El viernes 24 de octubre pasado, a dos días de las elecciones legislativas nacionales, el gobierno provincial informó sobre un nuevo pago de cientos de millones de pesos, sin licitación pública, involucrando al Servicio Penitenciario Provincial y a la Jefatura de la Policía. Y se trata del segundo decreto con pagos superiores a los 200 millones informado con días de diferencia, en la semana previa a los comicios en los que terminó imponiéndose La Libertad Avanza en Misiones.
En el Boletín Oficial Nº 16.464, del 24 de Octubre de 2025, aparece el decreto N° 1341, firmado por el gobernador Hugo Passalacqua, el pasado 2 de julio, en el que se reconoce “de legítimo abono la suma total de ($ 221.998.770,00), a favor de la Cuenta Especial de Trabajos Carcelarios y Fondos de Reembolsos, Cuenta 40939/5 Banco Macro - Casa Central, pago en concepto de costo per-cápita de Racionamiento de los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2.025, según Facturas N° 00009-00000210/211/212, con destino a la Población Penal y Personal de Servicio de guardia 24 Hs., encuadrándose el procedimiento en lo establecido en el Artículo 44° de la Ley VII - N° 11 (antes Ley 2.303)”
Este decreto, consta de apenas dos artículos, en ninguno de los cuales se justifica el pago de la importante suma de dinero, sin licitación pública, para la alimentación de las personas privadas de su libertad y el personal del SPP.
El artículo 2° del decreto 1341/25 autoriza “a la Dirección Servicio Administrativo de Policía y Servicio Penitenciario Provincial, a la liquidación y pago de la suma aludida en el artículo anterior, a favor de la Cuenta Especial de Trabajos Carcelarios y Fondos de Reembolsos, con cargo en la Partida Parcial Bienes de Consumo del Presupuesto Anual Vigente del Servicio Penitenciario Provincial (…)”
Jefatura y el SPP pagaron $211 millones por una contratación directa
Este decreto ratifica que, con días de diferencia, el gobernador Passalacqua autorizó el pago a la Cuenta de Trabajos Carcelarios de $433.998.286,40. Aunque en el caso del Decreto N° 1288/2025, firmado el 27 de junio pasado, la medida se “encuadró” en otros artículos de la Ley de Contabilidad General de Misiones (Ley VII – N° 11) que autorizan pagos sin licitación pública.
El decreto 1341/25 se apoya en el artículo 44° de la Ley VII – N° 11, que afirma que el “funcionario o agente de cualquier dependencia del Estado, en sus distintos poderes, que realizara compra o gastos en contravención con lo dispuesto en el Artículo anterior (43°), o de las disposiciones de esta Ley, leyes especiales, decretos o reglamentaciones que fijan el trámite pertinente, responde personalmente del total autorizado o gastado en esas condiciones, siempre que el gasto no haya resultado en beneficio de la Provincia. En este caso la autoridad superior en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, organismos de la Constitución y Descentralizados podrán optar por disponer del gasto, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que se hiciere acreedor (…)”.
El aludido artículo 43° sostiene, entre otros puntos que “el Poder Ejecutivo podrá disponer reestructuraciones de créditos, conforme a las facultades y con las limitaciones que anualmente establezcan la Ley del Presupuesto General o sus complementarias”. Y añade que “ningún gasto podrá disponerse sin mediar disposición de autoridad competente, ajustado al procedimiento que establece esta Ley y su reglamentación, disponiendo de crédito presupuestario suficiente, siendo todas estas condiciones de legitimidad del acto.”
En el caso de los $211 millones pagados por medio del decreto 1288/25 a la misma Cuenta de Trabajos Carcelarios, se encuadró el procedimiento “en el Artículo 85° – Inciso 3) – Apartados g) y o) de la Ley VII - N° 11 (antes Ley 2.303) y Artículo 5° - Inciso I, Punto B - 3, del Decreto N° 3.421/86.” Es que el decreto 1288/25 es una contratación directa (27 de junio del 2025) y el 1341/25 (2 de julio del 2025) es un reconocimiento de pagos.
Por otra parte, cabe destacar que, al no estar reglamentado el tiempo en el que este tipo de decretos deben ser publicado en el Boletín Oficial, surge la interrogante sobre la fecha de publicación de ambos decretos. En la semana previa a las elecciones nacionales, la confirmación de estos y otros pagos millonarios sin licitación pública, pudieron haber afectado a la campaña del oficialista Frente Renovador Neo.
