Este martes, el gobierno del presidente ultraderechista Javier Milei eliminó la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) creada para “recabar información” sobre la criptoestafa $Libra, la meme-coin que el Presidente difundió en sus redes sociales, posibilitando que la cotización suba exponencialmente, beneficiando a un puñado de inversiones que, se sospecha, tenían “información privilegiada”.

De acuerdo con Perfil, la decisión se concretó a través del Decreto 332/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, con las firmas del mandatario acusado y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. De acuerdo con el decreto, la información sobre el criptoactivo requerida a distintos organismos “fue remitida al Ministerio Público Fiscal” y “la tarea encomendada por el Decreto N° 114/25 fue cumplimentada”.

Según el texto oficial, entregaron información la Oficina Anticorrupción, el Banco Central, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Agencia de recaudación ARCA (exAFIP), la Casa Militar, la Dirección de Migraciones, la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería, la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), la Inspección General de Justicia (IGJ), la subsecretaría de Asuntos Políticos y la Jefatura de Gabinete.

No obstante, aún no se publicaron los informes oficiales que vendrían a justificar la disolución de la unidad, mientras que el caso continúa bajo investigación en el juzgado que preside la jueza María Romilda Servini de Cubría. En esta causa algunos de los damnificados, son querellantes con la representación del abogado y referente social, Juan Grabois. Días atrás, la jueza congeló las cuentas bancarias de uno de los implicados, Mauricio Novelli y dos de sus familiares, al conocerse que extrajeron bolsos con -presumiblemente- dinero, de cajas fuertes de un banco, el 17 de febrero de este año, en el primer día hábil de consumada la estafa. 

La UTI había sido creada por la propia administración libertaria el 19 de febrero, cinco días después de la publicación de Milei en X (ex Twitter) en la que difundió el criptoactivo, en una acción que lo complicó junto a su hermana y funcionaria Karina Milei. Es que por la difusión del presidente del contrato para adquirir acciones del meme-coin $Libra, la cripto moneda pasó de valer 0.000001 dólares a 5,40 dólares.

Así, quienes compraron la memcoin en el inicio, pudieron adquirir esta criptomoneda a un precio irrisorio, para luego venderla cuando su cotización se multiplicó exponencialmente. Esta maniobra conocida como “rug pull” (en español, “tirón de alfombra”) ocurre cuando los desarrolladores detrás de un proyecto lanzan un token y atraen inversores para que aumente su valor, y luego repentinamente retirar los fondos y llevarse el dinero. Cuando los estafadores vacían los pools de liquidez el precio del criptoactivo cae a cero y los inversores pierden la capacidad de intercambiar los tokens por otros más estables o dinero de curso legal.

Así, se estima que un puñado de inversores –algunos de los cuales visitaron a Milei en la Casa Rosada en varias oportunidades– se hicieron con una ganancia de unos 100 millones de dólares, ocasionando pérdidas a más de 40 mil damnificados en todo el mundo. Estos son los que creyeron en la promoción de Milei que, pasa a ser, como mínimo, partícipe necesario de la criptoestafa.

El organismo disuelto por Milei y Cúneo Libarona, iba a funcionar dentro de la cartera de Justicia con el objetivo de recopilar información sobre el caso y colaborar con el poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal (MPF) durante el proceso investigativo.

María Florencia Zicavo, la entonces jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia y mano derecha de Cúneo Libarona, había sido designada como titular del cuerpo investigador. También estaba conformada por representantes de organismos especializados en activos virtuales, delitos financieros y lavado de dinero.

Entre sus funciones, la unidad tenía la facultad de solicitar información y documentación a los organismos del sector público nacional, así como solicitar datos a autoridades provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y organismos internacionales a través de la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Más allá del cierre de la UTI, se iniciaron expedientes de la causa en la Justicia Federal, la Oficina Anticorrupción y el Congreso Nacional. En línea con la medida publicada este martes, el avance de todas las investigaciones es obstruido por la resistencia de los funcionarios del Gobierno a colaborar con información. El caso llegó también a los tribunales estadounidenses, donde un grupo de damnificados presentó una demanda colectiva.

En las últimas semanas, el Gobierno también logró bloquear la definición de autoridades de la comisión investigadora creada en la Cámara de Diputados, que nunca entró en funcionamiento gracias a las maniobras del oficialismo, que conformó la comisión de manera tal que haya empate entre los que quieren impulsar la investigación, y los que la quieren sepultar, básicamente LLA, el PRO y la UCR oficialista.

Al mismo tiempo, los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Justicia, esquivaron la interpelación en el Congreso y la sesión se cayó. Paralelamente, la citación a la hermana del Presidente, Karina Milei, ni siquiera se concretó. La secretaria General de la Presidencia está implicada por su participación en las reuniones con los desarrolladores de la criptomoneda, Hayden Davis y Julián Peh.