Este miércoles, el senador nacional por Misiones Martín Göerling, anticipó que votará a favor del proyecto de ley que favorece y promueve la extranjerización de tierras, al eliminar el tope del 15% establecido por la vigente Ley de Tierras. En diálogo con la FM Show, el macrista aliado al gobierno de Javier Milei. ratificó que votará a favor de la controvertida iniciativa, que además borra con las restricciones a la compra de terrenos por parte de extranjeros en zonas de frontera, como lo es Misiones.
Vale recordar que en la provincia que Göerling representa, el 90% de las fronteras son internacionales –con Brasil y Paraguay– y, a la fecha, cinco departamentos superan el top del 15% a la extranjerización de tierras. Según el mapa elaborado por el Observatorio de Tierras en Misiones no se cumple el tope del 15% de tierras en poder de extranjeros, en los siguientes departamentos:
En Iguazú, el 39,95% de las tierras, 114.407 hectáreas son de extranjeros;
En Montecarlo, el 18,36% de las tierras, 31.867 hectáreas son de extranjeros;
En Libertador General San Martín, el 16,78% de las tierras, 24.858 hectáreas son de extranjeros;
En Concepción, el 16,40% de las tierras, 11.796 hectáreas son de extranjeros;
En Eldorado, el 16,24% de las tierras, 31.266 hectáreas son de extranjeros;
La reforma que empuja el bloque de Libertad Avanza que preside Patricia Bullrich en el Senado, estipula que los capitales extranjeros –empresas o personas– podrán adquirir cuanta tierra pretendan, inclusive en zonas con reservorios de agua o acceso a ríos, arroyos y lagos.
En ese contexto, Göerling rechazó las críticas y opinó que la iniciativa no implica una pérdida de soberanía. Según sostuvo, el proyecto transfiere a las provincias la facultad de definir su propia política sobre la venta de tierras y permite que cada jurisdicción establezca las restricciones que considere necesarias.
Por supuesto, el senador evitó hablar de la diferente capacidad de negociación del Estado nacional y los estados provinciales, al momento de rechazar o no, propuestas por parte de empresas multinacionales o magnates como el ultraderechista Peter Thiell.
En esa línea, el senador también cuestionó la postura adoptada por el Gobierno de Misiones y por los intendentes que firmaron una solicitada contra la reforma. Los acusó de “desinformar y mentir a la población” y afirmó que el proyecto fue malinterpretado.
Según Göerling, la reforma de la Ley de Tierras que favorecerá a tecnomagnates como Thiell, no modifica la Ley de Fronteras, normativa que mantiene restricciones específicas para la adquisición de inmuebles por parte de extranjeros en zonas limítrofes. De acuerdo con el senador filo–oficialista, esos controles continuarán vigentes aun cuando se apruebe la modificación del régimen de tierras.
En una interpretación particular, para Göerling, que haya departamentos en Misiones en los que no se cumple con el tope de la ley vigente, es argumento suficiente para derogarla, porque no es efectiva. Como si la desregulación total no estimulará la extranjerización de tierras en la provincia. El proyecto se tratará el próximo 8 de agosto y hay un pedido público a los senadores por Misiones, demás de Göerling, los renovadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, para que no avalen la iniciativa. Lo formularon decenas de intendentes y de agrupaciones políticas de la provincia.
El texto del proyecto de Ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que el Gobierno de Milei no pudo lograr que la Cámara de Senadores apruebe el jueves pasado, a horas de la histórica victoria de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial de Futbol, entre otros puntos, dificulta el proceso de estatizaciones, flexibiliza la compra de tierras por parte de extranjeros y elimina restricciones a terrenos que se incendiaron.
Según publicó el diario Página 12, con este proyecto que apoyará Göerling, se busca modificar profundamente la Ley del Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales Nº 26.737. Esa Ley fue derogada por el artículo 154 del mega DNU 70/23, pero una cautelar judicial suspendió los efectos del Decreto.
Sancionada en el 2011, la actual Ley de Tierras establece limitaciones a la titularidad extranjera sobre la propiedad o posesión de tierras rurales.
En cuanto a la Ley de Manejo del Fuego Nº 28.815, la ley de extranjerización que se debatirá el 8 de agosto, “propone restablecer un equilibrio entre la protección ambiental y el derecho a la propiedad”. Desde la modificación de 2020 se impide por 60 años modificar el uso de inmuebles en caso de incendios, en un intento de evitar los incendios vinculados a la especulación inmobiliaria.
La reforma de Milei, que será apoyada por el PRO en el Congreso, resalta la necesidad de “fortalecer el régimen preventivo en conjunto con la obligación de recomponer el daño ambiental”, lo que resulta en una contradicción teniendo en cuenta que es el propio Gobierno Nacional el que desfinanció el Servicio Nacional de Manejo del Fuego: el ajuste presupuestario es del 69% con respecto a 2023.
En tanto, el proyecto deroga el artículo 22 bis de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego. El mismo dispone que “en caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en bosques nativos o implantados, así como en áreas naturales protegidas debidamente reconocidas y humedales se prohíbe por el término de 60 años desde su extinción realizar modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio”.
También se elimina otro tramo del artículo 22 que sostiene que, en el caso de “vegetación viva o muerta, en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural”, se prohíbe realizar modificaciones y actividades diferentes a las previas al incendio por 30 años.
Por otra parte, al igual que con la Ley de Glaciares, más allá de los cambios y derogaciones, le da la potestad a las provincias de tomar las decisiones que crean más convenientes. Hasta el momento, la legislación establece que el 15% del territorio nacional, provincial o municipal puede pertenecer a un ciudadano extranjero o persona jurídica cuyo porcentaje de capital social en manos de extranjeros sea suficiente para “formar voluntad social mayoritaria”.
Si la ley se aprueba, ese tope y esas limitaciones se eliminan. La prohibición solo será válida para Estados extranjeros (no personas humanas o empresas privadas), quienes, salvo que reciban una autorización especial, no podrán comprar tierras.
Si bien a nivel nacional las tierras en manos de extranjeros llegan al 5%, unos 13 millones de hectáreas, el equivalente a la extensión de Inglaterra, la ley ya se incumple. Pero más allá de los porcentajes, la ley busca habilitar la compra en zonas de valor natural y estratégico como cuerpos de agua, bosques nativos e incluso áreas fronterizas con Estados extranjeros, como es el caso de Misiones. También prevé eliminar el límite de 1.000 hectáreas que puede poseer como máximo un mismo titular extranjero en la zona núcleo.
