El Gobierno nacional autorizó la instalación de sistemas de
tecnología avanzada para detectar y bloquear celulares en las cárceles
federales. La medida ya es oficial y busca impedir que los presos sigan
coordinando maniobras ilícitas desde el interior de los establecimientos
penitenciarios.
La decisión se formalizó este lunes a través de una
resolución firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, mediante
la cual se habilita al Servicio Penitenciario Federal a implementar
dispositivos de detección y bloqueo de IMEI/IMSI, con el objetivo de impedir el
uso indebido de celulares en el interior de las cárceles.
De esta forma, la medida busca reducir la capacidad de
acción de organizaciones criminales que siguen operando desde los lugares de
detención, al tiempo que se pretende fortalece las capacidades de control
intramuros.
Cómo será el procedimiento
La medida quedó formalizada en el “Manual de Procedimiento
para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios
Federales”, el cual establece cómo detectar y anular los celulares en las
cárceles.
El mecanismo se basa en la identificación de los teléfonos a
través de dos códigos clave: el IMEI (International Mobile Equipment Identity),
que es el número único de cada equipo, y el IMSI I (International Mobile
Subscriber Identity), vinculado a la tarjeta SIM.
Cuando un celular se activa dentro de una zona prohibida,
equipos lo detectan automáticamente y generan un reporte con esos datos.
A partir de ahí, la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios
solicita el bloqueo inmediato a las empresas prestadoras de servicios de
telecomunicaciones. Las compañías deben validar la información y proceder a
inutilizar el dispositivo en un plazo máximo de 48 horas, impidiendo que vuelva
a conectarse a cualquier red.
El sistema no solo apunta a los internos: también incluye
controles sobre el ingreso de celulares por parte de personal autorizado. Para
eso, se dispondrán sectores específicos fuera de las áreas restringidas donde
agentes penitenciarios, funcionarios judiciales o abogados deberán dejar sus
dispositivos antes de ingresar.
Además, habrá un monitoreo constante desde centros de
control, con registros actualizados de todos los equipos bloqueados y
auditorías periódicas para verificar el cumplimiento del procedimiento.
Qué dice la resolución del Ministerio de Seguridad
La resolución se inscribe en el régimen legal vigente de
ejecución de la pena privativa de la libertad, que reconoce el derecho de las
personas detenidas a mantener comunicaciones en los términos previstos por la
ley, pero prohíbe expresamente las comunicaciones telefónicas a través de
equipos o terminales móviles.
La Dirección Nacional de Tecnología de la Información,
dependiente de la Secretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de
Seguridad, será la encargada de llevar adelante los trámites necesarios para la
adquisición, instalación, mantenimiento y supervisión de la tecnología
requerida.
También se dispuso la adopción de ajustes técnicos para
evitar que el funcionamiento del sistema afecte áreas exteriores a los
establecimientos donde sea instalado.
Fuente: M1
