Según dejaron trascender desde la Casa Rosada, el Presidente ultraderechista Javier Milei ya firmó los vetos contra las leyes sancionadas en el Congreso: la emergencia en discapacidad, el aumento a jubilados y la moratoria previsional. Fuentes oficiales confirmaron los medios que el mandatario había cumplido con ese trámite, y que, en efecto, los decretos se conocerán este lunes.
De acuerdo con el portal Parlamentario, Milei busca anular la actualización de los haberes jubilatorios, que fue comunicada como Ley 27.791, luego de haber sido sancionada en el Senado el 10 de julio pasado con 52 votos a favor, cero en contra y 4 abstenciones.
La misma preveía un incremento de todos los haberes previsionales del 7,2%; un aumento del bono extraordinario –congelado en los 70 mil pesos– a 110 mil pesos con la actualización mensual por índice de movilidad; y la transferencia de fondos por parte de la ANSeS a las provincias con cajas previsionales no transferidas.
El Presidente liberticida también vetó la Ley 27.792, conocida como Prórroga de la Moratoria Previsional por dos años, extendiendo la vigencia del capítulo II de la Ley 27.705 y del Plan de Pago de Deuda Previsional establecido en ella. Al igual que en la Cámara baja, la aprobación en el Senado se logró partir del grado de ausentismo en el recinto: fueron 39 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención.
La tercera de las leyes vetadas por Milei es la N° 27.793, conocida como de Emergencia en Discapacidad. La vigencia de la misma era hasta el 31 de diciembre de 2026, inclusive, y se sancionó en el Senado por unanimidad (56 votos positivos). Este es, acaso, la ley que es más difícil de sostener para el Ejecutivo, si el Congreso intenta insistir con la promulgación de la norma.
Esta ley prevé el financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad; el fortalecimiento de los prestadores de la Ley 24.901, asegurando en forma expeditiva y simplificada el acceso a un régimen de emergencia de regularización de deudas tributarias, condonación de intereses, multas y demás sanciones, refinanciación de planes de pago vigentes y de las deudas emergentes de planes caducos.
Desde este lunes, cuando se publiquen los vetos –al filo de los plazos constitucionales–, el Congreso estaría habilitado para iniciar el proceso para anular o sostener las decisiones del Presidente, que perjudican a jubilados, a trabajadores sin los 30 años de aportes y a personas con discapacidad y sus familias.
Si bien no se dieron precisiones, se descuenta que estos vetos fueron totales y no parciales. El veto es una facultad que habilita la Constitución Nacional en el artículo 83°, que puede ser ejercida para todo tipo de leyes, salvo una ley de convocatoria a una consulta popular vinculante, o una ley aprobada por el pueblo en el marco de una consulta popular vinculante.
El plazo que tiene el Gobierno para vetar es de 10 días; por eso se había especulado con que el veto saliera el 24 de julio. Pero como en realidad los textos deben ser revisado antes por las dos cámaras, primero el Senado lo remitió a Diputados y luego esa Cámara –bajo la presidencia del diputado liberticida Martín Menem– los devolvió a la Cámara alta, que emitió la comunicación el pasado 21 de julio. De ahí que el plazo de 10 días recién se cumpliera este lunes 4 de agosto.
Las cámaras de Diputados y Senadores no tienen plazo para rechazar el veto, que se comunica a la Cámara de origen del proyecto. En estos tres casos, Diputados.
En primer lugar, los vetos deben pasar por comisiones antes de llegar al recinto. Si el veto es parcial, tendría que pasar por la Bicameral de Trámite Legislativo para el control de constitucionalidad y de ahí sí pasa al recinto. Si el veto es total, va a las comisiones que lo trataron oportunamente, porque requiere que resuelvan para ir al recinto. Que vaya a comisiones, no implica que se pueda modificar nada; solo se trata de aceptar el veto, o insistir.
Si ambas cámaras consiguen los dos tercios en ambos casos para rechazar el veto, el Poder Ejecutivo está obligado a promulgarlo. Si en una de las dos cámaras no cuenta con los dos tercios, el proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año, y se mantiene el veto. Así sucedió en septiembre y octubre del año pasado, cuando gracias a “87 héroes” en Diputados, Milei logró blindar vetos contra las leyes sancionadas de reforma de la fórmula de actualización de jubilaciones y de financiamiento de las universidades públicas.
El año pasado, la puertista liberticida Florencia Klipauka, el radical con peluca Martín Arjol y el bullrichista Emmanuel Bianchetti, votaron a favor de los vetos de Milei. Se espera que voten de la misma manera. En tanto, los renovadores Carlos Fernández, Daniel Vancsik, Yamila Ruiz y Alberto Arrúa, se abstuvieron, favoreciendo a la Casa Rosada. Es una incógnita, qué harán los integrantes del bloque de Innovación Federal.
Ahora bien, para este miércoles 6 de agosto, es decir, dos días después de la publicación de los vetos de Milei, está convocada una sesión que podría ser explosiva para el Gobierno nacional, en la Cámara de Diputados de la Nación. Los proyectos de financiamiento de universidades públicas, junto a la declaración emergencia sanitaria en el Hospital Garrahan son los puntos principales del temario.
La nota presentada el presidente de la Cámara, Martín Menem contempla el proyecto de declaración de emergencia y zona de desastre en Bahía Blanca vetado por el Poder Ejecutivo Nacional, que ya fue avalado por el Senado para convertirse en ley; la moción para destrabar la autoridad de la Comisión Investigadora sobre la Criptoestafa $Libra; los expedientes de rechazo a los decretos de necesidad y urgencia vinculados a la disolución de la Dirección de Vialidad Nacional (461/2025); al que modifica el Régimen de Excepción de la Marina Mercante (340/2025); al que transformó el Banco Nacional de Datos Genéticos (351/2025); la disolución de organismos de la Secretaría de Cultura (345/2025); y la transformación de organismo del Ministerio de Economía (462/2025).
Finalmente, la oposición tiene la intención de emplazar a diferentes plenarios de comisión a los proyectos sobre la distribución automática de los recursos del fondo de Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) a las provincias y la eliminación de fideicomisos vinculados al Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) que el Gobierno nacional retiene y desvía de su finalidad –la inversión y mantenimiento de infraestructura vial–. Estos dos proyectos son impulsados por todos los gobernadores, y ya tienen media sanción del Senado. Además, según el petitorio presentado a Menem, se debatirá el nuevo régimen de salud mental; y la declaración de emergencia en ciencia y tecnología.
A todos estos temas, podrían sumárseles el rechazo a los vetos de Milei contra las leyes de emergencia en discapacidad, de moratoria previsional y de aumento a las jubilaciones nacionales.
Previo a esta sesión, La Libertad Avanza incorporó a Liga del Interior, es decir, los diputados expulsados de la UCR por avalar vetos contra proyectos que había impulsado el bloque radical en 2024 –entre estos se encuentra el misionero Martín Arjol, el jefe político del expresidente del Comité provincia designado como consejero de la Entidad Binacional de Yacyretá, Rodrigo De Arrechea.
Se descuenta que casi la totalidad del bloque del PRO y varios de los diputados radicales que comanda el cuestionado cordobés Rodrigo De Loredo, también se sumarán al oficialismo para blindar los vetos de Milei. La primera prueba del poder de blindaje del Gobierno liberticida, se daría cuando se trate la anulación de la emergencia en Bahía Blanca.
