Una insólita situación se dio con relación al ministro del Agro y la Producción Facundo López Sartori, que tenía aprobado un contrato de locación en su beneficio con el Consejo General de Educación, pocos meses después de ya haber sido designado al frente de la cartera provincial. Como es de público conocimiento, el politólogo López Sartori juró como edil de Posadas, el 10 de diciembre del 2019 y tenía mandato hasta el 2023. Pero asumió como ministro del Agro, el 31 de mayo del 2022.
Unas semanas más tarde, en agosto del 2022, el CGE había aprobado alquilarle un inmueble para el funcionamiento del Centro de Educación Ambiental (CEA). Pero el funcionario solicitó que se rescinda el contrato de locación, algo que finalmente ocurrió en abril del 2023. Toda esta información fue difundida en el Boletín Oficial N° 15873, del martes 16 de Mayo de 2023.
En el boletín oficial, en la página 12, aparece el edicto titulado: “Consejo General de Educación provincia de Misiones. Visto, el ‘Expediente 5557-5-m-22 Malena Mazal coordinadora general CEA solicitud - confección de contrato de locación de inmueble’”. El documento detalla que, en el expediente de referencia, “en su comienzo se da inicio a los fines de gestionar contrato de locación que tenía por objeto el inmueble sito en calle Troázzi N° 1.189 de la Ciudad de Posadas”.
Asimismo, describe el edicto que, “habiendo tenido avance la presente solicitud y avanzó al punto de haberse confeccionado el contrato de locación”, en la foja 22, “obra Resolución N° 4.339 de fecha 10 de Agosto de 2.022, el Honorable Consejo Autoriza en su artículo 1° al Director Profesor Juan Alberto Galarza, (…), a suscribir el contrato de locación con el Sr. Facundo López Sartori (…), representado por su apoderada Sra. Emilia Itatí Juañuk (…)”
Acto seguido, el edicto revela que, en la foja 26 del expediente, “se presenta por intermedio de una nota la apoderada del Locador, la Abogada India Itatí López Sartori. La misma solicita al Director del Consejo General de Educación, rescindir el contrato y se deje sin efecto la continuidad del trámite de referencia, que se aclara tiene como objeto la locación del inmueble.”
“Es dable de resaltar que a la fecha [16 de mayo del 2023] no ha percibido ningún canon locativo, por lo que se solicita se rescinda el contrato de alquiler, renunciando a todo saldo que surja del mismo”, indica el edicto, confirmando que el alquiler ya estaba aprobado al momento en que López Sartori era ministro y que el funcionario solicitó rescindir el contrato.
De acuerdo con el edicto, en el Dictamen N° 93/2.022 del CGE, “no hay objeción de rescindir el contrato de alquiler, renunciando a todo saldo que surja del mismo” y “en Sesión del día 10 de Abril de 2.023 el Honorable Consejo General de Educación tomó conocimiento del expediente, y resolvió aprobar la solicitud de rescindir el contrato y dejar sin efecto la continuidad del trámite para la locación del inmueble ubicado en calle Troázzi N° 1.189 de la Ciudad de Posadas, para el funcionamiento del Centro de Educación Ambiental (CEA).”
“Se aclara así que a la fecha la locadora no ha percibido ningún canon locativo, renunciando a fs. 26 saldo que surja del mismo”, detalla el edicto, que ratifica que el CGE decidió “rescindir, dejar sin efecto el contrato de locación suscripto con la Sra. India Itatí López Sartori, (…), en su carácter de apoderada del Sr. Facundo López Sartori (…)” por el “inmueble sito en calle Troázzi N° 1.189 de la Ciudad de Posadas, Misiones. Objeto del contrato”.
Asimismo, el edicto puntualiza que el “locador”, es decir, el entonces ministro López Sartori, renunciaba a percibir y reclamar “saldo que surja de la presente rescisión del contrato locativo.” La orden de rescindir este contrato lleva las firmas del exdirector general del CGE, Alberto “Colita” Galarza y de la exsecretaria general Norma Cuquejo.
“No es muy ético. Deberían hacerse contratos con gente que está totalmente lejana, fuera del ámbito del Estado y más aún, de la estructura de poder del Estado”, contó una fuente del ámbito del derecho, sobre esta insólita situación que se dio con el ministro López Sartori.
De acuerdo con las fuentes, las “negociaciones incompatibles” se dan cuando se prueba que un funcionario “se interesa o hace contratos aprovechando su posición.” “López Sartori ingresa como ministro, y después suspenden el trámite”, explicó la fuente, que apuntó a una práctica recurrente en el Estado misionero.
“¿Por qué habría de alquilarle a él? ¿Era necesario que le alquilen el inmueble? Aunque no se haya concretado, esto muestra por debajo cómo funciona el Estado. Se hacen contratos de locación donde el Estado pone dinero, siempre con gente que de alguna manera, se vincula a funcionarios, o por otros funcionarios. No es muy ético”, recalcó la fuente.
