Luego del escándalo por la intervención del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y el despido de Marco Lavagna –quien no convalidó la decisión del gobierno ultraderechista de Javier Milei, de no actualizar los ponderadores de inflación– el costo de vida vuelve a ser eje del debate público y la quita de subsidios a la electricidad, se estima que acelerará el proceso inflacionario en febrero y marzo.
De acuerdo con el portal LPO, estimaciones privadas muestran un consenso llamativo: aún con el IPC (Índice de Precios al Consumidor) desactualizado, la inflación no logra perforar el piso del 2%. Así pues, Equilibra proyectó una inflación de 2,3% para febrero. LCG la ubicó entre 2,5% y 2,6%, mientras que EcoGo se ubicó en la punta del mercado con proyecciones cercanas al 3% mensual.
El mercado empieza a asumir que el nuevo piso inflacionario quedó instalado entre 2,5% y 3%, lejos del sendero descendente que buscaba Economía para el primer trimestre, lo que va en línea con la decisión de mantener los ponderadores del IPC que datan del 2003 y no miden adecuadamente, el peso de los servicios en los gastos habituales de las familias.
De acuerdo con el portal citado, a la persistencia de la suba de alimentos se suman los aumentos en electricidad, transporte y gas. Con un agravante, en el índice actual, que Milei y Caputo no quisieron actualizar, tienen un peso relativamente bajo. Es decir, en la realidad del bolsillo la inflación pega más fuerte.
Por otra parte, es un hecho que aumentos en la electricidad y la energía en general, se trasladan más o menos automáticamente a los alimentos, ya sea por el encarecimiento de los costos de producción o venta, o por el incremento del costo de los fletes, del traslado de las mercancías.
En términos de la estadística desactualizada y hasta ficticia del INDEC “libertario”, electricidad y gas explican una porción menor del IPC, pero en la economía cotidiana funcionan como gastos rígidos imposibles de postergar.
Esa tensión entre medición técnica y percepción social no es nueva: justamente la discusión por el rediseño del índice de precios y el peso de los servicios públicos fue determinante de la salida forzada de Marco Lavagna, como director del INDEC, cuando Milei y Caputo lo obligaron a esconder el nuevo índice a días de publicarlo. Un escándalo, en particular, porque se conoció que el índice daría muy por encima del informado en enero: 2,9% (con ponderadores del 2004) contra 3,4% (con ponderadores del 2017 – 2018)
Así, con el nuevo esquema focalizado de subsidios, que divide a los usuarios entre los que mantienen los subsidios y los que no, la tarifa eléctrica puede aumentar hasta 67% para hogares que mantienen asistencia estatal, según datos difundidos por las propias distribuidoras.
El cambio no responde tanto a un aumento del costo de la energía sino a una redefinición del consumo subsidiado: el tope baja a 150 kwh mensuales, prácticamente la mitad de lo permitido durante el verano, tal como calculó el sitio especializado El Post Energético.
La explicación oficial tuvo un giro inesperado. Desde Energía aseguraron que el impacto “no se va a sentir” porque en marzo el consumo cae por razones estacionales. La frase circuló rápido entre analistas y empresarios: el ajuste existe, pero se apuesta a que el clima lo disimule. La lógica es simple: si los hogares consumen menos electricidad, la factura final podría bajar pese al aumento tarifario.
El argumento oficial combina economía y meteorología: marzo sería un mes templado que permitiría avanzar con la recomposición tarifaria sin provocar un salto visible en el gasto familiar. Justamente, para que el tarifazo no se sienta socialmente y no llegue al debate público, era fundamental mantener desactualizados los ponderadores de inflación.
Como sea, en algunas localidades del país, las empresas prestadoras de servicios públicos ya empezaron a aplicar tarifazos salvajes: en Posadas, usuarios denunciaron públicamente haber sufrido incrementos del 800% en las tarifas de agua, en el mes de febrero.
