La ley de Inocencia fiscal,
propuesta por el Poder Ejecutivo, fue sancionada este viernes en el Senado. De
esta manera, el gobierno del presidente Javier Milei buscará fomentar el
blanqueo de dólares adquiridos en el mercado informal.
La norma introduce modificaciones
al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769); a los Procedimientos Fiscales (Ley
11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación; así como también, un
Régimen de Declaración Jurada Simplificada.
La iniciativa crea un “Régimen
simplificado de Ganancias” por el cual, de acuerdo al Gobierno, los
contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”, supo la Agencia
Noticias Argentinas.
Este régimen, que tendrá un tope
patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder adherir, garantiza a
los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y
tampoco se controlarán los consumos que hagan.
Esto implica que ARCA sólo les
cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado,
independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será
controlado) y de esa base se deducirán los consumos.
El artículo 39 del proyecto
"establece el efecto liberatorio del pago, si se acepta el contenido de la
declaración jurada propuesta por ARCA y se realiza el pago en término; excepto
que se hayan omitido ingresos".
El proyecto de Inocencia Fiscal
aumenta los montos para que se considere que una persona cometió el delito
evasión simple, pasando de $1.500.000 a $100.000.000.
En tanto, para que la conducta a
investigar se considere de “evasión agravada”, el piso tiene que superar los
1.000 millones de pesos (ya no más 15 millones).
Por otra parte, se reduce el plazo
de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años. ARCA no
iniciará acciones penales siempre y cuando se cancelen las deudas y sus
respectivos intereses, aunque este beneficio correrá una sola vez por
contribuyente.
Si la denuncia no estuviera aún
radicada, quedará extinguida en caso de que el contribuyente cancele esas
obligaciones pagando un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles desde
la notificación de la imputación.
Si bien el proyecto apunta a un
relajamiento de los controles fiscales, aumentarán los montos de las sanciones
económicas por presentar declaraciones juradas fuera de término.
Fuente: NA