El Poder Ejecutivo envió este lunes a la Cámara de Diputados
un nuevo proyecto sobre régimen penal juvenil. El texto conserva la propuesta
presentada en 2024, pero contiene esta vez un articulado que detalla la
asignación presupuestaria para su implementación.
Tras ser incluido en el temario de extraordinarias, esta
semana el oficialismo buscará un tratamiento exprés de la iniciativa: se estima
que el miércoles sea dictaminado en un plenario de comisiones y el jueves se
debata en sesión.
En mayo de 2025, el proyecto recibió despacho de las
comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y
Presupuesto y Hacienda, tras un consenso entre el proyecto del PEN y otra
docena de iniciativas presentadas. Sin embargo, no llegó al recinto.
Caído ese dictamen tras la renovación parlamentaria, deberá
firmarse uno nuevo. Al igual que el año pasado, la oposición dialoguista ya
anticipó a La Libertad Avanza que acompañará la baja en la edad de
imputabilidad en los 14 años y no a los 13, como quiere el Gobierno.
Esa misma edad es la que se propone en el proyecto que
ingresó este lunes, donde prevé un nuevo régimen penal juvenil "aplicable
a personas desde los 13 años de edad hasta las 0 horas del día en que cumplan
18 años de edad cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en
el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en
el futuro".
La semana pasada, los jefes de bloques de Diputados se
reunieron con el titular del cuerpo, Martín Menem, y allí se definió un
cronograma para el debate de este tema. Además, se confirmó que se harían
cambios sobre la cuestión presupuestaria, ya que el dictamen anterior preveía
la facultad al jefe de Gabinete para readecuar partidas presupuestarias,
metodología cuestionada desde la propia Casa Rosada sobre leyes impulsadas por
la oposición que estiman eso mismo.
Así, trascendió desde sectores dialoguistas que se
contemplaría la posibilidad de convenios entre Nación y las provincias, con el
objetivo de que éstas puedan readecuar sus sistemas.
Sin embargo, el cambio que contiene el nuevo proyecto, más
precisamente en el artículo 51, consiste en aclarar que para hacer efectiva
esta ley se destinará un monto total de $23.739.155.303,08, el cual provendrá
en $3.131.996.784,28 del Ministerio de Justicia y $20.607.158.518,80 de la
Defensoría General de la Nación.
En los argumentos del proyecto, el PEN sostuvo que "la
situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves
problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina, y su abordaje requiere una
solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también
medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que
obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y
arrepentimiento por la conducta punible perpetrada".
"Como se mencionó oportunamente en el año 2024, la
vigente Ley N° 22.278 sobre Régimen Penal de la Minoridad, sancionada en el año
1980, no responde a los principios reconocidos en la Constitución Nacional y en
la legislación internacional, respecto del menor que ha infringido la ley
penal. Es por ello que resulta indispensable sancionar una ley especial que
regule la materia e incorpore los referidos principios, adecuada a nuestra
realidad social", se agregó.
Además, el Gobierno justificó que "la legislación
argentina se encuentra en minoría en la región en cuanto al umbral de
imputabilidad". Allí mencionó que Chile, Colombia y Perú la fijaron en 14
años; Guatemala, Nicaragua y Uruguay en 13; y Brasil y México en 12.
A través de más de 50 artículos, la iniciativa prevé
principios rectores, derechos y garantías del régimen penal juvenil; los
derechos de las víctimas; las penas y las medidas complementarias; las causales
de extinción de la acción penal y de la pena; la supervisión por parte de los
órganos competentes del Estado; las características de los institutos
especializados de detención y las medidas de salud; y las disposiciones
presupuestarias pertinentes.
Esto último, "en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629 y por el artículo 38 de la Ley N° 24.156", remarcó el PEN sobre la cuestión fiscal.
Fuente: Parlamentario
