El Ministerio de Salud Pública, por intermedio del gobierno provincial, pagó casi $37 millones por el servicio tercerizado de seguridad en el Hospital Samic de Eldorado, sin pasar por un proceso de licitación pública, como lo estipula le Ley de Contabilidad General. Se trata de una práctica habitual en el caso de las empresas que prestan servicios tercerizados en hospitales y efectores de salud, en la que se utilizan las excepciones para habilitar contrataciones directas o, como en este caso, el “reconocimiento” de “legítimo abono”.

La firma beneficiada es “Bareiro Cristóbal Osvaldo”, propiedad del homónimo comisario retirado, que es hermano de un exjefe de la Unidad Regional V, el también excomisario Ángel Bareiro. Vale recordar que este último, asumió la jefatura de la UR de Iguazú en 2010 –durante el gobierno de Maurice Closs– y fue removido en mayo del 2013, en medio de investigaciones por presuntos vínculos con delincuentes para “liberar zonas”. Cristóbal Bareiro también es dueño de la empresa “El Libertador”, otra que suele facturar millones por servicios tercerizados al Estado provincial, sin licitación pública.

Este miércoles, en el Boletín Oficial N° 16.358, apareció publicado el Decreto N° 479, firmado por el gobernador Hugo Passalacqua, el pasado 25 de marzo. El instrumento legal consta de dos artículos, el primero de los cuales reconoce “el gasto de legítimo abono a favor de la firma (‘Bareiro Cristóbal Osvaldo’), la suma total de ($ 36.951.832,25), por la prestación del Servicio de Seguridad y Vigilancia, en el Hospital S.A.M.I.C. Eldorado de Autogestión durante el mes de Octubre de 2.024 (…)”

Este artículo del decreto 479/25 menciona el “Acta de Recepción N° 611/2.024 (fs. 05) y Factura ‘B’ N° 00002-00000450 (fs. 04)” y ordena reapropiar “el gasto al presente ejercicio financiero encuadrando el procedimiento en los Artículos 44° y 80° de la Ley VII - N° 11 (antes Ley 2.303).”

El artículo 2° del decreto en cuestión, es puramente de forma y autoriza “a la Dirección del Servicio Administrativo de Salud Pública, Prevención de Adicciones y Control de Drogas a liquidar y pagar el monto citado en el artículo 1° del presente, a favor de la firma en cuestión, con cargo de oportuna y documentada rendición de cuentas, a la partida” del Ministerio de Salud Pública.

Como viene ocurriendo con este tipo de decretos, se utilizan las excepciones de la Ley de Contabilidad General, que habilitan contrataciones directas o pagos sin pasar por licitaciones públicas, con la anuencia y complicidad de la Dirección de Contabilidad General –que controla las operaciones contables– y del Tribunal de Cuentas de Misiones –que debería controlar los procesos, a posteriori–.

Por ejemplo, el Artículo 80° sostiene que “si el gasto pendiente de pago de un ejercicio anterior hubiera sido realizado por un agente no autorizado para ello o en contravención con las normas reglamentarias establecidas o sin contar con créditos necesarios, será también reapropiado a la partida específica del nuevo presupuesto.  Para ello será necesario el reconocimiento del gasto por el organismo pertinente, conforme lo establecido en el artículo 44.”

En otras palabras, este decreto deja en evidencia que el gasto del ejercicio fiscal del 2024, fue realizado por un funcionario no autorizado, en contravención de las normas o sin los créditos necesarios. Todo ello en beneficio de un excomisario que, además es el propietario de otra empresa de seguridad tercerizada.

Según fuentes consultadas, la empresa de Bareiro estaría pagando sueldos de miseria a sus empleados en el Hospital Samic de Eldorado: apenas $285 mil por 240 horas de trabajo mensual. Y en Montecarlo, los empleados de esta firma estarían con sueldos de apenas $190 mil mensuales, muy por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) que es, a la fecha, de $308.200.