La Justicia federal le ordenó este martes al Poder Ejecutivo
aplicar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario y dejó sin
efecto, de forma cautelar, el decreto que había suspendido la actualización de
salarios docentes y becas estudiantiles.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Contencioso
Administrativo Federal 11, a cargo del juez Martín Cormick, en el marco de una
acción de amparo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras
entidades del sistema universitario, según pudo confirmar la Agencia Noticias
Argentinas de fuentes judiciales.
El magistrado declaró inaplicable el decreto 759/2025 en
cuanto condicionaba la ejecución de la ley 27.795 a la definición previa de las
fuentes de financiamiento por parte del Congreso.
Según el fallo, al que tuvo acceso la Agencia Noticias
Argentinas, la suspensión dispuesta por el Ejecutivo aparece, en esta etapa
preliminar del proceso, como una conducta arbitraria y contraria a la
Constitución.
El juez sostuvo que, tras la insistencia legislativa de
ambas cámaras, prevista en el artículo 83 de la Constitución, “no admitiría, a
priori, una variante suspensiva” para la promulgación y aplicación de la norma.
La resolución hizo lugar a la medida cautelar y ordenó al
Estado cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen
la actualización de las remesas destinadas al pago de salarios docentes y la
recomposición automática de las becas estudiantiles. La cautelar tendrá
vigencia hasta el dictado de la sentencia definitiva.
El fallo
En sus fundamentos, Cormick señaló que el incumplimiento del
deber normativo ocasiona “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”,
al advertir sobre la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los ingresos
del colectivo afectado.
Añadió que esa situación compromete derechos laborales
protegidos por la Constitución y por tratados internacionales de derechos
humanos.
El juez también rechazó el argumento del interés público
esgrimido por el Gobierno y sostuvo que el deterioro salarial impacta no solo
en los trabajadores universitarios, sino también en el derecho a enseñar y
aprender. En ese sentido, indicó que el eventual ahorro fiscal tendría una
incidencia reducida, estimada en alrededor del 0,23 % del PBI.
Asimismo, la resolución cuestionó la medida del Ejecutivo
por considerar que podría vulnerar el principio de división de poderes, al
intentar condicionar la vigencia de una ley insistida por el Congreso mediante
una norma de jerarquía inferior.
El fallo aclaró que la medida se dicta en un estado
preliminar del proceso y no implica adelantar opinión sobre el fondo de la
cuestión, pero consideró reunidos los requisitos legales para conceder la
cautelar y ordenar el cumplimiento inmediato de la ley.
Fuente: NA
