En estos días, en Posadas, hemos sido testigos de un hecho tan preocupante como revelador. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) acusó a nuestro medio de ejercer “violencia de género” por la publicación de una nota periodística que simplemente describe un hecho objetivo: una dirigente sindical, la señora López, al asumir un cargo dentro del gremio, habría facilitado la contratación de su hija en el Ministerio de Salud de la provincia de Misiones.

¿Dónde está la violencia? ¿Dónde está el ataque? ¿Dónde la difamación? La nota no insulta, no descalifica, no emite juicios personales. Describe una situación verificable, con nombres, cargos y vínculos que son de dominio público. La publicación no hace otra cosa que cumplir con la función esencial del periodismo: señalar las relaciones de poder, evidenciar los privilegios, y permitir que la ciudadanía saque sus propias conclusiones.

Lo verdaderamente preocupante es cómo, desde ciertos sectores, se intenta desnaturalizar un concepto tan necesario y legítimo como el de violencia de género, transformándolo en una herramienta para silenciar a quien informa. No se defiende a las mujeres ni se combate el machismo cuando se banaliza una problemática tan grave como la violencia real. Por el contrario, se le falta el respeto a las víctimas verdaderas.

Si denunciar un posible caso de nepotismo es “violencia”, ¿qué queda entonces para las mujeres que sufren abusos, amenazas, golpes o discriminación laboral? Si todo se mete dentro de la misma bolsa, perdemos la capacidad de diferenciar lo urgente de lo estratégico, lo real de lo funcional.

Más aún, cuando el sindicato —que debería velar por los derechos de todos los trabajadores— elige alinearse sin cuestionamientos con el discurso oficialista del gobierno provincial, y utiliza estas acusaciones como escudo político, lo que se pone en evidencia no es un compromiso con la equidad, sino una intención clara: disciplinar a la prensa, marcar límites a la crítica y proteger intereses propios.

De hecho, en estos mismos momentos, una trabajadora del Hospital Samic de Eldorado, se encuentra encadenada en el ingreso al nosocomio, exigiendo el pase a planta permanente, después de, según lo declaró Silvana González, estar más de 13 años sin estabilidad laboral. Esa trabajadora recibió muestras de apoyo de otras organizaciones obreras y de compañeros del sector de Salud Pública, mientras la CDP de ATE Misiones, se mantiene en silencio.

Como ese, existen numerosos conflictos salariales y laborales que involucran a empleados provinciales y municipales, en los que la CDP de ATE Misiones no interviene desde noviembre del 2023, es decir, desde que López asumió como secretaria general. Los ejemplos abundan, pero puede citarse además del reclamo de los precarizados en el SAMIC de Eldorado –serían unos 80 trabajadores–, el planteo de los municipales de Andresito que cobran un básico de $6 mil y un salario de bolsillo de $280 mil, por lo que reclaman un aumento de urgencia del 30% y están en estado de asamblea; o la crisis aún abierta por la eliminación del doble franco en el Hospital Baliña.

Este medio va a seguir informando, aunque moleste. Va a seguir escribiendo lo que otros quieren tapar. Y va a seguir denunciando, aunque algunos disfracen de “perspectiva de género”, lo que en realidad es una forma burda de censura.