A una semana de su sanción, el Senado comunicó formalmente
este jueves al Poder Ejecutivo las leyes 27.795, de Financiamiento
Universitario, y 27.796, de Emergencia Pediátrica, impulsadas por la oposición
y que el oficialismo rechaza, objetando su costo fiscal.
Al igual que sucedió con aprobaciones anteriores, y bajo el
argumento de que el Congreso busca "romper el equilibrio fiscal", se
espera que ambas normas sean vetadas por el presidente Javier Milei.
En el caso de la Emergencia Pediátrica, que incluye el
reconocimiento y garantía de funcionamiento del Hospital Garrahan, el jefe de
Gabinete, Guillermo Francos, durante su última presentación en la Cámara de
Diputados evitó confirmar de manera explícita si el Gobierno rechazará la ley,
indicó el portal Parlamentario.
Respecto a la norma que busca garantizar el presupuesto de
las universidades nacionales, con el foco centralmente puesto en la
recomposición salarial de docentes y no docentes, el tema cuenta con el
antecedente del año pasado, cuando Milei vetó una ley de similares
características.
A partir de la comunicación formal comenzaron a correr los
10 días hábiles que el presidente tiene para "observar" parcial o
totalmente las leyes. Ese plazo se cumplirá el próximo 11 de septiembre. Según
el artículo 80 de la Constitución Nacional, “se reputa aprobado por el Poder
Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de 10 días útiles”.
Asimismo, el artículo 83 establece que, en caso de desechar
el Ejecutivo una ley, ambas cámaras pueden insistir en la aprobación de ésta
con dos tercios de los votos.
Cuando se votó, la Ley de Emergencia Pediátrica alcanzó los
dos tercios de los votos de los presentes en ambas cámaras para su aprobación:
fue con 159 votos positivos, 67 negativos y 4 abstenciones en la Cámara de
Diputados el 6 de agosto; mientras que en la madrugada del 22 de agosto en el
Senado cosechó 62 votos a favor y 8 en contra.
En el caso de Financiamiento Universitario, a la norma le
faltó solo un voto para los dos tercios en la Cámara baja, donde tuvo media
sanción por 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones el 6 de agosto; en
tanto, en el Senado sí superó los dos tercios, siendo sancionada con 58 votos
afirmativos, 9 negativos y 3 abstenciones el 20 de agosto.
Un día antes de la sesión en el Senado en la que se
sancionaron ambas normas, en la Cámara de Diputados terminó de aprobarse una de
las leyes impulsadas por los gobernadores: la que establece la coparticipación
a las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional. Fue numerada como la
27.794, y tendría el mismo destino en manos del PEN.
En un contexto de derrota tras derrota para el oficialismo
sobre la agenda parlamentaria, y con un clima que se espesa por los escándalos
de presunta corrupción que impactan al Gobierno a raíz de la causa de los
audios del extitular de la Andis, los vetos seguirán llegando al Congreso en
plena campaña electoral.
Al haber tenido como cámara de origen a Diputados, será allí
por donde deberá comenzar el trámite en caso que el Gobierno decida vetar este
nuevo paquete de leyes.
Semanas atrás, el Ejecutivo nacional desechó las leyes sobre
jubilados y discapacidad. Cada una tuvo hasta ahora tres caminos distintos: la
oposición logró los dos tercios de los votos para sostener la Ley de Emergencia
en Discapacidad; mientras que La Libertad Avanza consiguió a sus "héroes"
para blindar el veto a la norma que establecía un 7,2% de incremento en las
jubilaciones y suba de 40 mil pesos del bono.
En tanto, el veto a la vuelta de la moratoria quedó sin
tratar, como también la emergencia para Bahía Blanca (que la Cámara alta ya
había rechazado).
En la primera semana de septiembre, la oposición del Senado
buscará ratificar la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793), donde
anteriormente fue sancionada por unanimidad. Una vez aprobada nuevamente la ley
por esas mayorías, el artículo 83 de la Constitución Nacional indica que el
Poder Ejecutivo debe promulgarla.
Fuente: AFP
