Anoche, la Cámara de Diputados de la Nación, sancionó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, que prevé el financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad; el fortalecimiento de los prestadores de la Ley 24.901, asegurando en forma expeditiva y simplificada el acceso a un régimen de emergencia de regularización de deudas tributarias, condonación de intereses, multas y demás sanciones, refinanciación de planes de pago vigentes y de las deudas emergentes de planes caducos.

Asimismo, el proyecto que obtuvo media sanción sin el apoyo de ningún diputado por Misiones –sólo estuvo la obereña puertista Florencia Klipauka, que votó con contra de la iniciativa– dispone una compensación arancelaria y la actualización del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral; el financiamiento adecuado y sostenible del funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad; la actualización de la asignación mensual estímulo de acuerdo al equivalente del porcentaje del salario mínimo, vital y móvil vigente y la apertura de nuevos ingresos al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad (Ley 26.816).

Al respecto de la iniciativa, la presidente de la red por los derechos de las personas con discapacidad Gabriela Troiano, dialogó con LT4 y Agencia Hoy, y consideró que “la situación de emergencia es clara y el resultado de la votación es muestra clara también de eso. Superó los dos tercios”, ponderó Troiano, apuntando a la posibilidad de poder “afrontar” la sanción de la iniciativa en el Senado y la intencionalidad del presidente ultraderechista Javier Milei, de vetar la ley.

Para Troiano, “la movilización de personas con discapacidad que se dio ayer en el marco de las plazas de los Dos Congresos, fue esencial, en este en este reclamo que es super legítimo”.

Consultada al respecto, la referente de la red por los derechos de las personas con discapacidad, sostuvo que están observando “con muchísima preocupación” la presente crisis, de la que se están ocupando. Desde la red por los derechos de las personas con discapacidad, “en el año 2017, fuimos quienes iniciaron un juicio ante la quita masiva de las pensiones no contributivas (PNC).”

En esta línea, Troiano recordó que existen muchas organizaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos, “trabajando en este sentido, generando las herramientas para que las personas con discapacidad que no tengan posibilidad de acceder a un abogado o a la justicia, tengan preparado una propuesta de amparo. Eso ya está realizado. También hemos iniciado acciones en el Comité de Naciones Unidas de Discapacidad.”

“En el día de ayer, Amalia Gamio, que es la vicepresidente del comité, exhortó a la aprobación de la ley sin violencia por parte de las autoridades de seguridad nacional, con lo cual para nosotros es muy importante. El pedido a Naciones Unidas de las pensiones no contributivas, es un llamado a que se investigue el proceso, justamente porque no se cumple lo que los abogados dan en llamar el debido proceso”, escribió Troiano sobre la quita masiva de las PNC instrumentada por el gobierno ultraderechista de Milei.

Para Troiano, “la falta de contestación a los recursos administrativos que se les han presentado, muestra la falta de voluntad política del gobierno hacia el sector de las personas con discapacidad.”

En tono crítico a las auditorías que está realizando el gobierno nacional sobre las pensiones para personas con discapacidad, “que no son las responsables”, de los manejos del gobierno anterior que encabezaron el ex presidente Alberto Fernández y la ex vicepresidente Cristina Kirchner, Troiano planteó que se está lesionando los derechos del colectivo. “Somos siempre las personas con discapacidad quienes nos tenemos que mover y trasladar 200, 500 kilómetros para demostrar que tenemos la discapacidad, cuando en realidad la auditoría se debería realizar hacia las juntas evaluadoras y hacia el mismo organismo interno del Estado”, fustigó la referente.

“Son todas estas situaciones de injusticia que hacen también que tenga tanto valor la aprobación de la ley. Recordemos la resolución donde nos trataban de imbéciles, de eficientes mentales”, sostuvo Troiano, apuntando contra las agresiones verbales del gobierno liberticida contra el sector. Se vuelca la responsabilidad “hacia la familia de las personas con discapacidad cuando está establecido que es una responsabilidad social, como la salud pública, la educación, la seguridad social- O sea, todas las personas con y sin discapacidad gozamos de esos derechos a través de nuestro trabajo”, puntualizó Troiano, insistiendo en que a nivel mundial, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 85% de las personas con discapacidad, “no acceden al trabajo”.

En ese contexto, la pensión no contributiva, “que es un monto ínfimo de 270.000 pesos, solamente el implica la posibilidad de la persona de tener seguridad social, acceso a la salud, acceso al transporte para educarse o para trasladarse al centro de salud”, dijo Troiano a este medio.

Según la referente, es muy importante “tener autonomía e independencia, porque también van creciendo las madres, los padres, la familia, y la persona con discapacidad, y si no tenés trabajo, no tenés forma de sustentarte. Entonces, el trabajo dignifica a todas las personas con y sin discapacidad. Por eso nosotros, hace ya más de 40 años que hay una ley de cupo laboral. Que no es cumplida, además, no solamente por el sector público”, cuestionó Troiano.

En esta línea, la directora puso de relieve la importancia de promover procesos de inclusión en el ámbito laboral y educativo, porque permite a las personas sin discapacidad, observar y convivir con el esfuerzo que hacen las personas afectadas por alguna discapacidad. “Lo que se puede ver o que lo que la sociedad ve como algo económicamente no rentable, las personas con discapacidad, se demuestran en los hechos que es una falacia. Una política pública hecha desde lo económico y sin ponerle la cabeza y el corazón, no sirve. Esto ya quedó demostrado en la aprobación en la media sanción de esta ley”, subrayó.

Aunque resta la aprobación en el Senado y que el presidente Milei no cumpla con su promesa de vetar la ley, Troiano se mostró optimista y confirmó cuáles son los grandes lineamientos de la norma. “Contempla la actualización de los montos a los prestadores, contempla la humanización en el trato que el gobierno nacional hace hacia las personas con discapacidad y contempla la revisión del proceso de auditoría conforme a un proceso (criterio) que no sea excluyente de las personas con discapacidad, que, acompaña y protege en el proceso a las personas con discapacidad”, detalló.

Cabe aclarar que, pese al importante apoyo que cosechó el proyecto en Diputados, si se convirtiera en ley y fuera vetado por Milei, la cámara baja tendría dificultades al momento de insistir con la sanción. Es que el proyecto cosechó, en su votación en general, 148 votos afirmativos, 71 negativos, 3 abstenciones y un diputado que quedó sin votar. Pero hubo 34 diputados ausentes, entre ellos, 6 misioneros, los cuales podrían sumarse al blindaje de un eventual veto.

La Casa Rosada, para proteger un veto de Milei, sólo necesita unos 85 votos –como ocurrió el año pasado con los vetos a la reforma previsional y la ley de financiamiento universitario– y entre los 71 negativos y los 34 ausentes, se superaría holgadamente esa cifra. Por caso, ninguno de los diputados por Misiones, en septiembre y octubre del 2024 votó en contra de los vetos de Milei. Es de esperar que los 7 misioneros acompañen los próximos vetos que firme el presidente ultraderechista. Aún en casos en los que se afectan los derechos de personas con discapacidad.