Este viernes, el diputado nacional y presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo presentó el amparo para impugnar el nombramiento de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Calletti en la Auditoría General de la Nación (AGN), por haberse realizado por fuera del temario previsto para la sesión extraordinaria convocada por el gobierno. Se trata de la primera medida judicial impulsada por el partido aliado de La Libertad Avanza, contra un alto funcionario del partido que preside la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
En Misiones, la medida no fue replicada en las redes, por los legisladores nacionales del partido amarillo, el diputado nacional Emmanuel Bianchetti y el senador nacional Martín Goerling. El silencio de los macristas aliados al Gobierno, parecería mostrar que sigue sólida la alianza de LLA Misiones y el PRO Misiones, pese a la controversia en el Congreso de la Nación.
Según informó el portal LPO, los diputados nacionales del PRO, se retiraron furiosos del recinto antes que se concretara la votación en la madrugada del jueves y, desde ese momento, adelantaron que continuarían con su planteo en el Poder Judicial.
El jefe del bloque PRO pidió que se declare “la inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución”, que se votó en la madrugada del jueves después que se le diera media sanción al proyecto de presupuesto. En ese marco, trascendió que la designación de los auditores se produjo por un acuerdo parlamentario entre el jefe de La Cámpora Máximo Kirchner, Martín Menem y los gobernadores del norte, desplazando al macrismo y su voluntad de colocar en el colegio de la AGN al ex ministro de Trabajo Jorge Triaca.
La AGN es un órgano extrapoder de rango constitucional, con autonomía funcional y de asistencia técnica del Congreso, y la designación de sus autoridades no constituye ni un acto administrativo interno, ni una cuestión de privilegio parlamentario. Por lo que, la judicialización por los argumentos que impulsa el PRO, puede llegar a naufragar en la Justicia.
Pese a no ser muy conocida la AGN, es un órgano del Estado de enorme poder y relevancia: entre sus facultades, pueden auditar las gestiones de todas las administraciones anteriores a la que está al frente del Ejecutivo Nacional y todas las administraciones de los Estados provinciales.
De ahí que se torna central para los partidos que fueron gobierno, tener a un auditor. Es de extremada importancia para el kirchnerismo y el macrismo, para conocer de primera mano qué tipo de auditorías se están realizando o por realizar; para los gobernadores, ocurre lo mismo. En tanto, para LLA, el interés por la AGN es doble: para conocer las investigaciones sobre su propia gestión y sobre las anteriores, que pueden impactar en dirigentes de la oposición y hasta de los aliados como el PRO.
Según el escrito presentado por Ritondo, “a las 02:55 am del día 18 de diciembre, cuando todavía restaba el tratamiento del expediente 0011-PE-2025 correspondiente al Proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria (Orden del Día 2), en un horario de baja visibilidad pública y, a espaldas del debate público, tomó la palabra el Diputado Nacional Gabriel Bornoroni, Presidente del Bloque La Libertad Avanza, quien sorpresivamente formuló una moción, SIN ESPECIFICAR QUÉ MOCIÓN IBA A REALIZAR, SIN PEDIR APARTAMIENTO DE REGLAMENTO, para que la Cámara procediera a la designación de los Auditores Generales de la Nación”.
Ritondo se opuso en ese instante a la designación que estaba a punto de producirse, apelando a la letra del artículo 63 y el inciso 9 del 99 de la Constitución Nacional. Su argumento fue que la Cámara había sido expresamente convocada por el Poder Ejecutivo para tratar un temario determinado. Por eso, solicita la suspensión de las designaciones realizadas en la escandalosa sesión del miércoles pasado.
Así las cosas. Este lunes se realizaría el sorteo de la causa para saber en qué juzgado recaería, acaso un posible dolor de cabeza para el gobierno. Hasta el viernes, el oficialismo no creía que Ritondo tuviera la determinación de presentar su objeción en sede judicial.
Además, en la presentación expresó: “Enfaticé que la Auditoría General de la Nación es un órgano extrapoder de rango constitucional, establecido en el artículo 85 de la Constitución Nacional, con autonomía funcional y de asistencia técnica del Congreso, y que la designación de sus autoridades no constituye ni un acto administrativo interno, ni una cuestión de privilegio parlamentario”.
“Agregué que durante las sesiones extraordinarias el Congreso carece de facultades para incorporar temas por su propia iniciativa, siendo el temario una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional que se establece en el Decreto de la convocatoria”, sostuvo Ritondo.
Ritondo considera que “avanzar en la designación de autoridades de la AGN fuera de ese marco no fortalece el sistema de control, sino que lo debilita, al violentar las reglas constitucionales que lo sustentan”. “La gravedad institucional del hecho se profundiza al advertir que la moción- voy a seguir hasta el cansancio, no sabemos qué moción fue introducida de manera sorpresiva, sin haber sido tratada en la reunión de Labor Parlamentaria, sin dictamen previo, sin debate alguno y completamente al margen del temario de sesiones extraordinarias”, remarcó el macrista.
Por otra parte, el jefe del bloque del PRO en la Cámara baja, acusa a los flamantes auditores de haber prestado juramento “procurando completar de facto un procedimiento cuya irregularidad fue objetada por legisladores, analistas y organizaciones especializadas en control institucional”.
Evidentemente hay un subtexto en la acusación del PRO dirigido a LLA: los nuevos auditores esperaban en los pasillos del Congreso y terminaron jurando a las 3 de la madrugada, cuando la sesión del Presupuesto 2026 estaba culminando. Esto quiere decir que ya sabían que iban a ser designados, lo que muestra que hubo un acuerdo previo entre LLA, el kirchnerismo y los gobernadores del norte.
