En un nuevo revés para el oficialismo, la oposición aprobó a mano alzada, es decir, sin votación nominal, en la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, el emplazamiento a comisiones para el debate y dictamen del proyecto con media sanción que busca reformar la Ley de DNU.
Se trata de una ley central para la gestión del presidente liberticida Javier Milei, que se dedicó a gobernar mediante los DNU y otras maniobras para evitar el debate legislativo, como el bloqueo de las comisiones y los vetos a las leyes sancionadas por el Congreso. El proyecto que ya cuenta con media sanción, tiene el objetivo de limitar el uso arbitrario que Milei hace de esta herramienta que le otorgó, paradójicamente, Cristina Kirchner, que era la senadora que impulsó la Ley 26.122 que regula los decretos de necesidad y urgencia.
Más allá de que la oposición consiguió el emplazamiento a comisiones, el oficialismo logró evitar el tratamiento sobre tablas, que habría significado un golpe de knock out para Milei, porque el proyecto ya se habría convertido en ley. Para postergar el debate, La Libertad Avanza y el PRO contó con algunos aliados para llegar a 88 “héroes”, aunque el mote esté un poco devaluado y no haya agasajo para los fieles a Milei.
Al momento de la votación nominal, para tratar el proyecto del Senado sobre tablas, lo que corresponde a cualquier proyecto que no cuente con dictamen de comisión, todos los diputados por Misiones –a excepción de la ultraderechista obereña Florencia Klipauka– votaron en contra. Y la diputada puertista que deja su banca en diciembre no pudo sumarse al blindaje oficialista, porque no estuvo en la sesión.
Es decir, los renovadores Carlos Fernández, Yamila Ruiz, Alberto Arrúa y Daniel Vancsik jugaron decididamente con la Casa Rosada y votaron en contra del tratamiento sobre tablas, junto al radical con peluca Martín Arjol y al bullrichista Emmanuel Bianchetti. La votación fue negativa con 142 votos a favor, 88 en contra, 1 sin votar y 26 ausentes.
De acuerdo con el portal Parlamentario, la iniciativa que ya fue aprobada en el Senado comenzará a tratarse el próximo martes 23 a las 12 en un plenario de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, presididas por Nicolás Mayoraz (LLA) y Silvia Lospennato (Pro), respectivamente. En tanto, el martes 30 a las 14 las comisiones deberán emitir dictamen.
Quien presentó el pedido de emplazamiento fue el diputado de Unión por la Patria Diego Giuliano, quien consideró que el mecanismo de validación de los decretos presidenciales “ha perdido toda sustentabilidad, yo diría teórica y hasta práctica; y ha perdido hasta la razonabilidad republicana, sucede algo muy parecido a lo del veto”.
“El mecanismo de la Ley 26.122 ha colapsado durante este mandato, sobre todo con el DNU 70/23, que fue una reforma constitucional encubierta, donde hubo más de 80 leyes derogadas y 150 normas que se modificaron”, agregó el massista.
En esta línea Guliano resaltó que los DNU son una herramienta que “hoy se está usando abusivamente por parte del Ejecutivo”. “La justicia está llegando incluso antes que el Congreso, ya ha declarado inconstitucional muchos de los DNU”, apuntó.
El año pasado, también por emplazamiento de comisiones, la oposición en Diputados había intentado aprobar una reforma a la Ley de DNU, pero luego no llegó al recinto. En ese momento, el presidente Javier Milei dijo que la “vetaría” porque significaría un “golpe institucional” para su gestión, centrada en emitir DNUs, bloquear comisiones, vetar leyes y sostener los vetos con la ayuda de diputados “colaboracionistas”.
Semanas atrás, en el contexto de mayor debilidad del Gobierno desde su asunción, la oposición más dura y la llamada dialoguista se pusieron de acuerdo en el Senado y aprobaron por más de dos tercios un proyecto en este sentido.
La iniciativa con media sanción incorpora el artículo 1 bis a la Ley 26.122, de modo de establecer que los decretos de necesidad y urgencia, los delegados y los de promulgación parcial de leyes “deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente por el Congreso de la Nación”.
“Si la situación invocada requiriera el dictado de normas en más de una materia, cada una de ellas deberá ser objeto de un decreto individual”, agrega, con el fin de evitar los “mega” decretos, como fue el DNU 70/2023, con el cual Milei inauguró su gestión y que sigue vigente, pese a haber sido rechazado por el Senado –la Cámara de Diputados nunca trató la validez o no del DNU que, entre otras cosas, desguazó al Instituto Nacional de la Yerba Mate.
Otra de las reformas es la incorporación del artículo 21 bis, que indica que “ambas Cámaras podrán abocarse aún durante el período de receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de los decretos”. Este es el núcleo de la reforma de la ley 26.122 que la mayoría de los abogados consideran inconstitucional: se establece que los DNU se considerarán aprobados “cuando así lo dispongan expresamente ambas Cámaras por la mayoría absoluta de los presentes, en un plazo de noventa 90 días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial”.
El texto añade que una vez votado en una cámara, dentro de las 48 horas deberá comunicarse el pronunciamiento a la otra. En cuanto al artículo 24, la nueva redacción indica que “el rechazo del decreto por una de las Cámaras del Congreso de la Nación, o el vencimiento del plazo previsto en el artículo 22°, implicará su derogación”, esto “quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia”.
Además, “rechazado un decreto de necesidad y urgencia, o de delegación legislativa”, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario.
