene que el expediente “se inicia con Actas realizadas en el
Establecimiento el día 15 de Noviembre del año 2013 en razón de conflictos
ocurridos y reclamos por parte de los alumnos de la escuela, con presencia de
los padres, alumnos, Supervisor Escolar (…) a raíz de la utilización de
ladrillos de la institución, sin mediar con el procedimiento correspondiente y
sin saber el destino de los mismos, así, mismo se solicita la separación
preventiva de la Directora de la Escuela Sra. Sonia Liliana Weisheim.”
Señala la
resolución que “en autos obra la pertinente Exposición Policial N° 381/13
realizada en conjunto, exponiendo que el Sr. Monzón Alejandro, quien da clases
de apoyo de la materia ética estaba fotografiando el sector donde estaban los
alumnos reunidos ignorando el destino que le pudiera dar a las mismas, es
nuestro deber resguardar la integridad de los alumnos solicitando se lo cite y
se aclare la situación.”
Además, prosigue
la resolución, “se adjunta informe del sistema de transferencias de recursos
educativos y acreditaciones al BOP N°23 de Puerto Iguazú”, y en la foja 17, “obra
constancia de denuncia por parte de la Sra, Mirian Eliane Caballero (…)
denunciando que el día jueves 17 de 2013, pasaba por el predio del BOP N*23,
observando a tres personas de sexo masculino, (Albañiles) que participan de la
obra de refacción de dicho establecimiento, sacando los ladrillos huecos que fueron
donados por la comunidad y otra parte adquiridos como fruto del trabajo docente
y de la cooperadora, los mismos fueron transportados en dos camiones realizando
dos viajes cada uno de estos, trasladándose hasta una construcción en la calle
Irigoyen, donde se descargaron los ladrillos, desconociendo el destino del
resto” de los mismos.
Por esta presunta
malversación de fondos públicos, la justicia provincial no llegó a una
instancia de juicio y Weisheim, en consecuencia, no se encuentra inhabilitada
para ejercer cargos públicos. Esta situación la habilita a postularse como
candidata a concejal de Posadas. Sin embargo, además de lo mencionado, el CGE
no cumplió plenamente con lo ordenado por la Resolución 5089/15, en lo que
refiere a la reubicación.
Según consta en el
sistema informático del CGE, el 6 de diciembre del 2013, Weisheim solicitó una
licencia por artículo 44 (para tratamiento de enfermedad prolongada), un
trámite (el N° 36624/13) que hasta la fecha –11 años después– sigue “en espera”
de “verificación de documentación” en la Dirección de Administración de
Personal del CGE, sin responsable asignado.
Pocos meses después,
Weisheim también pidió otra licencia, esta vez por Artículo 33 para rendir exámenes
(Trámite N° 5911/14), pero en el Bachillerato Orientado Provincial Nº 22 Andrés
Guacurarí, la cual le fue otorgada el 7 de mayo del 2014. Y el 14 de agosto del
2014, por medio del Trámite 16496/14 (“solicitud d reubicación o traslado”) a Wesheim,
le otorgaron la reubicación en la Escuela Normal Superior Nº 4.
Actualmente, Weisheimes rectora interina de la Escuela Normal Superior N° 10 (CUISE 1562), por medio
de la resolución 5366/17. También es vicerrectora titular en uso de licencia
sin goce de haberes en este establecimiento del nivel superior (resolución
7591/17), profesora titular de Biología (6 horas, pero en 3 está con licencia
S/G); profesora titular del “Proyecto de Investigación e Intervención Socio Comunitaria”;
y profesora titular (“ninguna”) en otras 4 horas secundarias.
Qué sucedió con el
sumario administrativo que correspondía en base a las denuncias por corrupción
que le iniciaron en 2013, sólo las autoridades del CGE lo saben. Lo que sí está
comprobado es que Weisheim, como muchos otros docentes, solicitó el traslado de
sus horas secundarias del BOP 23 a la Escuela Normal 10 de Posadas.
Así consta en el Trámite N°13827/18 (“AUTORIZACIÓN-DESAFECTACIÓN 04 HS. CÁTEDRA DE NIVEL MEDIO DEL B.O.P. N°23 DE IGUAZÚ Y AFECTAR A LA ESCUELA NORMAL N°10 DE POSADAS”), pedido que fue aprobado por medio de la Resolución N°4178/2018 del CGE, el 7 de agosto de ese año.