Una durísima derrota parlamentaria sufrió el Poder Ejecutivo
este jueves en el Senado, con el rechazo al hilo de cinco decretos
desregulatorios, cuatro de ellos delegados y uno de necesidad y urgencia, que,
de esta manera, se cayeron.
Se trata de medidas detrás de las que estuvo el ministro de
Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y que se
tomaron en el marco de las facultades delegadas que le fueron otorgadas al
presidente Javier Milei a través de la Ley de Bases -y que vencieron en julio
pasado-.
Los decretos, que no fueron tratados en la Bicameral de
Trámite Legislativo, pasaron el filtro más complicado para la oposición, cuando
lograron que se rechacen en el recinto de Diputados. Pues se sabe que en la
Cámara alta el oficialismo cuenta con las de perder, por tener números más
complicados. Y, efectivamente, así sucedió este jueves, cuando para el rechazo
bastaba con el voto de la mayoría simple.
De esta manera, en lo que va de su gestión, el Congreso ya
le volteó seis decretos a Milei. El año pasado, por primera vez en la historia
el Parlamento rechazó un DNU, fue el 656/24, por el cual se le habían otorgado
cien mil millones de pesos a la SIDE.
El primer decreto en rechazarse fue el 462/25, el más
extenso con 80 artículos, publicado en el Boletín Oficial el pasado 8 de julio.
La votación resultó con 10 votos a favor, 60 en contra y 1 abstención.
Por medio de este decreto, el PEN había dispuesto la
disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis
Medicinal (ARICCAME), de Instituto Nacional de la Agricultura Familiar,
Campesina e Indígena y del Instituto Nacional de Semillas y la Comisión
Nacional de Semillas; al mismo tiempo que una "transformación" del
INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), el INTI (Instituto
Nacional de Tecnología Industrial), el INV (Instituto Nacional de
Vitivinicultura) y el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial).
El segundo decreto, el 345/25, publicado en el Boletín
Oficial el 22 de mayo, fue rechazado por 13 votos positivos, 57 en contra y 1
abstención. Mediante esta medida, se había ordenado la disolución del Instituto
Nacional del Teatro, sobre el que se cuestionó una "gestión deficiente en
la administración y control de los recursos públicos".
Asimismo, el decreto estableció la fusión del Instituto
Nacional Yrigoyeneano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas
Juan Manuel de Rosas en una única unidad organizativa para "optimizar la
administración".
Otros cambios tuvieron que ver con quitar autarquía o bajar
la jerarquía a instituciones emblemáticas como el Instituto Nacional
Sanmartiniano, el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón,
la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, y la
Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares.
Por 12 votos afirmativos, 58 negativos y 1 abstención,
también fue rechazado el decreto 351/25, oficializado el 23 de mayo pasado, por
el cual se dispuso la "transformación" del Banco Nacional de Datos
Genéticos (BNDG), un organismo clave para el esclarecimiento de delitos de lesa
humanidad y la restitución de identidad de hijos de desaparecidos.
"Resulta necesario proceder a su transformación en un
organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y
Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros, así como a la adecuación de
su organización, con el propósito de que responda a parámetros de eficiencia en
el marco del reordenamiento administrativo a cargo del Poder Ejecutivo
Nacional", se fundamentó.
En tanto, por 13 votos a favor, 55 en contra y 3
abstenciones fue rechazado el DNU 340/25, oficializado el 21 de mayo.
A través de esta medida se dispuso una profunda
desregulación del sector de la Marina Mercante Nacional, estableciendo un nuevo
régimen para la actividad. Sin embargo, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 3
declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3, "en cuanto impone
restricciones al derecho de huelga en numerosas actividades a las que considera
como servicios esenciales".
A su vez, desde los gremios del sector habían denunciado que
el DNU "implica una entrega de soberanía al habilitar banderas extranjeras
en el cabotaje nacional, destruye condiciones laborales, habilita la
competencia desleal sin convenios colectivos y pone en riesgo la seguridad en
la navegación".
El último decreto delegado en ser rechazado, por 10 votos
positivos, 60 negativos y 1 abstención, fue el 461/25, por el cual se
modificaron organismos de la Secretaría de Transporte.
En la medida, publicada en el Boletín Oficial el pasado 8 de
julio, se estableció la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV),
de la la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y de la Comisión Nacional
del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTySV); y una "reorganización" de
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de la Junta de
Seguridad en el Transporte.
Diez días después, la jueza en lo civil, comercial y contencioso administrativo federal de San Martín Martina Forns, suspendió el decreto, al hacer lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional Casa Central de la provincia de Buenos Aires (SEVINA).
Fuente: Parlamentario
