La reforma laboral del Gobierno
Nacional fue ingresada al recinto de la Cámara de Senadores el jueves 11 de
diciembre y propone cambios que afectan a distintos sectores de la sociedad.
Entre ellos, el judicial, que plantea que algunos artículos del proyecto
atentan contra la vigencia del fuero laboral nacional.
Así lo hizo saber la Asociación
de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, en un comunicado en el
que rechazan las modificaciones propuestas en el proyecto que el oficialismo
denominó como “Ley de Modernización Laboral”, al que se opusieron “de manera
categórica”.
Según los jueces, ciertos
artículos plantean problemáticas “tendientes a la disolución de la Justicia
Nacional del Trabajo”. El comunicado fue firmado por el juez Andrés Basso y la
secretaria María Carolina Ocampo.
Los artículos que alertaron a los
jueces
Los puntos que causan la
impugnación de la asociación son los artículos 90 y 91. El primero plantea que
“Los jueces que resuelvan causas de índole laboral deberán, de forma
obligatoria, adecuar sus decisiones a los precedentes establecidos por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en la materia. El apartamiento infundado de
los magistrados respecto de dichos criterios configurará una causal de mal
desempeño en sus funciones”.
El segundo, que más revuelo causa entre los magistrados,
dicta “Vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo. La Justicia
Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el
acuerdo de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo
entre la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una vez
formalizado dicho acuerdo, se dispondrán los actos necesarios para su
progresiva disolución conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos."
En el caso del artículo 90, el
problema que plantean los jueces es que, si bien tienen que seguir los
principios emanados de la Corte Suprema, conservan autonomía para decidir en
sus casos según sus propios criterios.
En el segundo, se critica la
autoridad otorgada al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que supera en
poder de decisión a los tribunales nacionales.
“Instamos una vez más a que
cualquier modificación que se pretenda introducir lo sea dentro de un marco de
respeto a las instituciones que garantice la independencia judicial y el no
avasallamiento de los fueros nacionales”, fue la respuesta de los jueces al
proyecto de reforma laboral para el cual el oficialismo debe buscar aliados si
quiere garantizar su aprobación.
En conclusión, sostienen que se
mantendrán en “estado de alerta” ante cualquier novedad y comenzaron gestiones
internas ante lo que consideran un avance directo sobre la estructura y la
competencia del fuero nacional.
Fuente: Diario26
