Una cooperativa que está sospechada de precarizar a sus empleados, facturó más de $63 millones por medio de una contratación directa que autorizó el Ministerio de Salud Pública, por el servicio tercerizado de limpieza en hospitales de Misiones. Se trata de la Cooperativa de Trabajo y de Consumo Gente Porá Limitada, una organización que viene facturando millones de pesos por servicios tercerizados de Salud Pública y sobre la que se conocieron denuncias por precarización laboral.

La medida apareció publicada en el Boletín Oficial N° 16.364, del jueves 29 de Mayo de 2025. Como muchos otros decretos similares, que autorizan una contratación directa para servicios tercerizados del Estado, el decreto N° 556/25 consta de dos artículos.

Firmado por el gobernador Hugo Passalacqua, el pasado 3 de abril, el decreto reconoce “el gasto desde el 1° de Enero de 2.025 y hasta la fecha del presente Decreto”, y aprueba y autoriza “a la Dirección del Servicio Administrativo de Salud Pública, Prevención de Adicciones y Control de Drogas, a efectuar desde la fecha del presente Decreto y hasta el 31 de Marzo de 2.025, una (contratación directa) con la firma” mencionada, “para la prestación del Servicio de Limpieza Integral, destinado a los siguientes efectores y por los montos que se detallan a continuación”.

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El instrumento legal menciona que la operación está en “conformidad con la propuesta de fs. 02/06 y los Pliegos de Condiciones Particulares de fs. 08/28, encuadrando el procedimiento en los términos de los Arts. 44° y 85°, apartado 3, Inc. D) y su último párrafo, de la Ley VII - N° 11 (antes Ley 2.303)”

Se informa también que el monto total de esta contratación directa con la Cooperativa Porá Limitada, es de $63.597.972,42. Esta cifra surge de la sumatoria de lo abonado por los servicios de limpieza integral por el primer trimestre del año en el Hospital Itaembé Guazú ($14.181.393,39); Hospital Público S.A.M.I.C. Iguazú de Autogestión ($41.362.291,50) y Hospital Modular Turístico de Puerto Iguazú ($8.054.287,53)

Nuevamente, al invocarse los artículos 44° y 85° apartado 3, inciso d), se emplean las excepciones previstas por la Ley de Contabilidad General, para eludir las licitaciones públicas, que deberían realizarse para la prestación de servicios esenciales como la limpieza de hospitales. Que son servicios, vale la pena recordarlo, que se realizan regularmente en hospitales y centros de salud en todo el país.

Por otra parte, cabe remarcar que esta Cooperativa de Trabajo y Consumo Gente Porá Limitada –en junio del año pasado, se pagaron 45 millones a esta entidad–, está denunciada por precarización laboral. Según informó el portal La Voz de Cataratas, este jueves, un grupo empleadas de la cooperativa denunciaron haber sido despedidas, sin cobrar los sueldos adeudados, correspondientes a mayo y junio. Además, aseguran que carecen de aportes previsionales, cobertura social o seguro de riesgos de trabajo. Y que carecen de cualquier respaldo legal, por lo que, no les abonaron indemnizaciones.

Según el portal mencionado, las despedidas apuntaron contra Miriam Maciel, como responsable de una modalidad laboral “abusiva y sistemática”. De acuerdo con las trabajadoras, fueron presionadas para firmar renuncias bajo amenazas de no cobrar los haberes adeudados, en un contexto de hostigamiento que también estaría afectando a otros empleados del sector.

“Nos tratan mal, nos obligan a renunciar y después no nos pagan lo que nos corresponde. Tenemos hijos, familia, y una vida que sostener. Solo pedimos que se nos respete como personas y como trabajadoras”, dijo una de las denunciantes, sin identificarse por temor a represalias, al citado medio de Iguazú.

De acuerdo con el portal citado, las trabajadoras denunciaron que la práctica de contratación de la Cooperativa mencionada, encubre la evasión de responsabilidades laborales, al forzar desvinculaciones sin indemnización ni cumplimiento de derechos básicos como obra social o aportes jubilatorios.

Hasta el momento, no hay denuncias formales a la justicia ni al Ministerio de Trabajo, y la cooperativa no emitió ningún comunicado oficial en respuesta al reclamo salarial. Según señalaron al medio de Iguazú, las empleadas despedidas no descartan pedir la intervención del ministerio de Trabajo, que, paradojalmente, es el organismo que consiente, ampara o es cómplice de la precarización laboral en el marco del Estado provincial. En especial, cuando los infractores son empresas y/o cooperativas de servicios tercerizados para el Estado.