En una sesión que se extendió
durante horas, el Senado de la Nación convirtió en ley este viernes el
Presupuesto 2026. La votación en general terminó con 46 votos afirmativos, 25
negativos y una abstención.
El oficialismo consiguió el
respaldo de los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO donde se
encuentra el senador misionero Martín Goerling, un grupo de peronistas
referenciados en el bloque Convicción Federal y senadores que mantienen
posiciones independientes en la Cámara alta o que responden a gobernadores como
los otros legisladores misioneros, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.
Por el contrario, el bloque
Justicialista que lidera José Mayans —alineado con la expresidenta Cristina
Fernández de Kirchner— votó en contra de la iniciativa.
Los senadores peronistas rechazaron
todo el texto que ya había conseguido media sanción en Diputados, donde se
eliminó el polémico Capítulo 11 que proponía derogar las leyes de Emergencia en
Discapacidad y de Financiamiento Universitario.
El Capítulo 2, eje de la polémica:
quiénes acompañaron al Gobierno
Uno de los puntos más discutidos
fue el Capítulo 2 del Presupuesto, que contenía los artículos 12 y 30, los más
discutidos entre los legisladores. Finalmente, ese apartado fue aprobado por 42
votos afirmativos, 28 negativos y dos abstenciones.
Además de la bancada libertaria,
acompañaron el capítulo los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano;
casi toda la UCR, salvo Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger; el
PRO; los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce; la salteña Flavia Royón y
los peronistas Guillermo Andrada y Carolina Moisés.
Qué cambia el Capítulo 2
El artículo 12 del Capítulo 2
establece que las universidades nacionales recibirán recursos por 4,8 billones
de pesos, pero impone nuevos requisitos para que las casas de estudio puedan
acceder a esos fondos.
El artículo 30 también fue uno de
los más cuestionados: deroga el punto de la ley de Educación que obligaba a
destinar un 6% del PBI al sector, elimina el financiamiento progresivo de la
ley de Ciencia y Técnica —que preveía llegar al 1% del PBI en 2032— y suprime
el piso del 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto educativo para los
colegios técnicos.
La aprobación de estos artículos generó fuertes críticas de
la oposición, que advirtió sobre el impacto en el financiamiento universitario
y científico. Sin embargo, el oficialismo defendió los cambios como parte de su
plan de ajuste y reorganización del gasto público.
