Este viernes 2 de enero, el Gobierno ultraderechista del presidente Javier Milei publicó en el Boletín Oficial, un decreto de necesidad y urgencia con el que reformula la Ley de Inteligencia (25.520) y suma cambios a esa área, otorgando mayores facultades al organismo que digita el asesor presidencial Santiago Caputo.
Entre esas nuevas facultades, se establece que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) queda como órgano principal del Sistema de Inteligencia Nacional, y en lo sucesivo se habilita a que la SIDE pueda “proceder a la aprehensión de personas” al tiempo que se declaran como “encubiertas” todas las actividades de inteligencia.
Según publicó el diario Perfil, en el DNU 941/25 se establece en el artículo 2 que “todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”.
Otro de los artículos que posiblemente derive en denuncias judiciales es el 19, que fija que “los órganos del Sistema Nacional de Inteligencia proporcionarán su propia seguridad y protección de las instalaciones, bienes, personal, operaciones e información, encontrándose habilitados a repeler y/o hacer cesar las agresiones que los pongan en riesgo. Lo podrán hacer en toda instalación, durante el desplazamiento, o en los lugares donde se desarrollen las actividades de inteligencia, ya sea en forma permanente, transitoria o circunstancial”.
Para ello agrega que, “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”.
Uno de los cambios impulsados por el DNU es que la Agencia de Seguridad pasará a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia. La Agencia Federal de Ciberseguridad será reemplazada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia y la División de Asuntos Internos pasa a denominarse Inspectoría General de Inteligencia.
Otro aspecto central es la separación entre las áreas de ciberinteligencia y ciberseguridad, que pasa a depender de la Jefatura de Gabinete, de Manuel Adorni, en obvio avance de la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei. El Centro Nacional de Ciberseguridad que funcionará en la Secretaria de Innovación dentro de la Jefatura de Gabinete, se ocupará de la protección de redes, sistemas y activos, mientras que la ciberinteligencia estará en la órbita de la SIDE y seguirá bajo el control de Santiago Caputo.
En el DNU se especifica que la Agencia de Seguridad Nacional “se reorienta exclusivamente a la contrainteligencia, evitando superposición con la Policía Federal y dejando la investigación criminal en manos de las fuerzas de seguridad”.
En ese contexto, se define a la contrainteligencia como la forma preventiva, a detectar y analizar: “espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia e influencia extranjera” con el fin de adaptar el marco normativo a “las nuevas formas de amenaza tecnológica, política y cognitiva”. Por supuesto, no se define que se entiende por “amenaza cognitiva” y en esa indefinición, el tópico puede emplearse para espiar, perseguir y hasta detener a opositores y/o disidentes.
La reforma por DNU habilita formalmente a que la inteligencia pueda solicitar apoyo técnico o logístico de Fuerzas Armadas, fuerzas federales y policías, “sin confundir funciones, para optimizar recursos y capacidades”. También elimina la Dirección Nacional de Inteligencia de Estratégica Militar y se establece que la producción de inteligencia estratégica militar queda a cargo del Estado Mayor Conjunto, cuyo comandante en jefe es el presidente de la Nación.
Fuentes del Gobierno señalaron que la reforma “moderniza, ordena y legitima el Sistema de Inteligencia Nacional: lo integra al Estado, lo separa de funciones policiales, lo adapta a amenazas contemporáneas y lo somete a mayores controles, con el objetivo de mejorar la capacidad estratégica del Poder Ejecutivo”.
Los voceros señalaron que los titulares de los órganos desconcentrados serán designados por el Secretario de Inteligencia, reforzando la conducción jerárquica y el control interno del sistema. Aclararon que “el sistema no cumple tareas policiales ni judiciales, sino que produce inteligencia estratégica para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo” y “brinda respaldo legal al personal, definiendo con precisión qué está permitido y qué está prohibido.
El 2 de diciembre de 2025 el presidente Javier Milei designó a Cristian Auguadra a cargo de la SIDE, tras la salida de Sergio Neiffert. Sin embargo, el organismo es comandado en los hechos por el “monotributista” asesor del Poder Ejecutivo Nacional Santiago Caputo, dado que el nuevo jefe de los espías, es un hombre de gran confianza en su círculo y de estrecha relación con su propio padre, Claudio Caputo.
Diversos referentes de la oposición, condenador en DNU 941/25 y hasta plantearon que debe ser rechazado en el Congreso, por los riesgos del uso de la estructura de la SIDE para perseguir y detener a opositores, como ocurre en las dictaduras como el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
El diputado nacional Esteban Paulón dijo que el “Congreso tiene la obligación moral y legal de rechazar este DNU”, que definió como “un duro golpe para nuestra democracia”. “La inteligencia debe servir para proteger a la Nación de amenazas externas, no para vigilar a los ciudadanos de a pie”, definió.
El diputado rosarino insistió en que el proyecto podría ser rechazado “después del décimo día por votación mayoritaria en ambas cámaras” y repudió: “La interna entre Karina [Milei] y Santiago Caputo es un riesgo para la seguridad nacional y pone en riesgo la autonomía e independencia de la Inteligencia nacional”.
“El DNU define como 'riesgos' a activistas, opositores y periodistas. Es una confesión de parte: quieren usar los recursos del Estado para perseguir a quienes pensamos distinto. El 'Estado Policial' en su máxima expresión"” agregó el legislador socialista en sus redes sociales.
Por su parte, el diputado peronista Jorge Taiana analizó: “Básicamente es una ampliación de las funciones y misiones de la inteligencia, dándole marco legal a lo ya hacen y a lo que quieren hacer. La consecuencia será un Estado policial que recortará varios derechos y perseguirá y controlará a opositores”, sostuvo.
El exministro de Defensa de la Nación denunció que el Gobierno busca “convertir a las FFAA en un auxiliar de las fuerzas de seguridad”. “Se avanza así en el objetivo de transformar las fuerzas armadas en una Guardia Nacional, como impulsan desde hace años desde el Comando Sur [de Estados Unidos]”, sentenció.
El DNU 941/25 deberá ser tratado en el Congreso por la Comisión Permanente de Tramite Legislativo, que tiene diez días hábiles para tratar el texto luego que el Gobierno lo envíe al Parlamento. Por su parte, el Gobierno debe comunicar el DNU en un plazo de 10 días hábiles, según lo establece la ley 26122.
