El expediente por presunto enriquecimiento ilícito contra
Manuel Adorni sumó una declaración clave. Pablo Martín Feijoo, hijo de una de
las jubiladas que intervinieron en la operatoria del departamento de Caballito,
afirmó ante el fiscal Gerardo Pollicita que existe un acuerdo por USD 65.000
que no figura en la escritura.
Bajo juramento, Feijoo señaló que asumió el costo total de
las refacciones y obras de remodelación del inmueble de la calle Miró al 500 y
lo estimó en USD 65.000. Según su testimonio, ese monto no se incorporó a la
operación formal y quedó sujeto a un acuerdo de palabra con Adorni, sin
respaldo documental.
"Le informo a Adorni que mis gastos son por 65.000
dólares. Fue un acuerdo de palabra", declaró el testigo ante la fiscalía.
De acuerdo con lo declarado, el compromiso consistía en
recuperar ese dinero "por afuera" cuando el funcionario concretara la
venta de su propiedad en Parque Chacabuco, un esquema que, según el propio
testimonio, también buscaba evitar pérdidas en la operación.
Fuentes judiciales indicaron que ese monto aún no fue
devuelto, un punto que la fiscalía incorporó al análisis de la operatoria.
La exposición del testigo se extendió durante tres horas y
se centró en la secuencia de remodelación, fijación de precios y condiciones de
pago del inmueble.
Cómo se armó la operación inmobiliaria
La reconstrucción judicial ubica el origen de la maniobra en
mayo de 2025. El exfutbolista Hugo Morales vendió el departamento a las
jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo por USD 200.000. Ambas actuaron como
compradoras iniciales y luego como acreedoras.
Meses después, el inmueble pasó a manos de Adorni por USD
230.000. El esquema incluyó un anticipo de USD 30.000 y una financiación del
resto a un año, sin intereses, instrumentada mediante una hipoteca. En caso de
incumplimiento, el acuerdo prevé la restitución del bien.
Ante la Justicia, el testigo también sostuvo que cerrar la operación con un funcionario le resultaba conveniente desde el punto de vista comercial, en el marco de su actividad en el sector, ya que le permitía mostrar antecedentes de operaciones con clientes de alto perfil.
Precios en discusión y rol del intermediario
Otros testimonios incorporados al expediente aportaron referencias sobre el valor del inmueble en el mercado. La martillera Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi declararon que el departamento se ofreció inicialmente en USD 375.000 y que podía venderse en torno a USD 345.000.
Esa diferencia de valuación quedó bajo análisis de la
fiscalía en el marco de la revisión integral de la operatoria.
Otras propiedades bajo la lupa
En paralelo, la
fiscalía profundiza el análisis sobre el origen de los fondos y los movimientos
en moneda extranjera vinculados a las operaciones bajo estudio.
La investigación también avanza sobre otras propiedades del
funcionario. Entre ellas figura una vivienda en el country Indio Cuá, a nombre
de su esposa Bettina Angeletti, donde se realizaron refacciones. El contratista
de esas obras fue citado a declarar para precisar costos.
La fiscalía busca reconstruir la trazabilidad completa de
los fondos y determinar si el nivel de gastos y adquisiciones se corresponde
con los ingresos declarados. En ese recorrido, la mención de un pago no
documentado por USD 65.000 introduce un nuevo elemento en el análisis de la
operación de Caballito.
Fuente: BAE
