El Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario
federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenar la
aplicación de artículos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario,
una norma sancionada por el Congreso y ratificada tras el veto presidencial,
que el Ejecutivo considera "de imposible cumplimiento" por falta de
recursos.
La presentación la realizó la Procuración del Tesoro, a
cargo de Sebastián Amerio, y apunta a suspender los artículos 5 y 6 de la Ley
27.795, vinculados a la recomposición salarial de docentes y no docentes
universitarios, además de mecanismos de actualización y convocatoria a
paritarias.
El planteo llega luego de que la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal
confirmara una medida cautelar innovativa que ordenó aplicar la ley y dejó sin
efecto el artículo 1 del Decreto 759/2025, con el que el Gobierno intentó
congelar la norma hasta que el Congreso definiera una fuente de financiamiento.
En la Casa Rosada sostienen que
el fallo pone al Ejecutivo ante un dilema inmediato: cumplir con transferencias
que comprometerían el equilibrio fiscal o escalar el conflicto hasta la Corte
Suprema para frenar los efectos de la medida.
En su recurso, el Poder Ejecutivo
insistió con una postura que sostiene desde la sanción de la norma: la Ley
27.795 obliga al Estado a realizar gastos sin especificar de dónde saldrán los
fondos y, según el planteo oficial, viola reglas de administración
presupuestaria.
En Balcarce 50 remarcan que la
intervención de la Corte Suprema es necesaria porque el caso presenta una
"cuestión federal" y porque la medida cautelar, según el Ejecutivo,
resulta equiparable a una sentencia definitiva. En ese sentido, advirtieron que
el fallo provoca un "grave e irreparable perjuicio al Estado", ya que
ordena la ejecución de gastos sin partidas específicas, lo que podría
comprometer el superávit fiscal que el oficialismo defiende como principal
pilar del programa económico.
"En ningún momento se previó dónde obtener esas
partidas", afirmaron desde el Gobierno. En esa misma línea, sostienen que
durante el tratamiento del Presupuesto 2026, quienes impulsaron la ley podrían
haber determinado las partidas necesarias para su cumplimiento y no lo
hicieron.
La ley que Milei vetó y el
Congreso ratificó
El conflicto por la Ley de
Financiamiento Universitario se arrastra desde 2025, cuando el Congreso aprobó
una norma que establece recomposición salarial para docentes y no docentes
universitarios, además de partidas para becas y funcionamiento de las universidades
nacionales.
La ley obtuvo media sanción en
Diputados el 6 de agosto de 2025, fue aprobada en el Senado el 21 de agosto y
luego el presidente Javier Milei la vetó de manera total mediante el Decreto
647/2025, firmado el 10 de septiembre.
Sin embargo, el Congreso insistió
con el texto original mediante el mecanismo previsto por el artículo 83 de la
Constitución Nacional. La Cámara de Diputados ratificó la ley el 17 de
septiembre y el Senado hizo lo propio el 2 de octubre, con lo que la norma
quedó definitivamente sancionada pese al veto presidencial.
Ese fue el punto de quiebre: el
Ejecutivo quedó formalmente obligado a cumplirla, pero buscó bloquear su
implementación con una maniobra administrativa.
Luego de que el Congreso
ratificara la ley, el Gobierno promulgó la norma, pero la acompañó con un
decreto reglamentario que, en la práctica, suspendió su aplicación.
El Decreto 759/2025, publicado el
21 de octubre de 2025, dispuso que la ejecución de la ley quedaría congelada
hasta tanto el Congreso determinara las fuentes de financiamiento e incorporara
las partidas presupuestarias correspondientes.
El Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN) y distintas universidades nacionales presentaron una acción de
amparo para pedir la inconstitucionalidad del decreto y exigir el cumplimiento
de la ley.
El 23 de diciembre de 2025, el
Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 dictó una medida cautelar
innovativa y ordenó aplicar los artículos 5 y 6 de la ley, al declarar
inaplicable el decreto del Ejecutivo en ese punto.
El Estado apeló, pero el 31 de
marzo de 2026 la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala III, confirmó
el fallo y sostuvo que la insistencia legislativa prevista en el artículo 83 de
la Constitución cerró el proceso de sanción y que el Ejecutivo no puede
bloquear la aplicación de la norma.
La disputa judicial se desarrolla
en un contexto de creciente tensión social y académica. Según datos del CIN,
los salarios docentes y no docentes acumularon una pérdida superior al 32%
frente a la inflación desde la asunción de Milei, mientras que las transferencias
a universidades nacionales sufrieron una caída real del 45,6% entre 2023 y
2026.
El mismo informe sostiene que más
del 60% del personal docente universitario cobra menos de $500.000 mensuales y
que el deterioro salarial ya provocó renuncias, migración hacia el sector
privado y un aumento del pluriempleo.
Mientras tanto, sindicatos y
autoridades universitarias reclaman recomposiciones salariales de entre 45% y
50% para recuperar parte del poder adquisitivo perdido desde fines de 2023.
Fuente: BAE
