Este miércoles, a dos semanas de la última sesión celebrada en Diputados, se desarrollará una sesión clave para el oficialismo y la oposición en el Congreso de la Nación: se tratará la anulación a los vetos del presidente ultraderechista Javier Milei que anularon las leyes de emergencia en discapacidad, de aumento a las jubilaciones, de moratoria previsional y de emergencia en Bahía Blanca –esta última, una iniciativa votada por los propios diputados de La Libertad Avanza, el PRO y sus aliados parlamentarios, hoy dispuestos a todo para sostener los vetos.
Según informó el portal Parlamentario, en el listado que se conoció el viernes pasado figura un menú de temas que van desde los proyectos impulsados por los gobernadores a los vetos presidenciales. Estas iniciativas de los mandatarios provinciales son las reformas en el reparto del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que el Gobierno liberticida está reteniendo ilegalmente.
En este escenario, tanto oficialismo como la oposición se enfrentan en una jornada que puede ser clave: podría desembocar en una victoria legislativa de Milei con la ayuda de gobernadores y fuerzas provinciales –como ocurrió en 2024 con los vetos contra la reforma previsional y el financiamiento universitario– o en una derrota mayúscula, si el Congreso logra anulas los vetos en temas muy sensibles, como discapacidad, jubilaciones y la asistencia por las inundaciones que dejaron más de una decena de muertos en Bahía Blanca.
La cuestión en torno a los vetos vetos es un ejemplo perfecto que a priori luce muy adverso para el Gobierno, habida cuenta de que por primera vez podrían ser rechazados por el Congreso, dado que ya cuentan con la anulación en el Senado. Pero teniendo en cuenta que se necesitan dos tercios para rechazar un veto presidencial, semejante número hace muy probable que el Gobierno pueda terminar festejando. Tal vez no en todas las votaciones, pero lo que pueda alcanzar a resistir será largamente celebrado.
Cuál es el costo fiscal de la Ley de Emergencia en Discapacidad que vetó Milei
Es casi un hecho que el veto contra la moratoria previsional podrá sostenerse en Diputados, pero el costo político de avalar un veto contra la emergencia en discapacidad o contra la emergencia en Bahía Blanca, es muy grande y surgen dudas sobre qué podría ocurrir. Por caso, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, ya se pronunció a favor de la emergencia en discapacidad y ordenaría a los diputados que le responden a insistir con esa ley, que tiene un costo fiscal en torno al 0,28% del PBI (Producto Bruto Interno)
Por el lado de los diputados por Misiones, nadie espera que alguno de los siete alineados al Gobierno nacional avale o colabore con la anulación de los vetos. Es prácticamente seguro que los ultraderechistas Emmanuel Bianchetti (PRO) y Florencia Klipauka (Activar – LLA) van a votar a favor de las anulaciones de Milei. Lo mismo cabe para el “radical con peluca” Martín Arjol, que quedó afuera de las listas para renovar su banca, pero buscaría proteger el acuerdo político con la Casa Rosada que derivó en la designación del expresidente de la UCR Misiones, Rodrigo De Arrechea como consejero de la Entidad Binacional de Yacyretá (EBY)
Con los renovadores, es una incógnita lo que harán, pero en los últimos dos años terminaron cuidando la relación con la Casa Rosada, como históricamente lo han hecho los diputados del oficialismo provincial. De todas formas, el costo político de favorecer un veto de Milei a la emergencia en discapacidad, será mucho mayor a los anteriores avales tácitos de Yamila Ruiz, Alberto Arrúa, Carlos Fernández y Daniel Vancsik a vetos presidenciales en 2024 –cuando los mencionados se abstuvieron, favoreciendo el blindaje a las medida de Milei contra jubilados y universidades públicas.
De acuerdo con El Diario Ar, la oposición trabaja desde hace más de 24 horas en un tetris de ausencias, votos afirmativos y abstenciones: un intrincado juego de seducción y presiones para con los aliados heridos del Gobierno y los gobernadores que amagan con independizarse para lograr poner contra las cuerdas a un Gobierno que pretende sostener la bandera del déficit cero, frente a una multitud de jubilados y familiares de personas con discapacidad, que reclaman respuestas en plena campaña electoral.
En Labor Parlamentaria puede que se modifique el orden del temario, pero en principio fue elaborado con la plena intención de mantener las presencias hasta el final. Según el portal Parlamentario, la sesión arrancaría con la votación del veto sobre la emergencia en discapacidad. Después seguirá el aumento a los jubilados, y a continuación, mecharán una de las leyes principales que se debatirán: el proyecto de los gobernadores sobre la distribución de los ATN.
En principio, las fuentes legislativas consultadas por este medio dieron por seguras las aprobaciones de los dos proyectos de los gobernadores. Y en cuanto a los vetos, fuentes gubernamentales admitieron esperanzas con sostener la anulación de la moratoria y el aumento a jubilados. Aunque admitían que “por ahora solo podemos salvar la prórroga de la moratoria”. Claro, lo primero que debe asegurar la oposición, es el quorum de la sesión.
Después del tratamiento de los proyectos de los gobernadores, se trataría el proyecto que busca destrabar la comisión investigadora por la criptoestafa $LIBRA. Ahí también la oposición tiene el número para imponerse y lograr que la comisión comience a operar luego de la maniobra del oficialismo y el PRO para dividir bloques y asegurar una representación de 14 oficialistas que defienden a Milei, en una comisión de 28 miembros.
Luego será el turno de un tema que no despierta mayores discrepancias, aunque el Gobierno no lo haya propuesto: el establecimiento como hora oficial en todo el país el huso horario de cuatro horas al oeste del Meridiano de Greenwich. Habrá un emplazamiento a las comisiones para apurar su tratamiento, a menos que se habilite sobre tablas.
Más tarde tratarán una modificación de la Ley 24.769, de Régimen Penal Tributario, modificando la actualización de montos por el delito de evasión tributaria. Este proyecto que tiene dictamen desde noviembre del año pasado, es del diputado Oscar Agost Carreño y fue reflotado cuando el Gobierno presentó un proyecto en el mismo sentido para respaldar la iniciativa impulsada para utilizar los “dólares bajo del colchón”. Hasta ahora, ni siquiera el bloque LLA activó el proyecto en las comisiones.
A continuación, segunda parte de los vetos. Primero, la emergencia en Bahía Blanca; después, la moratoria previsional. Y finalmente el último tema: el segundo de los proyectos de los gobernadores, referido a una modificación del reparto del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), que el Gobierno está reteniendo sin invertir en la refacción y mantenimiento de rutas nacionales –que es la asignación específica de ese canon.
Por supuesto, el oficialismo buscará empantanar la sesión con cuestiones de privilegio y apartamientos de reglamento, por supuesto. La crisis sanitaria por las 97 muertes por fentanilo adulterado, seguramente tendrá también su espacio en esta jornada que, de haber quórum antes de las 12.30, podría convertirse en un nuevo miércoles negro para la Casa Rosada.
