La CGT avanzó este lunes con una ofensiva judicial para
frenar el fallo que restituyó la vigencia de la reforma laboral. La central
presentó un escrito ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el
que recusó a dos camaristas de la Sala VIII y solicitó la nulidad de la
sentencia que reactivó 83 artículos de la Ley 27.802.
El planteo apunta contra los jueces Víctor Arturo Pesino y
María Dora González, quienes otorgaron efecto suspensivo al recurso del
Gobierno y dejaron sin efecto la cautelar que había frenado la aplicación de la
norma. Esa decisión modificó el escenario judicial y devolvió vigencia
inmediata a la ley en medio del conflicto entre la CGT y la Casa Rosada.
Recusaciones y cuestionamientos
La presentación, firmada por el abogado Pablo Topet, combina
dos líneas centrales. Por un lado, cuestiona la imparcialidad de los
magistrados. Por otro, impugna la competencia de la Sala VIII para intervenir
en el expediente.
En el caso de Pesino, la CGT sostuvo que existe un beneficio
directo del Poder Ejecutivo. Señaló que el Gobierno inició el trámite para
extender su permanencia en el cargo por cinco años, más allá del límite de
edad, apenas un día después de la sentencia. El escrito afirma: "La
inaceptable intervención del recusado en un expediente en el que podía
favorecer la posición de la demandada (...) constituye una causa objetiva de
apartamiento".
Sobre González, la central alegó prejuzgamiento. Indicó que
la magistrada adelantó criterio al considerar que los trabajadores involucrados
no se encontraban en situación de vulnerabilidad ni que sus derechos fueran de
naturaleza alimentaria, lo que, según el planteo, anticipa una posición sobre
el fondo del caso.
El eje de la nulidad
El pedido de nulidad se apoya en dos argumentos: la falta de
competencia funcional y la afectación del derecho de defensa. La CGT sostuvo
que la Sala I ya había intervenido en causas vinculadas y debía concentrar el
trámite del expediente.
El escrito remarcó que la intervención de la Sala VIII se
produjo con "insólita premura" y sin traslado previo, lo que impidió
cuestionar a tiempo la competencia. En ese marco, afirmó: "No hay libertad
ni discrecionalidad en la aplicación de la regla: es distributiva de
competencia y vinculante para todas las Salas del Tribunal".
Además, la central citó antecedentes en los que el propio
tribunal reconoció errores procesales similares y sostuvo que, ante la duda,
debe priorizarse la protección del derecho de defensa y el debido proceso.
La decisión de la Cámara dejó sin efecto la cautelar dictada
por el juez Raúl Horacio Ojeda, que había suspendido parcialmente la reforma
laboral. Ese freno alcanzaba aspectos como el cálculo de indemnizaciones,
limitaciones al derecho de huelga, la implementación del Fondo de Asistencia
Laboral y cambios en la organización del tiempo de trabajo.
Al otorgar efecto suspensivo a la apelación del Estado, los
camaristas reactivaron la aplicación de esos puntos hasta que se dicte una
resolución de fondo.
La CGT advirtió que esa situación "cercena derechos
adquiridos de protección constitucional" y genera un daño inmediato sobre
trabajadores y organizaciones sindicales.
Fuente: BAE
