Este lunes estalló un nuevo escándalo que involucra a la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, quien entregó a efectivos de fuerzas federales 160 viviendas que ya se habían adjudicado a familias de Avellaneda en el marco del Procrear, eliminado por el Gobierno del presidente ultraderechista Javier Milei a principios de junio.

De acuerdo con el portal LPO, los damnificados preparan una avalancha de demandas judiciales contra la medida de Bullrich y Milei.

Según el citado portal, los trabajos en estos departamentos del edificio Sagol se frenaron desde diciembre del 2023, a pesar de contar con un alto grado de avance. Frente a la parálisis, el intendente Jorge Ferraresi reclamó que Nación devuelva al municipio de Avellaneda ese predio que la comuna había cedido para esa obra en el marco del Procrear.

Sin dar respuesta al municipio ni a los adjudicatarios que reclamaban certezas sobre la situación de sus viviendas, el gobierno liberticida finalmente anunció que los departamentos se los entregaría a efectivos de fuerzas federales. En los últimos días, Bullrich apuró esa entrega en medio de las crecientes denuncias por falta de cobertura de la Superintendencia de Bienestar, la obra social de la Policía Federal, lo que viene instalando un clima de malestar en la fuerza.

La ministra encabezó el acto la semana pasada, mientras, afuera, numerosas familias protestaban por la maniobra que las dejaba sin casa propia. Tampoco dejaron entrar al acto al defensor de Pueblo de Avellaneda, Daniel García, que buscaba hacerle el reclamo en persona a Bullrich.

El defensor del Pueblo de Avellaneda detalló que en noviembre de 2023 se adjudicaron las viviendas en cuestión, con todas las condiciones dadas. En enero de 2024, ya con la gestión libertaria, el Banco le entregó las tarjetas a dos familias, pero poco después se paralizó el proceso repentinamente “por orden del Gobierno”, según García. “Es una estafa porque tendrían que haber sostenido la adjudicación pasada. Es gente que tuvo que salir a buscar otra vivienda, pensando que ya tenían una”, sostuvo el Defensor del Pueblo a LPO.

“Lo que pregunto es cuál fue el procedimiento para dárselas, si ya estaban adjudicadas. Por qué se las dieron a ellos y cómo las van a pagar. Pregunto eso último porque sé que se las dieron, sin pagar”, sostuvo García, quien añadió que tampoco es casual que esta maniobra se haya dado en Avellaneda. “Esto es político”, denunció.

García ya habría enviado los oficios judiciales correspondientes al Banco Hipotecario y a los ministerios de Seguridad y Economía. “Primero vamos a presentar los oficios. Si no hay respuesta, recomendaremos la acción judicial”, anticipó.

Por lo pronto, ya son más de 40 adjudicatarios damnificados los que decidieron avanzar con acciones judiciales. Eso, mientras ya 25 familias de efectivos policiales hicieron ocupación de las viviendas entregadas por Bullrich, en un edificio que administrado una autoridad policial.

Por otra parte, en las demandas contra la Superintendencia de Bienestar en juzgados federales de Mar del Plata, La Plata y San Martín, se acusa a la obra social policial de no cubrir los medicamentos que necesitan tomar pacientes con cáncer de mama y a varios con diversos tipos de discapacidad. En otro, se acusa la falta de tratamiento del hijo de un efectivo que padece de Trastorno General del Desarrollo.