Un jubilado de Posadas presentó
ante la Justicia Federal de Misiones una demanda por "sobreendeudamiento
inducido". El hombre acumuló deudas por más de $150 millones tomando
créditos de dos bancos, organismos crediticios, billetera virtual y una agencia
de cobranzas.
El demandante dejó planteada la
posibilidad de declararse en quiebra si el tribunal rechaza la reestructuración
de sus deudas, que supera la cifra antes mencionada frente a un ingreso neto
mensual inferior a 1.500.000 pesos.
Qué pide la demanda
El reclamo pide la nulidad parcial
de los contratos y de las cláusulas consideradas abusivas, la sustitución del
índice UVA por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) —un indicador atado a
la evolución de los ingresos y no a la inflación—, la reliquidación integral de
todas las deudas y la limitación de las cuotas futuras a un máximo del 30% del
ingreso neto previsional.
Según lo publicado por Infobae, solicita
la suspensión inmediata de los descuentos automáticos sobre el haber, el cese
del devengamiento de intereses y cargos, la quita de reportes negativos en
bases de datos crediticias como Veraz y Nosis, y la reapertura de la cuenta
bancaria del actor para garantizarle el cobro íntegro de su jubilación.
“No le falta voluntad de pago, sino
que no puede pagar”
En diálogo con LT4 y AgenciaHoy, Carlos
Piñeiro, abogado defensor del damnificado, detalló que algunas de las entidades
financieras involucradas otorgaron “préstamos sucesivos-generando un
endeudamiento permanente- con financiaciones encubiertas en tarjetas de créditos
en forma automática con descuentos en haberes” llevando al denunciante a un
estado de imposibilidad de pago.
El letrado sostuvo que a su
defendido “no le falta voluntad de pago, sino que no puede pagar”. Pero ante
este panorama, las entidades comenzaron a hostigar y acosar a través de
llamadas telefónicas no sólo al jubilado sino también a familiares del mismo
para cobrar la deuda.
El entrevistado relató que reciben
comunicaciones telefónicas a cualquier horario de estudios jurídicos de grupos
que compran la deuda y le exigen el pago de la misma de formas poco agradables con
amenazas de quedarse con propiedades del deudor o sus seres queridos.
Piñeiro indicó que se ajustarán a
la Ley de Defensa del Consumidor ya que las entidades financieras prestan un
servicio y no pueden tener un trato indigno o conductas extorsivas con los
consumidores.
Instan a denunciar y documentar
contactos irregulares de entidades crediticias
Por su parte, Claudio Collado, presidenta
de Acción del Consumidor (ADELCO) habló del tema deudas e hizo referencia las
cifras del Banco Central de la Argentina. El último informe estableció que el
pago de los créditos del sector privado con los bancos (sin Fintech), a marzo
el monto en mora sumaba el equivalente de USD 7.000 millones. Es decir, las
familias registraron una mora de 11,7% y las empresas en el 2,8 por ciento, indica
un artículo periodístico de Infobae.
En este contexto, la entrevistada
instó a los posibles damnificados a documentar cada contacto que consideren
irregular por parte del acreedor y denunciarlo. “Hay que tener en cuenta que no
todas las personas se endeudan con entidades financieras formales, muchas no
reúnen condiciones para pedir un crédito en un banco y toman deudas con
financieras, cooperativas, y se hace difícil” los controles.
Entonces, “tratamos de decirles
que saquen capturas de pantallas, del número de teléfono, etc. Que le digan: ‘bueno
yo voy a pagar, pero dame un dato de quienes son ustedes’ porque quienes
necesitan cobrar una deuda están en su derecho de hacerlo, pero eso no justifican
las formas, y que la gente sepa que un llamado de teléfono no te notifica de
nada” porque “la gente se asuste, le dicen te vamos a sacar el auto, la casa y
se asusta”.
