En los últimos días, el presidente ultraderechista Javier Milei enfureció con las filtraciones sobre la reforma educativa que impulsa el dueño de Techint, Paolo Rocca, reveladas por el portal LPO y decidió apagar el Consejo de Mayo y así evitar que se conozcan más detalles de ese proyecto y de la reforma laboral.
Según La Política Online, el empresario dueño de Techint, y el secretario de Educación Carlos Torrendell, aprovecharon el viaje a Dubai de la Ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, para acelerar con el proyecto educativo.
Se trata de un mamotreto de 34 páginas y 136 artículos que barre brutalmente con la Ley Nacional de Educación, sancionada en 2006, y transfiere a las familias el poder de decisión para definir la oferta educativa para sus hijos.
El borrador del proyecto fue circulado por Torrendell y cuenta con anotaciones formuladas al margen del archivo por el director nacional de Gestión Universitaria, Matías Zubiría, un funcionario ubicado bajo el paraguas del secretario de Políticas Universitarias, Alejandro “Galleguito” Álvarez.
Según lo que se filtró del proyecto, Zubiría apunta, sobre todo, contra dos artículos que tocan la Ley de Educación Superior y pondrían en pie de guerra, otra vez, a las universidades.
En su cuenta en la red social X, el economista Alejandro Morduchowicz, docente de la Universidad Nacional de San Martín, quien está especializado en Economía y Financiamiento de la Educación y es consultor y docente del IIPE-UNESCO y docente de la Universidad Pedagógica, advirtió sobre la controvertida reforma educativa “liberal” de Milei.
El ex Subsecretario de Administración del Ministerio de Educación de la Argentina, asesor en distintas provincias y consultor de Organismos Internacionales posteó el Artículo 96 del borrador de Reforma Educativa que impulsa el gobierno ultraderechista de Argentina y planteó: “¿Adiós al Estatuto?”
“El proyecto de Ley de Libertad Educativa propone que el Consejo Escolar de Padres podrá intervenir en cuestiones medulares como el nombramiento y remoción de los directores. Además, deberán ser consultados para la contratación y remoción de los docentes”, resaltó el docente e investigador de la UNSAM.
La revelación de LPO causó un tembladeral en el gobierno. Pettovello se quejó ante Milei por el protagonismo de Torrendell, que ahora teme por su futuro en Capital Humano. Para calmar a su amiga, Milei decidió suspender hasta diciembre las reuniones del Consejo de Mayo, que preside el gobernador radical “con peluca” Alfredo Cornejo y que integran sindicalistas y empresarios.
El Consejo, que se iba a reunir el jueves próximo, trabaja también en la reforma laboral, que el gobierno trata mantener infructuosamente en secreto hasta su presentación en el Congreso de la Nación, en diciembre, cuando cambie la conformación y La Libertad Avanza consiga erigirse como la primera minoría.
Esta semana la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) ya expresó su repudio ante una propuesta de Reforma Educatia de Torrendell, Rocca y el gobierno ultraderechista, que sus detractores definen como “terraplanismo educativo”.
“El mamarracho que circula bajo el título ‘Ley de libertad educativa’ es un proyecto de reforma terraplanista que destrozaría el sistema educativo nacional”, advirtió el Secretario General de la Central de los Trabajadores, Hugo Yasky.
De acuerdo con el diario Tiempo Argentino, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, también cuestionó que el proyecto llevaría al sistema educativo argentino a una situación “anterior a la Ley 1.420, que es de 1.884, y creo que escandalizaría a Domingo Faustino Sarmiento, porque las bases del sistema nacional, público, gratuito, son de esa época”.
Desde el Gobierno ya hubo confirmaciones sobre la veracidad, del proyecto que deja en evidencia la intención del Ejecutivo de contar con una ley de “libertad educativa”, sostenida en “el derecho de toda persona a enseñar y a aprender conforme a sus propias convicciones, métodos y proyectos pedagógicos, con sujeción al orden jurídico y al respeto de los derechos fundamentales”.
La propuesta fue presentada en el Consejo de Mayo y sería obra no solo de Torrendell, sino también –según consignó el diario La Nación– del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger.
El proyecto habilita el “homeschooling” o educación hogareña, retomando una propuesta que la Ley Ómnibus buscaba permitir a partir de los 9 años. En su momento, aquella iniciativa recibió tal repudio que se frenó.
Ahora, tras la victoria electoral de octubre y con la nueva conformación del Congreso, la apuesta se redobla y ni siquiera se establece una edad mínima para la no presencialidad. Algo llamativo, en un gobierno integrado por muchas voces que en pandemia reclamaban por la apertura de las escuelas.
La norma educativa de Milei apunta a la libertad pedagógica y la autonomía como elementos principales, dando vía libre a que las instituciones diseñen sus propios planes de estudio “conforme a su ideario y proyecto educativo”. Que cada quien se eduque como quiera, con un piso mínimo de contenidos comunes y una base horaria obligatoria menor a la actual.
En este contexto, la CTERA se pronunció para expresar su rechazo ante el documento que circula bajo el nombre de “Ley de Libertad Educativa”. El espacio que nuclea a las y los docentes lo definió como “un verdadero ataque al sistema democrático en su conjunto, que en todo su contenido arremete en contra de la garantía estatal del derecho a la educación, de la escuela pública, de las organizaciones sindicales y de los derechos sociales y laborales conquistados durante años de luchas sostenidas desde el campo popular”.
Mientras que la Ley de Educación vigente fue sancionada tras múltiples y prolongados debates entre distintos sectores, quienes están detrás de la reforma “desconocen e ignoran el proceso de participación respetuosa y plural que en el año 2006 logró definir a la educación como un derecho social y al conocimiento como un bien público, para reemplazarlo de manera antidemocrática con otro proyecto que claramente responde a los mandatos e intereses de las corporaciones empresariales del sector privado económicamente más concentrado, definiendo a la educación como un servicio y centrándose en los principios de la libertad individual por sobre los intereses sociales”.
Desde la confederación docente alertaron: “observamos con preocupación que bajo el uso banalizado de valor de la ‘libertad’, este proyecto de la derecha en la Argentina pretenda eliminar la figura del Estado como garante principal del derecho a la educación y su responsabilidad total por el financiamiento de todo el sistema educativo, relegando su rol a la mera subsidiariedad”.
De hecho, la reforma reflota la idea de los vouchers educativos, una de las promesas de campaña de Milei.
“Rechazamos públicamente este nuevo intento de los sectores de la derecha en el que se quiere avanzar con la privatización y destrucción de la Educación Pública. Se trata de un verdadero retroceso reaccionario que pretende llevarnos educativamente al siglo XIX”, concluyó la Junta Ejecutiva de CTERA en su comunicado.
