El gobierno nacional que encabeza el presidente ultraderechista Javier Milei se niega a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario vigente y, en su lugar, envió al Congreso un nuevo proyecto para modificar la norma original. Ante la negativa de la administración libertaria respecto del dinero que corresponde a las casas de estudio, los gremios docentes encabezados por la Conadu (Federación Nacional de Docentes Universitarios) decidieron realizar un paro durante la semana del 16 al 22 de marzo. Esta medida forma parte de un plan de lucha aún mayor que ya advirtió otras dos semanas de paro y una marcha universitaria.
En diálogo con LT4, la magister en Historia e investigadora del Centro de Economía y Política Argentina (CEPA) Juia Rigueiro advirtió que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de docentes y no docentes universitarios, supera el 30% desde la asunción de Milei y, según las proyecciones de inflación para el presente año –que son conservadoras–, la caída del salario real del sector rondaría el 45%.
El CEPA elaboró un informe sobre la crisis del sector universitario y Rigueiro explicó que si bien está centrado en la “recomposición salarial docente y no docente”, también hay un “análisis del presupuesto nacional que incluye un programa específico para el desarrollo de la educación superior. Dentro de ese programa específico es donde está el meollo de la cuestión del financiamiento universitario, tanto en la ley insistida, que fue aquella que se votó y se aprobó en el Congreso de la Nación, como en el proyecto que modifica esa ley aprobada, por parte del Gobierno Nacional”, puntualizó la investigadora.
Para Rigueiro hay una violación de la norma aprobada por parte del Ejecutivo, lo que implica un incumplimiento de deberes de funcionario público. “Es una incongruencia y una violación de la ley porque dentro de la ley aprobada, la que llamamos ley insistida, se establecía que el Poder Ejecutivo podía realizar adecuaciones presupuestarias para garantizar su cumplimiento. (Pero) el gobierno argumenta, tratando de anular la ley, que la ley no establecía cómo se iba a financiar ese aumento de las erogaciones”, denunció Rigueiro.
“Esto es una facultad que el Poder Ejecutivo tiene en cualquier presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal del año. de la provincia, del municipio o de la nación tiene esa misma facultad de adecuar partidas. En este caso, es evidente que la intención es no hacerlo”, sostuvo.
Por otra parte, la historiadora explicó que los salarios de docentes y no docentes universitarios representan casi el 87 % del total del presupuesto para las universidades, y el restante 13% es para gastos de funcionamiento. En este ítem, se incluye “todo lo que tiene que ver con la asistencia del Estado Nacional al financiamiento o funcionamiento de las distintas universidades: lo que son los hospitales universitarios, lo que es el fortalecimiento de la ciencia y la técnica, la extensión universitaria, y también las actividades o el desarrollo de carreras estratégicas”, alertó Riguiero, sobre las áreas afectadas por el desfinanciamiento promovido por el gobierno de Milei, que incumple una ley sancionada e insistida por el Congreso.
“Entramos en una contradicción”, reflexionó la economista, al plantear que se está desfinanciando actividades que el propio programa del gobierno considera estratégicas, en el contexto de una re-primarización de la economía en la que se vuelve a buscar que los ingresos en dólares del país, provengan de la exportación de productos primarios, sin valor agregado.
La exportación de energía, minería, y agro, ¿son o no son actividades estratégicas? ¿Cómo las vamos a desfinanciar? ¿Cómo vamos a desfinanciar que nuestra población aprenda, se forme y pueda desarrollarse en estas áreas estratégicas? Lo vamos a regalar real, lo vamos a regalar no solo de manera económica a multinacionales o a empresas extranjeras, sino que también esos profesionales van a ser extranjeros, no vamos a usar nosotros mismos, lo que pensemos en nuestro desarrollo estratégico”, subrayó Rigueiro.
En cuanto a la cuestión salarial, Rigueiro enfatizó que “en lo que va del mandato de Milei, la caída es mayor a un 30%. Si contáramos la proyección de la inflación de todo el 2026, una proyección de la inflación que hacen los mercados y es bastante conservadora, la caída salarial sería casi del 45% entre noviembre del 2023 y fines de este año 2026”, precisó.
De acuerdo con Rigueiro, el salario histórico de, por ejemplo, un Jefe de Trabajos Prácticos semi-exclusivo sin antigüedad pasó de cobrar $1.154.094,6 (noviembre 2015) a $570.470,3 (enero 2026) en pesos de septiembre 2026, una caída real de 50,6%. Con la Ley insistida, la pérdida se habría reducido considerablemente dado que el salario sería $852.229,7 (-26,2%). En cambio, con el Proyecto del Gobierno, el salario proyectado para septiembre 2026 sería de $547.748, profundizando la pérdida de poder adquisitivo hasta el 52,5% respecto de noviembre 2015.
Al respecto de esta cuestión, Rigueiro aclaró que “el proyecto de la ley insistida proponía casi igualar el salario a noviembre del 2023. Ni siquiera se lo igualaba. En cambio, el proyecto que ellos pretenden aprobar de modificación de la ley aprobada de financiamiento universitario, lo único que hace en relación al salario es, lamentablemente, consolidar la gran pérdida que se dió durante el año 2024, que fue la mayor”, enfatizó Rigueiro sobre la caída de los salarios universitarios (en términos reales) de un 25% (2024) y de otro 10% (2025).
“Se consolida en el proyecto del gobierno esa pérdida salarial y apenas si se logra establecer un piso (de salarios universitarios) que es un 35% más bajos que el de noviembre del 2023”, acotó la investigadora.
Asimismo, Rigueiro puso en contexto la retracción de los salarios de trabajadores universitarios, al compararlos con el incremento del costo de vida, que hace que la caída, en términos relativos, sea aún mayor. “El presidente (Milei) incluso se jactaba hace poco de decir aumenté el salario en dólares, pero también hubo inflación en dólares entonces ¿para qué nos alcanza (el salario)? ¿Para qué les alcanza a esas familias de docentes o no docentes el salario?”, fustigó.
“Solo si sos una docente titular de dedicación exclusiva, que sabemos que son pocas, sobrepasas la línea de la pobreza. Si sos docente asociada adjunta, JTP, auxiliar, semi exclusiva, simple, estás muy por debajo (de la Canasta Básica Total) Incluso la mayoría de los cargos docentes están por debajo de la línea de indigencia”, alertó la investigadora sobre el deterioro de los haberes en el sector de la educación superior.
“Y para los cargos no docentes, solo las primeras dos categorías están por encima de la línea de la pobreza y el resto están por debajo de la línea de la pobreza, sin contar antigüedad. Esas familias claramente no llegan a fin de mes y es muy injusto que así sea como con cualquier otro trabajador o trabajadora”, concluyó Rigueiro.
