Senado: La oposición tiene los números para rechazar el veto contra la ley de ATN

La Cámara alta volverá a sesionar este jueves para tratar como tema central el veto presidencial a la ley que redistribuye los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), promovida por todos los gobernadores del país.

Miércoles, 17 de septiembre de 2025 - 10:32 hs.
Senado: La oposición tiene los números para rechazar el veto contra la ley de ATN

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En una reunión de Labor Parlamentaria realizada este martes, presidida por el puntano Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, se definió que la Cámara alta sesione este jueves y en ese encuentro, se estableció que se analice el veto del presidente Javier Milei a la ley que redistribuye los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). También se debatirán la Ley Nicolás y el sistema de alerta Sofía.

Se descuenta que en la sesión prevista para las 11, la ley que prevé la redistribución de los ATN a las provincias de forma “automática y diaria” alcanzará los dos tercios necesarios para rechazar el veto. Cabe recordar que ya había logrado esa mayoría cuando fue aprobada el 10 de julio, con 56 votos afirmativos y uno negativo.

En la Cámara baja se votó el 20 de agosto, pero allí no se alcanzaron los dos tercios que eventualmente se necesitarán cuando se intente insistir con la norma. En esa oportunidad, obtuvo 143 votos a favor y 90 en contra. 

Cabe recordar que, en esa votación, los ultraderechistas Martín Arjol y Florencia Klipauka estuvieron ausentes, mientras que Emmanuel Bianchetti votó negativamente al proyecto que rompe con la discrecionalidad en el manejo de los ATN. Sólo los diputados renovadores Yamila Ruiz, Daniel Vancsik, Alberto Arrúa y Carlos Fernández apoyaron la ley de reforma de los ATN.


Según informó el portal Parlamentario, el Senado tratará a continuación la propuesta conocida como “Ley Nicolás”, en referencia al caso del joven Nicolás Deanna, quien falleció en 2017 tras recibir un diagnóstico erróneo, cuando en realidad padecía una meningitis bacteriana.

La iniciativa busca garantizar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y las comunidades, mediante la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables y el cuidado del entorno laboral del equipo de salud.

El proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el 7 de diciembre de 2023, con 149 votos afirmativos y una abstención. En el Senado nunca llegó al recinto y perdió estado parlamentario.

También se abordarán los proyectos de ley que establecen el marco normativo para facilitar la búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas, y el que propone la creación del sistema de alerta rápida Sofía. Se trata de iniciativas impulsadas por el senador salteño Juan Carlos Romero. Durante su debate en comisión participó el ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Gaspar Solá Usandivaras, quien expresó el pasado 21 de mayo que “es una gran deuda crear un registro nacional unificado que sistematice la búsqueda de personas y pueda ser utilizado por todas las provincias”. Ambos proyectos fueron unificados en un solo dictamen.


Asimismo, se tratará un proyecto para reformar las penas por delitos cometidos en siniestros viales. Es una iniciativa por la cual representantes de distintas organizaciones reclamaron su tratamiento el pasado 19 de julio. Fue presentada por las senadoras Victoria Huala y Beatriz Ávila, y propone endurecer las sanciones en casos de homicidios y lesiones culposas cometidos en siniestros viales.

La iniciativa eleva las escalas punitivas, incorporando agravantes como el consumo de alcohol o drogas, exceso de velocidad, conducción sin habilitación, violación de señales de tránsito, fuga del lugar del hecho o falta de auxilio a la víctima.

Cuando concurran tres o más agravantes, las penas podrán llegar hasta 12 años de prisión, con inhabilitación para conducir por el doble del tiempo de condena. También se plantea la incorporación del “homicidio culposo calificado por la concurrencia de agravantes”, con penas más severas y sin posibilidad de excarcelación.