Este martes, la presidenta de la comisión investigadora por la crisis sanitaria del fentanilo, la santafesina Mónica Fein, encabezó la primera reunión en la Cámara de Diputados y habilitó la palabra de los familiares, que reclamaron una ley de trazabilidad del opioide sintético y exigieron a los legisladores que se determine la cadena de responsabilidades políticas por el caso.
La primera familia en dirigirse hacia los miembros de la comisión fue la de Daniel Oviedo, un hombre de 44 años que falleció en el Hospital Italiano de La Plata. Su madre, Roxana Altamirano, llevó un cartel con una foto suya y Gisel Oviedo, su hermana menor, leyó una carta en la que demandó al Congreso una norma que garantice la trazabilidad. De acuerdo con las familias, son 126 las víctimas por el fentanilo contaminado.
Según informó el portal LPO, la mujer sostuvo que el 3 de septiembre salió la disposición 6223/25 desde Anmat, para incorporar el fentanilo al sistema nacional de trazabilidad de medicamentos, otra vez. “Resulta para nosotros un parche a la luz de los hechos y no representa garantía alguna porque puede ser sustituida por otra, como ocurrió oportunamente con la disposición 1831/12, la cual determinaba que el fentanilo era trazable en toda su cadena de elaboración, distribución y entrega hasta la resolución 10564, en su artículo 11, anexo 1”, precisó Oviedo.
Esa decisión estatal se publicó en el Boletín Oficial el 23 de septiembre de 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, y enterró la resolución 1831, impulsada por Juan Manzur, mientras fue ministro de Salud del gobierno de Cristina Kirchner. Oviedo recordó que el titular de la Anmat en 2016, Carlos Chiale, admitió que emitió la disposición que quitó al fentanilo de la lista por “requerimientos del mercado”.
La joven explicó: “Nuestra demanda como familiares obedece también a someter a debate en los distintos bloques las cadenas de responsabilidades políticas frente a este fracaso regulatorio”. Y en ese sentido, señaló al presidente ultraderechista Javier Milei por sus “directivas delegadas claras y mediatizadas que apuntan a la desregulación del Estado”, y mencionó sus “ataques (para la reducción del) recurso humano y personal calificado”.
También responsabilizó al Ministro de Desregulación Federico Sturzenegger “a quien le crearon la cartera, quien acató y ejecutó las directivas sin el más mínimo conocimiento ni apoyatura técnica al respecto.”
Oviedo acusó al Jefe de Gabinete Guillermo Francos, por ser el “brazo ejecutor de las políticas del gobierno”, a los ministros Mario Lugones, “que salió llorando en la TV, diciendo que quería extirpar la parte de tecnologías de la ANMAT”, “en ese sector específico de la (Administración) es donde entran las máquinas alemanas dosificadoras de inyectables, ya que es una zona estéril y se opera con una máquina automática y un solo operario autorizado”.
La joven apuntó también a las responsabilidades de la ministra de seguridad Patricia Bullrich, por estar a cargo de “la dirección de drogas peligrosas, que juega un papel importante para evitar que este tipo de sustancias terapéuticas se desvíen al mercado negro”.
Además, incluyó entre los eslabones responsables la Procuraduría de Narcocriminalidad, la Procelac y la Dirección General de Aduanas. “Queremos sentar precedentes para garantizar que esto no vuelva a existir, porque fue un atentado, fue una masacre”, concluyó.
Luego intervino Daniel Oviedo, padre del muchacho fallecido. “Todavía no le conocemos la cara al ministro de Salud. Tuvimos que jugar al detective para ver si conseguíamos los teléfonos de los diputados para ver si nos podían escuchar”, dijo con la voz entrecortada por la angustia. “Estoy muy caliente, muy enojado. No puedo medir las palabras. Disculpen”, llegó a decir antes de quebrarse.
Más tarde hablaron también Mariano Rosetti, hijo de un hombre inyectado con ampollas adulteradas, y Luis Ayala, quien contó que es albañil de oficio. “Me tuve que bajar del andamio para venir a hablar por mi hijo”, expresó antes de desplegar un discurso lapidario contra el gobierno de Milei.
De acuerdo con el portal LPO, la comisión investigadora terminó conformándose después que la oposición emplazara a Nicolás Mayoraz para que abra Asuntos Constitucionales y se pueda dictaminar el proyecto de creación. Los impulsores de la investigación representaban a un arco tan amplio que iba desde Silvana Giudici por el PRO hasta Victoria Tolosa Paz por el peronismo, que hasta terminó cediendo sillas para que se conviertan en miembros las radicales Marcela Coli y Mariela Coletta y su par Christian Castillo, en representación de la izquierda.
Fein anunció, luego de escuchar los testimonios de las familias, que el próximo jueves recibiría a los integrantes de la comisión el juez Ernesto Kreplak, quien lleva adelante la causa judicial. Hasta el juzgado marcharía una delegación de 8 diputados, en representación de los 31 que pertenecen a la comisión.
Un momento de suma tensión se vivió en la comisión, cuando la mencionada Gisel Oviedo cruzó a la diputada bullrichista Giudici. “Con mucho respeto le voy a pedir públicamente a la diputada Giudici que borre la foto que retuiteó de la primera reunión que tuvimos con los familiares”, pidió la joven y acusó: “La señora de cara a las elecciones usó la foto de las familias y el dolor, y se fue a comer unas empanadas a Olivos”.
Oviedo insistió en que “borre las fotos que retuiteó” ya que ella no está “a favor de las ideas de la señora”. Y agregó que Giudici “culpó al kirchnerismo”, pero “el kirchnerismo fue quien ordenó la trazabilidad de los productos medicinales. Las fotos no se usan a favor de las campañas política. Le pido que borre mis fotos porque usted votó a la ley Bases. Yo no estoy a favor de la desregulación y la complicidad que ud. tuvo con el gobierno de turno”, fustigó la joven, quien recalcó que el Ministro Lugones debe estar en la próxima reunión y “darnos explicaciones a todos”.
Al momento de responder, Giudici dijo: “Lamento que se haya politizado hasta este punto la exposición de algunos de los familiares porque no era esa la intención”. Y señaló que, al momento de investigar, “nadie va a preguntar de qué partido es para buscar justicia ni para cumplir el rol que tenemos que cumplir”.
“Nadie puede explicarse cómo durante siete años, desde la inauguración y puesta en funciones del laboratorio HLB Pharma, o antes de eso, con el caso del laboratorio Apolo en Rosario, esta gente, delincuentes y asesinos, pueden estar funcionando impunemente en Argentina. Muchos van a tener que dar explicaciones. Pero no podemos circunscribir esto a 18 meses de un gobierno. Creo que hay una línea de complicidades y omisiones evidentes que serán explicadas en la justicia”, continuó la diputada liberticida.
Para la legisladora, la intención “es ponernos a disposición de las familias, de la sociedad, trabajar con absoluta ecuanimidad y dejar las banderías políticas fuera de esta comisión”.
Sin embargo, Oviedo tomó el guante y replicó: “Las banderías políticas las trajo usted cuando nos dijo que teníamos que recusar al juez porque la causa era kirchnerista. Ella politizó la causa. Nos están exponiendo con fotos y cosas que no son ciertas”, sentenció.
