Una profunda ola de indignación, temor y alarma generalizada se desató entre las familias y madres de las niñas víctimas de la Escuela Frontera N° 617 (CUISE 617) de la localidad de El Soberbio. Según información calificada proveniente del propio ámbito escolar y administrativo a la que accedió la comunidad de padres de manera interna, se estarían instrumentando las carpetas y designaciones para la cobertura de cargos directivos en la institución, con una terna que constituye una afrenta directa a las víctimas, niñas de 12 y 13 años de edad.
Al iniciarse la investigación por corrupción de menores y abusos contra el docente detenido Emanuel Emiliano Fleita, las autoridades educativas dispusieron el apartamiento preventivo de la entonces directora de la institución, Elizabeth Lópes de Moura, y de la maestra titular del grado de las niñas víctimas, Noelia Tarno. Ambas se encuentran sindicadas por la querella, como presuntas encubridoras de las vejaciones perpetradas dentro de las aulas de la escuela de frontera ubicada sobre calle Lavalle S/N y Corrientes (El Soberbio)
El escándalo de la terna directiva
La alarma comunitaria se encendió en los últimos días, al filtrarse los nombres de quienes reúnen los requisitos de puntaje y antigüedad y que estarían nominados para asumir la conducción formal de la Escuela 617.
De manera insólita, la lista la encabezan la exdirectora apartada Lópes de Moura, la docente investigada Noelia Tarno, sobre quien pesan fuertes rumores de un inminente retorno a la escuela 617 de frontera de El Soberbio. Pero esta vez lo haría como directora. Pero lo más aberrante, en la línea de prelación administrativa, también figuraría el propio imputado y hoy encarcelado, Emanuel Emiliano Fleita.
Esta situación ha provocado un estado de asamblea y desesperación entre las madres de las víctimas, quienes ven con horror cómo el sistema administrativo escolar amaga con premiar y devolver el poder jerárquico a quienes debieron proteger a sus hijas y, por el contrario, presuntamente callaron y ocultaron el horror durante dos años.
El horror revelado en Cámara Gesell: Las frases que incriminan al cuerpo docente
La preocupación de los padres se agrava tras la reciente incorporación formal al expediente de los informes de la Cámara Gesell. Vale recordar que lo que las niñas declararon y fue incorporado hace muy poco tiempo ante los profesionales del Cuerpo Médico Forense.
Cuando en el dispositivo judicial se les preguntó explícitamente si otros docentes veían lo que hacía el maestro Fleita con ellas, las menores rompieron el silencio y desnudaron textualmente la matriz de complicidad e impunidad institucional con frases lapidarias:
*Al ser interrogada sobre si alguien observaba las maniobras, una de las niñas víctimas contestó de manera unívoca: “sí, me vio la Sra. Romina Batirolla (maestra)”.
*Respecto a las conversaciones internas que mantenía la mencionada docente con otros pares masculinos, las víctimas expusieron: “Romina Batirolla le decía a él (a Ariel Alvez) ‘sí, pero yo le decía a Emanuel que sea más discreto y que no elija a las chicas que tenían buena relación con los padres’, eso dijo con el profesor Ariel”.
*En otro tramo de los relatos forenses, las menores describieron la complicidad pasiva de los docentes frente al avance de la justicia: “‘Todo el Consejo y todos los policías buscando a los profesores involucrados y nosotros acá escondidos hace dos (2) meses (...) pero igual yo le dije que tenía que tener cuidado con lo que hacía’, (...) eso dijo la Romina Batirolla, que solía juntarse bastante con el profesor Emanuel”.
*El conocimiento del equipo directivo jerárquico quedó plasmado de forma directa en el acta forense: “la directora Elizabeth López De Moura y la señora Noelia Tarno habían dicho que sí sabían”.
*La justificación perversa de los abusos por parte de los mayores a cargo de la tutela escolar quedó evidenciada cuando una de las niñas reveló: “‘y la profe Noelia le dijo que le disculpen porque él (imputado) es joven y tiene gustos raros’”.
*Finalmente, la sospecha generalizada de las víctimas sobre el encubrimiento colectivo quedó asentada en la literalidad del expediente: “hay 3 maestros que yo creo y mis compañeros creemos que saben que el profesor hacía eso de las fotos, que son Romina Batirolla, Cecilia Pintos y Ariel, nosotros pensamos que saben porque ellos veían cuando él (imputado) retiraba a las chicas”.
El dictamen forense que exige investigar a toda la escuela
Para finalizar y cerrar el círculo de sospechas que hoy alarma a la comunidad de El Soberbio, resulta determinante el remate técnico de la profesional del Cuerpo Médico Forense que coordinó los dispositivos de escucha judicial. La perito interviniente le sugirió formal y expresamente al Juez de Instrucción 3 de San Vicente, Gerardo Casco, la necesidad de avanzar penalmente sobre el entorno del imputado, asentando en sus conclusiones:
“Se sugiere: Considerar sus declaraciones en relación con los docentes que podrían haber encubierto las situaciones ocurridas a lo largo de los años en el ámbito escolar”.
Declaraciones de las Familias Damnificadas
La comunidad de madres y padres, manteniendo estricta reserva de sus identidades por temor a represalias institucionales en la localidad, ha hecho saber su postura de manera unánime: “No vamos a permitir que las personas que entregaron a nuestras hijas vuelvan a pisar la escuela, y mucho menos como directoras.”
“Vamos a agotar todas las instancias legales y administrativas que correspondan, haciendo todo lo que sea absolutamente necesario para frenar este atropello. Las declaraciones de nuestras hijas en la justicia son una verdad de puño y letra; no pueden tratarnos como si nada hubiera pasado mientras el maestro sigue preso”, señalaron.
Por su parte, la querella encabezada por el Dr. Adrián Gianini y el Dr. Andrés Ricardo Cáceres, ya se encuentra evaluando las presentaciones correspondientes para impedir que la burocracia administrativa vulnere el interés superior de las niñas y el principio de no revictimización consagrado por los tratados internacionales con jerarquía constitucional.
La inacción del juez y la posible complicidad del CGE
Como viene informando Agencia Hoy, desde que estalló el escándalo en esta escuela –Fleita está acusado de tomarle fotos con connotaciones sexuales a sus alumnas dentro de la escuela–, el juez Casco no investiga la pista del presunto encubrimiento de docentes colegas del acusado. Dado que no avanza la causa penal contra De Moura, Tarno y otros docentes preventivamente apartados, el Consejo General de Educación tampoco profundiza los sumarios administrativos contra estos.
Esa situación, originada por la inacción del juez Casco y del CGE, posibilita que los sospechados de encubrir al docente acusado de corrupción de menores y pedofilia, puedan aspirar a cargos jerárquicos en el sistema educativo provincial. Cabe remarcar que la querella viene planteando que la imputación contra Fleita incluya otros delitos, como abuso sexual con acceso carnal. El docente de primaria está acusado de “promoción a la corrupción de menores agravado por ser las víctimas menores de trece años de edad y por ser el autor encargado de la educación y de la guarda de los niños”.
Cambio de carátula y agravamiento de la acusación
En base a las pruebas producidas que constan en el expediente –un punto central son las declaraciones de las víctimas en Cámara Gesell–, la querella pide que la causa sea recaratulada, como “Abuso Sexual con Acceso Carnal en Grado de Tentativa, agravado por resultar el autor encargado de la educación y de la guarda de la víctima (Art. 119, tercer y cuarto párrafo inciso b, en función del Art. 42 del Código Penal Argentino), en concurso real (Art. 55 del C.P.) con la calificación preexistente de Promoción a la Corrupción de Menores Agravada.”
El pedido de recalificación, se concretará esta semana que viene y la querella volverá a reiterar que se investigue a las y los docentes presuntamente culpables de encubrir a Fleita. En ese caso, la querella apunta a acusar a los docentes de la Escuela 617 que no hicieron nada tras conocer los actos de Fleitas. Solicitarán una acusación por “Encubrimiento por Omisión de Denuncia y Favorecimiento Personal, agravado por la condición de funcionarias públicas de las autoras y por la extrema gravedad del delito precedente (Artículo 277, inciso 1, apartados a y d, en función del inciso 3, apartados a y d del Código Penal).”
