Luego de que el Gobierno nacional tomara la decisión de
suspender la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario, la
Universidad de Buenos Aires (UBA) comunicó que iniciará acciones judiciales
para que la administración nacional asigne de forma los recursos necesarios y
cumpla con su ejecución.
Pese a que el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley
27.795, en el mismo Decreto 759/2025 ordenó frenar su aplicación hasta tanto el
Congreso determine de dónde saldrán las partidas para su implementación,
amparándose en el artículo 5° de la Ley 24.629, que indica que toda norma que
autorice o disponga gastos "deberá prever en forma expresa el
financiamiento de los mismos".
La ley establece un esquema de financiamiento para las
universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no
docente. También contempla recursos para becas estudiantiles, tecnología,
investigación y formación académica, con la actualización de salarios según la
variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según estimaciones
oficiales, demandaría $1,07 billones en 2025 y más de $2 billones en 2026.
En este marco, el Consejo
Superior de la UBA resolvió avanzar con medidas para que se garantice “el
cumplimiento efectivo de la ley y la plena vigencia de los derechos
constitucionales que protegen la educación pública y la institucionalidad
democrática”.
De acuerdo a la resolución de la
UBA, el decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la
ejecución de la ley "altera el sistema republicano de frenos y contrapesos
establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la
voluntad soberana del Congreso de la Nación".
Además, consideran que implica
"la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos afectando al
sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento
necesario y a la recomposición salarial establecidos en la ya mencionada ley”.
En un comunicado, la UBA denunció
que el sistema universitario, y en particular dicha casa de estudios, enfrenta
"una crisis presupuestaria sin precedentes". "Las prórrogas del
Presupuesto 2023 quedaron rápidamente desfasadas frente a la inflación, y
durante el 2024 los salarios de los trabajadores docentes y no docentes de la
Universidad sufrieron una pérdida de su poder adquisitivo de más del 40%",
criticaron.
Durante el año 2025, la
recomposición salarial "ha sido mucho menor que la inflación oficial
medida por el INDEC", lo cual ha profundizado aún más dicha pérdida, según
señalan las autoridades de la prestigiosa universidad nacional.
En este marco, la ley aprobada
por el Congreso, sostenida por ambas cámaras ante el veto de Javier Milei,
tiene por objeto "garantizar la protección, el sostenimiento del
financiamiento de las Universidades Nacionales en todo el territorio de la República
Argentina y la recomposición salarial de los trabajadores y trabajadoras
docentes y no docentes", afirman, por lo que “su no aplicación arbitraria
solo sigue profundizando esta crisis”.
Además, la normativa prevé la
creación de fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y
actividades académicas, aspecto que también es crucial para el normal
funcionamiento de la UBA y del resto de las universidades nacionales.
Para finalizar, el Consejo
Superior, advirtió: “La no ejecución de esta Ley es un ataque directo a uno de
los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”.
Fuente: Ámbito
