Este viernes, se confirmó que la trabajadora del Hospital Samic e integrante de la Comisión Directiva de ATE Eldorado Marisa Dering fue notificada de una medida judicial de restricción de acercamiento al domicilio de la Dra. Carolina Selva, actual directora del mencionado nosocomio, que está siendo epicentro de un reclamo por recomposición salarial y pases a planta de trabajadores que acumulan años y hasta décadas, contratados sin estabilidad laboral o, directamente, en negro.

Según informó la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma, a través de un duro comunicado de prensa, la medida incluye la prohibición de acercamiento a los lugares donde Selva se encuentre, así como toda forma de comunicación con ella de parte de Dering, quien no podría de este modo concurrir a su lugar de trabajo ni ejercer acciones propias de la representación sindical.

La prohibición fue dictada por el Juzgado de Instrucción Nro. 1, Secretaria Nro. 1 de Eldorado en el marco de una nueva causa judicial contra la referente sindical de ATE CTA A por supuesta “turbación de la posesión y amenazas simples”.

Frente a esta maniobra propiciada por los funcionarios provinciales de Salud Pública, la CTAA advirtió que “la criminalización y judicialización es la última respuesta por parte de las autoridades sanitarias a los reclamos de sus trabajadores, cuya demanda principal en Eldorado es la reincorporación de dos trabajadores del Samic que fueron despedidos sin causa en enero de este año. A pesar de los compromisos asumidos, los trabajadores no han sido reincorporados hasta la fecha”, denunciaron desde la CTAA.

“Para agravar la situación y confirmar la política persecutoria y antisindical de las autoridades provinciales, el Ministerio de Trabajo de la provincia declaró ilegal el paro de actividades en el sector salud convocado por ATE Eldorado, y multó a la seccional con una suma varias veces millonaria”, remarcaron desde la Central sobre la multa de más de 73 millones contra la Seccional 30 de ATE, una medida de la ministra de Trabajo Silvana Giménez, que ya fue rechazada por medio de una presentación administrativa.

En otro tramo saliente del comunicado, la CTAA vincula la medida de la ministra Giménez –hija del histórico secretario general de UPCN, Jorge “Polilla” Giménez– con el DNU 70/23, que ya fue declarado inconstitucional por la justicia laboral nacional.

“Si bien en todas las medidas de fuerza de los trabajadores de salud se han garantizado los servicios mínimos indispensables, entre los argumentos de la declaración de ilegalidad del paro el Ministerio de Trabajo utiliza la declaración de esencialidad de la salud como servicio público, norma ilegal e inconstitucional dictada por la gestión nacional en 2024, que limita el derecho a huelga”, recuerdan desde la Central.

“Desde la CTA A Misiones expresamos nuestro repudio y preocupación ante el rumbo que eligen las autoridades provinciales ante los justos reclamos de los trabajadores y su ejercicio del derecho a la protesta, ante los cuales la respuesta es el disciplinamiento a través de las herramientas judiciales”, fustigaron desde la organización obrera.

En esta línea, desde la CTAA remarcaron que continúan “exigiendo la reincorporación de los trabajadores de salud despedidos, así como exigimos la atención a las demandas de urgente recomposición salarial y fin de la precarización laboral en el Estado. La protesta social y la huelga son las herramientas de los trabajadores para conquistar, mantener y recuperar derechos, por lo que defendemos su ejercicio y rechazamos todo intento de coerción y disciplinamiento”, sentenciaron.