El gobierno nacional prorrogó un decreto del 2021, reglamentado
durante la presidencia de Alberto Fernández, que permite compatibilizar el
empleo rural temporario con el cobro de distintos planes sociales.
Esta medida beneficia a unos 120 mil trabajadores rurales, que
lograron incorporarse al empleo registrado sin perder la asistencia estatal.
El presidente Javier Milei lo definió por medio del Decreto
777/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial con las firmas del jefe
de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano, Sandra
Pettovello.
La funcionaria, de hecho, había sido destinataria el pasado 22 de
agosto de una nota formal enviada por José Voytenco, secretario general de la
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y presidente del
RENATRE, en la que se solicitaba la continuidad del beneficio.
Desde el sector consideraban que su extensión era fundamental para
seguir promoviendo “el trabajo formal y decente” en el ámbito rural.
En ese marco, a través del artículo 1° de la flamante normativa,
el Ejecutivo definió extender “la vigencia del Decreto N° 514 del 13 de agosto
de 2021, sus normas complementarias y aclaratorias, por el término de un año,
contado a partir del 1° de septiembre de 2025”.
Ese decreto inicial, que vio la luz hace poco más de 4 años, fue
pensado para eliminar un obstáculo que durante mucho tiempo desalentó la
registración y que estaba vinculado al temor de muchos trabajadores a perder
planes sociales si aceptaban un empleo formal.
Promovía “medidas orientadas a promover el trabajo registrado y la
ampliación de los beneficios de la seguridad social de los trabajadores rurales
que prestan servicios en actividades temporales y estacionales, así como de sus
grupos familiares”.
A través del DNU 514/2021, se busca compatibilizar los planes
sociales con el empleo rural registrado bajo las modalidades de contratación
temporario, permanente discontinuo o de temporada.
Además, garantizaba “que las asignaciones familiares que les
correspondan a quienes se encuentren contratados bajo las modalidades previstas
en la norma no resulten inferiores al monto equivalente al 100 % del valor de
la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, en las condiciones y
términos fijados por las normas complementarias”.
En definitiva, dispuso “la complementariedad entre las políticas
de protección social y el acceso al trabajo registrado, permitiendo que las
personas titulares de determinados programas y prestaciones sociales pudieran
mantenerlos al ser contratadas bajo las modalidades contempladas en la norma”.
El decreto original fue prorrogado por su similar Nº 423/23 por el
término de dos años, contados a partir del 1° de septiembre de 2023. Y ahora,
no solo ante su caducidad, sino también frente a la opinión de “distintos
actores representativos de las economías regionales, asociaciones sindicales y
de productores han manifestado la conveniencia de dar continuidad a dicha
norma, con el fin de consolidar los resultados alcanzados”, el Gobierno decidió
una nueva extensión.
“Las medidas dispuestas por su intermedio han contribuido a la
inclusión laboral de los trabajadores del sector, a la mejora de sus ingresos y
de sus condiciones de vida y la de sus grupos familiares”, justificó el
Ejecutivo en los considerandos.
Fuente: TN
