Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron a la Cámara de Casación que se revoque la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner y que continúe cumpliendo su condena “en una unidad carcelaria”.

Argumentaron “falencias de seguridad” que atentan no solo conta los vecinos del barrio sino también a la propia exmandataria. Exigieron que, en caso de que no se haga lugar al pedido, se disponga otro domicilio para que cumpla la pena.

Actualmente, Fernández de Kirchner está cumpliendo la prisión en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, según lo dispuso el Tribunal Oral Federal N°2.

“Jamás existieron motivos reales para apartarse de lo que constituye una clara regla del Código Penal y de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad: la pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario”, sostuvieron los fiscales en su presentación ante Casación.

Luciani y Mola indicaron que desde el Ministerio de Seguridad se informó una serie de penales en los cuales Cristina Kirchner podría cumplir su condena. Al respecto, señalaron que “no se ha demostrado que las condiciones de alojamiento en una unidad penitenciaria supongan un trato inhumano”.

Una vez más, hicieron hincapié en que el argumento de los 72 años es un requisito no obligatorio, sino una facultad del juez.

“Concretamente, es necesario que el tribunal de casación declare que no existe impedimento real alguno para que Fernández cumpla intramuros la pena que se le impuso. Su situación (sin dejar de ponderar las particularidades que presenta cada una de las personas condenadas) no difiere en nada de la de los otros ocho condenados en este proceso, que se han presentado a cumplir la pena y fueron alojados en diferentes dependencias del Servicio Penitenciario Federal", sostuvieron Luciani y Mola.

Por otro lado, “en caso de no hacerse lugar a la revocación de la prisión domiciliaria que aquí reclamamos, es que se deberá disponer inmediatamente de otro lugar para cumplir con la prisión domiciliaria, que mitigue las falencias de seguridad advertidas”, plantearon los fiscales.

En este sentido, Luciani y Mola presentaron imágenes de las concentraciones frente al domicilio, con militantes subidos a los balcones y terrazas de viviendas linderas.

En su justificación, cuestionaron "cuán resguardada se encuentra la seguridad personal" de Cristina "si se tienen en cuenta las constantes aglomeraciones de personas en las inmediaciones del domicilio en el que debe ejecutarse la pena y en el que ocurrieron escenas preocupantes, tales como escalamientos de personas hacia propiedades linderas".

Señalaron que "el barrio de Constitución carece de capacidad operativa para un dispositivo permanente de custodia", más aún cuando "la detención de una figura política de alta visibilidad atrae concentraciones masivas de partidarios".

Además, citaron un informe de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires donde se indica que las constantes manifestaciones afectan los servicios de recolección de residuos y el paso de ambulancias, así como también existen denuncias de vecinos por ruidos molestos.

Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, deberán ahora analizar el pedido de la fiscalía y demás apelaciones que se presentaron en la causa.

Fuente: M1