Luego del cierre de las listas para las elecciones nacionales, el Senado retoma la actividad este martes con el objetivo de pasar a la firma los dictámenes de financiamiento universitario y la declaración de emergencia pediátrica nacional, con epicentro en el Hospital Garrahan. En una de las comisiones involucradas en el tratamiento de los proyectos que la Casa Rosada rechaza, es el misionero Carlos Arce, vicepresidente de la Comisión de Salud.
De acuerdo con el portal Parlamentario, el kirchnerismo intentó darle celeridad al avance de los textos el jueves pasado, pero la maniobra no prosperó. Es que el senador liberticida Ezequiel Atauche, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, envió una nota a los vocales donde aseguró que los plenarios convocados por Eduardo “Wado” de Pedro, titular de Educación y Cultura, y Lucía Corpacci, presidenta de Salud, no contaban con su consentimiento y carecían de validez.
Por supuesto, Atauche busca ganar tiempo para evitar que los proyectos se dictaminen y puedan pasar al recinto, para su sanción. No obstante, con el antecedente de la autoconvocatoria de los senadores cuando sancionaron la emergencia en discapacidad, el aumento a jubilados y la moratoria previsional, el jefe de bloque oficialista no puso se opuso a que ambos tratamientos tuvieran lugar esta semana.
Finalmente, Atauche accedió: la emergencia sanitaria será abordada este martes a las 15 en el plenario de Presupuesto, Salud y Población y Desarrollo Humano, presidida por la camporista Stefanía Cora – quien reemplazó al expulsado exsenador Edgardo Kueider–; y financiamiento de universidades y recomposición de salarios docentes a las 16.30 junto a Educación y Cultura y la comisión de Presupuesto que preside el senador ultraderechista.
Previo a la difusión de la nota, el senador jujeño también había solicitado un informe a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) con los cálculos hechos sobre el impacto fiscal de ambas iniciativas. Ese informe está disponible en la web oficial desde hace semanas.
Con el antecedente del 10 de julio pasado, el interbloque que conduce el formoseño José Mayans tenía intenciones de llevar ambos dictámenes al recinto del Senado esta semana junto a los cinco decretos rechazados por la Cámara de Diputados. Sin embargo, la maniobra de Atauche le permitió ganar una semana más de retraso y la sesión ordinaria que pretende hacer Unión por la Patria podría darse recién el próximo jueves 28 de agosto.
El líder de la bancada peronista había intentado que se reunieran el jueves pasado las comisiones de Educación y Salud, para acelerar el trámite y forzar a una autoconvocatoria para la comisión de Presupuesto, por si Atauche, se negaba a abrirla. De acuerdo con el portal LPO, esa maniobra fue abortada por la resistencia del radical Pablo Blanco y la senadora Guadalupe Tagliaferri.
De todos modos, los aliados le advirtieron al jefe del bloque liberticida que correspondía que le pusiera fecha a la convocatoria para discutir los temas en comisión, si no quería que se repitiera el mismo escenario que con jubilaciones y emergencia en discapacidad. En rigor, la jugada del oficialismo con los aliados era una apuesta tan solo para ganar tiempo, pero en Balcarce 50 habrían asumido que Javier Milei ya perdió la pelea por esas dos leyes, aunque todavía no llegaron al recinto.
Desde el PRO comentaron a LPO que “el Gobierno creía que iba a poder planchar la actividad del Senado hasta después de octubre pero, después de lo que pasó en la sesión donde perdieron con jubilaciones y discapacidad, se dio cuenta que no”.
Además, señalaron que “los decretos delegados ya los perdió también”, en referencia a las resoluciones que tomó Milei por la delegación de facultades que le concedió la Ley Bases en 2024.
Como sea, radicales y peronistas presumían este lunes que los dictámenes a favor del Garrahan y las universidades saldrían de los plenarios de comisiones este miércoles y confiaban que podrían reunir dos tercios para aprobarlos el jueves, si llegaran a convocar a sesión. “Los decretos delegados los podemos rechazar con 37 votos, pero para aprobar las otras dos leyes necesitamos 48”, explicó un opositor.
La razón por la que se requieren dos tercios es reglamentaria: entre que un proyecto de ley se dictamina en comisión y llega a recinto, deben transcurrir al menos siete días. La intención de apretar el paso está directamente vinculada al calendario electoral, atendiendo a que el próximo 27 de agosto arranca la campaña y será difícil que los senadores vuelvan a coincidir en Buenos Aires para debatir en sus bancas.
Si la sesión ocurriera y los proyectos se aprobaran, podría coincidir con los planes de la oposición en Diputados, que ya sacó la convocatoria para aprobar este miércoles la reforma de la Comisión investigadora de la criptoestafa Libra, el rechazo a los vetos de jubilaciones y emergencia en discapacidad y la sanción de los proyectos de los gobernadores.
