El Ministerio de Justicia de la Nación resolvió postergar la
entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en los tribunales
federales de la Ciudad de Buenos Aires, con sede principal en Comodoro Py. El
nuevo sistema acusatorio debía comenzar a regir el próximo 11 de agosto, pero
fue prorrogado por tres meses.
La decisión fue adoptada tras "reiterados reclamos del
Ministerio Público Fiscal, vinculados a la falta de preparación suficiente para
investigar casos complejos en esta jurisdicción", según informó la cartera
que conduce Mariano Cúneo Libarona. Desde el Ministerio subrayaron que la
implementación del nuevo sistema "es una transformación cultural
irreversible" y apuntaron contra la "desidia y desinversión" de
la casta política y judicial, a quienes responsabilizaron por el retraso.
En un comunicado oficial, el Gobierno aseguró que ha
brindado "asistencia técnica, financiera e institucional" para
concretar la reforma. "La Justicia debe adaptarse a un país austero, sin
privilegios ni excusas corporativas", remarcaron.
A pesar de señalar que las condiciones materiales no
deberían frenar una ley vigente hace más de una década, el Ejecutivo justificó
la prórroga como una medida excepcional para "remover obstáculos políticos
y garantizar coordinación plena entre los tres poderes del Estado", tal
como -afirmaron- ocurrió en jurisdicciones como Rosario, Mendoza, General Roca,
Comodoro Rivadavia y Mar del Plata.
El sistema acusatorio busca agilizar los procesos penales y
racionalizar la política criminal. Sin embargo, el epicentro judicial de
Comodoro Py, históricamente envuelto en controversias, vuelve a quedar en el
centro del debate sobre el funcionamiento de la Justicia en Argentina.
