En la víspera de la Nochebuena del año pasado, hace algunas semanas atrás el Juez de San Vicente Gerardo Casco, dictó la liberación de Emanuel F. (29), el docente de la Escuela de Frontera 617, imputado por corrupción de menores.
Lo denunciaron una veintena de padres y madres de alumnos y alumnas que concurren a esta escuela primaria de jornada extendida, luego de constatar que el sujeto extorsionaba por medio de regalos o notas, a niñas del séptimo grado para fotografiarlas en poses de carácter sexual.
Según informó el diario El Territorio, la excarcelación que fue firmada por el Juez de Instrucción Gerardo Casco el 23 de diciembre, desató indignación de las familias y desde la querella, a cargo de Adrián Gianini, anticiparon a El Territorio que apelarán la resolución.
El letrado calificó la resolución como un “acto arbitrario y deliberadamente contrario a derecho”. Según Gianini, la libertad (bajo caución juratoria) se le otorgó ignorando hallazgos claves de la pericia informática que confirmarían que el imputado “no sólo no ha dejado de ser un peligro para la causa, sino que cuenta con una estructura de apoyo externa”.
De acuerdo con el matutino misionero, sólo en uno de los dispositivos secuestrados al sospechoso se hallaron unos 20 gigas con más de 3.500 fotografías que habrían sido tomadas dentro de la Escuela de Frontera 617. De acuerdo a la pesquisa de la Fiscalía en Ciberdelitos de la provincia, serían fotos de pies desnudos y menores con expresiones por demás inusuales. Según trascendió públicamente sobre las denuncias, Emanuel F. pedía a las niñas que posen como si estuvieran muertas.
En las pericias se reveló que varias de las imágenes habrían sido capturadas con otros dispositivos móviles que hasta la fecha no fueron secuestrados. Además, la querella advirtió que esa pericia mostró que el imputado habría “truncado” parte del análisis utilizando un software experimental insertado deliberadamente en un teléfono Iphone, sobre el que no se habría logrado extraer ninguna evidencia.
Cabe remarcar que por este escandaloso caso, el CGE intervino la escuela y suspeendió a los docentes implicados, el acusado Emiliano Emanuel F., la docente Noelia Tarno -acusada de conocer de las denuncias desde junio-, la vicedirectora Paula Lescano y la directora Elisabeth Lopes de Moura.
“Liberar al imputado fue darle la llave para que termine de destruir la prueba. El perito confirmó que existen nubes de almacenamiento activas y cuentas vinculadas, como la de su pareja, que permiten el borrado remoto de la evidencia. El Juez sabía esto, sabía que el maestro imputado no actúa solo y cuenta con cómplices y, aun así, lo soltó”, acusó el abogado Gianini, cuestionando la labor del juez Casco.
En diciembre, la querella había solicitado la ampliación de la imputación contra la exdirectora y una docente por encubrimiento, omisión de denuncia y falsedad ideológica. Esto se debe a que la maestra conoció de las primeras denuncias por parte de una mamá, meses antes de que estalle el escándalo y se radiquen las presentaciones ante la Fiscalía.
De acuerdo con el diario mencionado, las mismas docentes admitieron haber tenido conocimiento de los hechos meses antes, después de que una de las madres alertara lo que pasaba a mediados del 2025. Sin embargo, no activaron protocolos ni denunciaron los hechos: en paralelo, los querellantes piden investigar si habrían confeccionado actas con contenido falso para proteger la institucionalidad.
En el plano judicial, la querella anticipó que presentará un recurso de nulidad absoluta ante la Cámara de Apelaciones. Entre las irregularidades que señalan, apuntan a que el magistrado omitió valorar el resultado de los testimonios de las niñas víctimas en Cámaras Gesell. Además, cuestionan que se ignoró la posibilidad de que el imputado realizara un reseteo de fábrica en su teléfono antes de que sea secuestrado en septiembre del 2025.
Un capítulo aparte merece la actuación del Consejo General de Educación y su directora general, Daniela López. Si bien fueron apartados todos los mencionados, al examinar la planta laboral de la Escuela de Frontera 617, Emiliano Emanuel F., continúa como profesor titular, en uso de licencia. Fue designado como titular en el cargo de maestro, por medio de la Resolución N° 5200/25, firmada por Daniela López, el 21 de agosto del año pasado.
¿Por qué esa fecha de titularización es relevante para el caso? Porque el 13 de junio del año pasado, una mamá se presentó en la escuela para denunciar los hechos. Habló con una docente que habría encubierto al acusado. Es decir, dos meses antes de la Resolución 5200/25 que le dio estabilidad laboral al docente acusado de pedofilia, Emanuel F., ya estaba denunciado ante personal de la Escuela, pero no dieron aviso a la supervisión y al CGE.
De hecho, como informó Agencia Hoy, meses atrás, el CGE no informó si el docente acusado de corrupción de menores, había pasado el examen psicofísico obligatorio para acceder a la titularización. La Resolución 5200/25 firmada por López y por el secretario general del CGE, Francisco Carosini, establece que el acusado Emiliano F., junto a otros docentes designados como titulares en diversas escuelas de la provincia, “reúnen los requisitos establecidos en la Resolución N° 3758/24”.
En su artículo 2°, la resolución 5200/25 establece que “los docentes titularizados por la presente Resolución una vez notificados de la misma disponen de cuarenta y cinco días corridos para realizar el Examen de Aptitud Psico-Físico y hasta dos días de franquicia continuos o discontinuos debiendo elevar el mismo por la vía jerárquica correspondiente a la Dirección de Administración de Personal y Recursos Humanos, no cumplimentándose en tiempo y forma, se producirá la caducidad del beneficio, siempre que la demora sea imputable al docente.”
La resolución fue firmada el 20 de agosto y las primeras denuncias penales datan del 19 de septiembre, por lo que es muy probable que Emiliano F., no haya completado el examen psicofísico y por ende, no debería ser titular en la planta nominal de la Escuela 617.
En diálogo con LT4, en septiembre, Aldo Pérez, uno de los querellantes contó: “Yo me enteré de esto el viernes [19 de septiembre], pero la madre que nos contó a nosotros, ya había venido a la escuela el día 13 de junio, hace varios meses atrás, a contarle que la hija le describía situaciones raras. El docente sacándole la ropa a los chicos, el zapato y las medias, llevándolos a una sala para estar en privado, un docente con un alumno, algo que entiendo está prohibido”, reveló.
“Y que lo venía haciendo en forma sistemática a cambio de nota (académica), ‘yo te doy comida, si me dejas sacar la foto’; ‘yo te doy el mate’ que está prohibido en la escuela, pero el docente lleva mate. Así que le daba su mate para que las chicas le dejen sacar la foto”, sostuvo Pérez.
Por la voluminosa cantidad de fotos de niñas encontradas en el celular de Emanuel F., se sospecha que el sujeto llevaba años haciendo esto. Según el abogado querellante, Adrián Gianini, el ahora liberado “es el principal imputado de estos hechos que todos conocemos, de tomar fotografías y videos de menas menores 12, 13 años, y que lo venía haciendo sistemáticamente desde hace aproximadamente, hasta ahora, por lo que podemos establecer, tres años. O sea que, también estamos hablando de menores de nueve, de diez años también”, contó a LT4 en septiembre.
