Este miércoles, productores y tareferos se manifestaron frente a la sede central del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) en la calle Rivadavia de Posadas, exigiendo que el presidente Javier Milei designe a un presidente del organismo, cumpliendo con sus deberes de funcionario público.
Al respecto, el referente yerbatero y tealero de APAM (Asociación de Productores Agrarios de Misiones) Hugo Sand dialogó con LT4 y consideró que la crisis que afecta al sector, está correlacionada con la que sufren otros sectores, como los jubilados o los estudiantes, en el contexto del ajuste y la motosierra del gobierno ultraderechista de Milei.
“Estamos frente al INYM para pedirle al presidente Javier Milei que cese con el delito, que termine con este tema, que nombre un presidente al instituto; estamos para pedirle al gobierno de la provincia de Corrientes que ordene a su representante que se siente en la silla (en el directorio del Instituto), que la ley ordena que debe hacerlo y que podamos trabajar dentro de un marco legal”, explicó Sand sobre una de los argumentos de la protesta.
En esta línea, Sand insistió en que sólo están “pidiendo que se cumpla con la ley.”
Repreguntado sobre la mirada que tienen sobre el aumento de la conflictividad en el sector yerbatero, que es uno de los más castigados por la desregulación del mercado, Sand comentó: “la gente está comenzando a darse cuenta, espero que así sea, que tiene que salir a defenderse, a defender sus derechos. Hay muchos que tienen vergüenza porque tenemos que ser sinceros, la gran mayoría ha votado este proyecto político y ahora tienen un poco de vergüenza de salir a la ruta, a pisar el asfalto, a decir esto no me gusta.”
Sand admitió que muchos productores agrarios votaron a Milei en 2023, pero ahora atraviesan un contexto económico de quebranto y crisis, casi sin precedentes. “Hay colonos que, para hacer la revisación técnica de las camionetas, nos prestamos las cubiertas. Sacamos la camioneta de Pedro, pongo la mía, hago la revisación técnica, vuelvo, pongo mi cubierta vieja y le devuelvo. ¿A eso estamos llegando? ¿A sacar la batería del tractor para poner en (otro tractor)?”, se preguntó Sand, quien recordó que esto se vivió durante el gobierno de Carlos Menem.
“Todavía no aprendimos eso”, se lamentó Sand, apuntando a que parece estar dándose una pedagogía del dolor, en la que los productores tienen que “volver” a golpearse “para aprender que la derecha es nefasta para nosotros, por lo menos, para el productor primario yerbatero.”
Según Sand, los productores siempre fueron custodios del INYM y por eso, han criticado con dureza, cuando los funcionarios del organismo, no cumplían con su trabajo. Justamente por eso, no pueden avalar un desguace total del instituto. “Hoy estamos acá para reclamarle al presidente de la República que ponga un presidente en el INYM. Eso es lo que nosotros queremos, que comienza a funcionar dentro del marco legal el INYM”, subrayó.
“Tenemos que aplicar cupo de cosecha, limitar plantaciones, crear mercado consignatario, volver a sacar el té que el gobierno autorizó poner adentro de la yerba”, planteó Sand, quien aseguró que se puede producir sin agrotóxicos como el glifosato y que va a proponer que no se incluya el uso de herbicidas en la grilla de costos del INYM.
Por último, Sand apuntó contra los grandes molinos como Las Marías, que en el contexto de la recesión económica y el desplome del consumo en el segundo año del gobierno de Milei, está despidiendo personal. “Que expliquen ellos por qué no tienen plata Si se han quedado con todo el dinero de una provincia, de Misiones. (Son) 200.000 millones de pesos se quedaron esas empresas monopólicas. Pero hoy no pueden subsistir. Es una forma de dejar gente afuera y meter máquinas”, bramó Sand, apuntando a que los grandes molinos quieren mecanizar su producción para pagar menos salarios.
En cuanto a los números que pondera Sand, surgen de la diferencia entre lo que pagaron los grandes molinos por la hoja verde a los productores, en el contexto de la desregulación y el desguace del INYM y lo que deberían haber pagado si el instituto fijaba un precio sostén. Desde la firma del DNU 70/23 del presidente Milei, el Instituto nacional ya no puede determinar precios mínimos, lo que dejó a los productores, sin un blindaje al momento de negociar precios con las industrias.
