El Gobierno nacional solicitó el retiro del proyecto de
reforma de la Ley Penal Juvenil que había sido enviado este lunes al Congreso
de la Nación. La decisión se tomó tras advertir diferencias sustanciales con
los bloques aliados, que ponían en riesgo su tratamiento en la Cámara de
Diputados.
Una de las razones centrales del repliegue fue que el
oficialismo incluyó en el dictamen remitido al Parlamento la reducción de la
edad de imputabilidad a los 13 años, cuando el consenso alcanzado previamente
con los espacios dialoguistas fijaba ese límite en 14 años, tal como había
quedado establecido en el texto que obtuvo dictamen en 2025.
El proyecto que crea un nuevo régimen penal juvenil es, en
términos generales, muy similar al que fue debatido y aprobado en comisión en
mayo del año pasado. Sin embargo, la nueva versión incorporó modificaciones que
reabrieron el debate político y obligaron al Ejecutivo a recalcular su
estrategia legislativa.
Cambios en la reforma
Entre los cambios introducidos,
el Gobierno sumó por primera vez una asignación específica de fondos para
garantizar la implementación efectiva de la ley. En ese sentido, el texto
dispone más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3
mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia, con el objetivo de
fortalecer el sistema de defensa y la estructura judicial necesaria para
aplicar el nuevo régimen.
En el proyecto original, el financiamiento quedaba sujeto a
la discrecionalidad de la Jefatura de Gabinete, una situación que había
despertado críticas y sospechas sobre la viabilidad real de la norma y el
riesgo de que se transformara en letra muerta.
Más allá del refuerzo
presupuestario, el principal punto de conflicto siguió siendo la edad de
imputabilidad. Mientras el dictamen anterior establecía los 14 años como edad
mínima punible, el texto ingresado esta semana reabrió la discusión al
incorporar la posibilidad de fijarla en 13 años, una decisión que rompió el
acuerdo político previo.
Con el retiro del proyecto, el
Gobierno busca ahora reformular la iniciativa, recuperar consensos y evitar una
derrota legislativa en Diputados, en un tema altamente sensible que combina
seguridad, derechos de la niñez y fuerte impacto político.
